Represión y olvido de las maestras de la República

La dictadura franquista supuso para muchas maestras alicantinas el exilio, la cárcel y la represión, que sufrieron a través de la depuración profesional con la que se castigó a quienes no respondían al modelo de mujer que se impuso tras la Guerra Civil. Este colectivo fue sancionado doblemente, reprimiéndose a las maestras en tanto que profesionales y en su condición de mujeres.

Las maestras de las escuelas públicas de la provincia de Alicante durante la II República (1931-1939) conforman un grupo heterogéneo, tanto considerando su formación docente (planes de estudios de 1914 y 1931) como si se atiende a su estado civil, edad, categoría laboral (propietarias o interinas) o ideología. Sin embargo, poseían rasgos comunes como su extracción social (generalmente eran de clase media), haber cursado materias específicas para mujeres durante su formación y su casi nula afiliación sindical y/o política durante el periodo anterior a la guerra. No obstante, a lo largo del conflicto aumentó su militancia y participación en sindicatos, partidos políticos, instituciones públicas y organizaciones sociales, compatibilizando esas tareas con el trabajo docente y con la atención de sus obligaciones familiares.

El final de la guerra desencadenó algunos procesos que les afectaron dramáticamente. Destacan dos especialmente: la involución hacia el modelo de mujer tradicional y la represión profesional por su condición de maestras. El nuevo régimen se propuso castigar a las mujeres que habían cuestionado el papel que tradicionalmente les había atribuido la sociedad. Ello conllevó que el colectivo de las maestras sufriese una doble represión por su condición de mujeres y como profesionales de la educación. Once de ellas acabaron en la cárcel, cumpliendo penas de prisión que oscilan desde los seis meses a los treinta años. Adicionalmente, todas, sin distinción, sufrieron la depuración profesional, que tuvo distintos baremos para hombres y mujeres. La depuración del Magisterio tenía como finalidad conformar un colectivo docente sumiso y acrítico con la ideología dominante. Se justificó aduciendo que durante laII Repúblicala profesión docente estuvo en manos inapropiadas, siendo necesaria la revisión de la instrucción pública para extirpar las falsas doctrinas arraigadas durante ese periodo (relativismo, laicismo, etc.). Este proceso afectó a todos los maestros y profesores de la enseñanza pública y privada (también la religiosa), desde la educación primaria hasta la universitaria, incluyendo a las Escuelas Normales.

El expediente de depuración comenzaba cuando la interesada solicitaba su reingreso a la escuela que regentaba al estallar la guerra. A tal efecto, cumplimentaba una instancia y una declaración jurada, acompañadas de avales. Esa documentación se presentaba ante la Comisión Depuradora Provincial, que requería información complementaria sobre la conducta moral, social y política de la maestra a diferentes instancias de la localidad donde trabajaba cuando se produjo la sublevación en 1936: Guardia Civil, párroco, Ayuntamiento, delegado de Falange, etc. Con esa información, la Comisión redactaba un pliego de cargos que se remitía a la interesada para que lo rebatiese en el plazo de diez días, redactando el pliego de descargos acompañado de los avales y la documentación que considerase pertinente. Completado el expediente, la Comisión elevaba al Ministerio de Educación Nacional una propuesta de sanción, que este confirmaba o rectificaba. Si se discrepaba de la resolución, podía recurrirse aportando nuevas pruebas. El proceso se extendía a lo largo de un periodo que oscilaba entre uno y dos años, aunque se dilataba si las acusaciones eran importantes. Esta represión profesional se alargó hasta marzo de 1969, cerrándose definitivamente los expedientes abiertos en 1973.

En síntesis, una cuarta parte de las maestras de la provincia debieron responder a las acusaciones que se formularon contra ellas basadas en aspectos políticos, sindicales, sociales, morales, religiosos y profesionales,haciéndoles un seguimiento profundo de su vida personal (amistades, parejas, ocupaciones...) del que se eximió a los hombres.

Fueron pocas las maestras que reconocían los hechos que se les imputaban, sirviéndoles de poco sus negaciones y prolijas explicaciones. La mayoría rebatían las acusaciones intentando demostrar su religiosidad, su apoliticismo o el riguroso cumplimiento de los roles de género institucionalmente aceptados.

Al ochenta por ciento de las ciento veintiséis maestras propietarias acusadas se le impuso sanciones que oscilan desde la inhabilitación hasta la separación temporal de la profesión, los traslados forzosos y la exclusión para el ejercicio de cargos directivos y de confianza. Por otro lado, la mitad de las maestras interinas depuradas fueron castigadas. En suma, las tasas de maestras sancionadas en la provincia están en consonancia con las que corresponden a los maestros y son ligeramente superiores a la media nacional.

Es profundamente injusta la desmemoria que aqueja a las maestras represaliadas de la República. Casi todas han sido olvidadas, incluso las que eran falangistas o de ideología manifiestamente conservadora. Tan es así, que ni siquiera existen escuelas cuyos nombres las recuerden.