El año en el que despertaron nuestros demonios

«El puerto, al tener éste siempre unas características urbanas, ya que a diferencia de otras ciudades mediterráneas, es una ciudad de puerto y no una ciudad con puerto, el plan que en su día deberá ser aprobado por el Ayuntamiento habrá de integrar aquel urbanísticamente en la ciudad como una parte más de la misma, y por tanto no debe contener nada que desentone del conjunto de la ciudad y por consiguiente debe cumplir las características generales de la misma».

Estas palabras textuales fueron pronunciadas por el entonces alcalde socialista de Alicante, José Luis Lassaletta, en una conferencia que impartió el 27 de febrero de 1989 con el título «Alicante de cara al 2000», en el club de opinión «Encuentro», donde proyectó los ejes básicos de lo que sería esta ciudad para el próximo siglo.

Treinta y cinco años después, el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso del Ayuntamiento frente a la sentencia del TSJ que autorizó la concesión de la licencia para la instalación de macrodepósitos de hidrocarburos en terrenos portuarios, tras el deliberado silencio administrativo que durante años se ha mantenido desde el gobierno municipal. Treinta y cinco años de abandono, de dejación de funciones y de desidia del Ayuntamiento sobre uno de los ejes estructurales que definen la naturaleza de nuestra ciudad. Treinta y cinco años en los que una y otra vez ha reaparecido este problema pendiente sin que los responsables políticos que tienen competencias en ello se hayan sentado a solucionar, de una vez por todas, uno de los muchos temas pendientes que tiene esta ciudad abierta en canal desde hace décadas. Y de esos treinta y cinco, seis años ha estado al frente de la alcaldía Luis Barcala, a quien el TSJ inadmite su recurso y que ahora se abre a negociar con la empresa de los depósitos de combustible a cambio de una indemnización con nuestros recursos públicos.

También es cierto que de retrasos y tardanzas tiene esta ciudad un callo muy duro. Treinta y siete años sin la actualización de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), casi veinte con las obras pendientes para finalizar las escuálidas quince viviendas municipales en El Portón, quince sin ser capaces de terminar las obras del cuartel de la Policía local en la avenida locutor Vicente Hipólito, once con el plan de recuperación del yacimiento arqueológico Parque de las Naciones en el olvido, ocho con las instalaciones inactivas del Matadero abandonadas al deterioro, y así una larguísima lista de proyectos municipales convertidos en pura desidia en lo que es una de las señas de identidad de este Ayuntamiento. Sorprende cuando el alcalde Barcala pontifica sobre cómo será Alicante en 2050, mientras es incapaz de finalizar lo que tiene pendiente desde hace tantos lustros por toda la ciudad.

Pero para lo que siempre tiene tiempo nuestro alcalde es para apoyar a la extrema derecha de Vox en su cruzada negacionista y contra la convivencia, inaugurando chiringuitos dogmáticos fantasmas contra el aborto y los okupas que, como sabemos bien, son imposiciones ideológicas de sectores del autoritarismo posdemocrático a los que el PP está entregado de pies y manos. Mientras tanto, la crisis climática, ese gigantesco problema global que la extrema derecha niega y el PP silencia, avanzó sin pausa y habitó entre nosotros, sin trabajar para preparar mejor la ciudad ante una realidad que está movilizando a otras muchas capitales en todo el mundo ante una realidad incontestable de la que hemos tenido un dramático avance en la dana de Valencia.

También, veintisiete años después de que el entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, arrancara de la Universidad de Alicante los estudios de Medicina para llevarlos a la recién creada Universidad Miguel Hernández de Elche, el PP de Carlos Mazón que ahora manda en la Generalitat ha tratado de resucitar los fantasmas contra la UA. Para ello, intentó cuestionar la legalidad de esta titulación, recuperada en el año 2022 tras ser nuevamente autorizada por el anterior Gobierno de la Generalitat, presidido por Ximo Puig, tras una larga y ardua tramitación, apoyando en la práctica a la UMH en su recurso ante los tribunales en los que solicitaba la anulación de la titulación. Y junto al dañino conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo que ha tenido esta Comunidad, José Antonio Rovira, carente incluso del mínimo respeto institucional hacia las entidades valencianas bajo sus competencias, se embarcaron en una campaña de descrédito hacia la UA, arrojando mentiras y barbaridades para cuestionar todo el proceso legal que culminó con la recuperación de la titulación y hasta la propia docencia impartida.

Ha tenido que ser el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana quien, desestimando con razonamientos categóricos el recurso y las pretensiones de la UMH, al tiempo que realiza una importante crítica al Gobierno de la Generalitat, presidido por Mazón, por sus falsas consideraciones esgrimidas para apartarse del recurso en defensa de la legalidad del grado impartido por la UA, demuestre negro sobre blanco las actitudes irresponsables del rector de la UMH y del presidente de la Generalitat, junto a su conseller de Educación.

Una magnífica noticia para la UA y para su reelegida rectora, Amparo Navarro, por partida doble y con gran merecimiento. Con mayor motivo cuando además de tener que trabajar para defender la legalidad y la dignidad de la institución, tuvo también que competir con injerencias externas que apoyaron, de manera oscura, al candidato perdedor en las pasadas elecciones rectorales.

Esperemos que consigamos librarnos de los muchos demonios que han resurgido con fuerza.