La pesca en el Mediterráneo: garantizar un horizonte de futuro

El 11 de diciembre de 2024 se selló, por unanimidad en el Consejo de la Unión Europea, el Acuerdo sobre Oportunidades de Pesca para el Mediterráneo para 2025, de especial importancia para la Comunidad Valenciana y Alicante, sobre la base de una dura propuesta inicial de la Comisión que buscaba reducir de 130 a 27 la media de días de pesca por año, lo que en sí mismo suponía condenar al sector, prácticamente, al cierre de la actividad.

Al ejecutivo comunitario lo animan, con razón, serias consideraciones medioambientales sobre la base de la evidencia científica disponible, como la conservación y protección de la biodiversidad y del ecosistema marino y particularmente de su lecho, la reducción de emisiones de C02, la reducción de la mortalidad de los peces demersales, es decir los que habitan en el fondo del mar pero cerca del litoral y de la plataforma continental, como la merluza y la raya, y la preservación general de los «stocks» (en particular alevines de merluza y gamba roja).

En efecto, uno de los principales problemas es el de la pesca de arrastre. Mediante este sistema, empleado mayormente por grandes embarcaciones (los arrastreros) se extienden las redes por el fondo marino. El método es efectivo para lograr grandes capturas de especies comerciales, pero al mismo tiempo se lleva todo lo que encuentra a su paso al barrer el suelo marino, como especies no adultas, afectando a la capacidad de reproducción de las mismas, especies no deseadas, algunas en peligro de extinción, como tiburones, rayas, y tortugas, y destruyendo corales y praderas de posidonia. A grandes profundidades, la práctica es particularmente dañina, donde pueden tardarse décadas o incluso siglos en recuperar los organismos afectados. Además, al remover el lecho marino, se liberan sedimentos ricos en carbono añadiendo C02 a la atmósfera, lo que contribuye al problema del calentamiento del planeta. Según algunos estudios, la pesca de arrastre puede liberar hasta 370 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono al año.

Dicho todo esto, una reducción a capón de los días de pesca, de un año para otro, del 79 por ciento, no podía ser aceptado ni por los países afectados ni por el sector, el cual ya ha asumido la reducción en las capturas de un 40 por ciento en el quinquenio 2019-2024, y del que dependen muchos trabajadores y familias de toda la cuenca mediterránea, y también de nuestra tierra. Gracias a la extraordinaria capacidad negociadora del Ministro Luis Planas, persona de gran experiencia en asuntos comunitarios (fue eurodiputado ya en el año 1986) y responsable del ramo desde 2018, y en alianza con los gobiernos de Francia e Italia, se ha fraguado un compromiso mediante el cual se podrán faenar los mismos días que hasta ahora, siempre que se utilicen métodos de pesca más sostenibles.

Claramente, el acuerdo busca, con acierto, equilibrar las necesidades socioeconómicas y de empleo con las no menos importantes desde el punto de vista ecológico, como se ha descrito más arriba. Concretamente, se establece un abanico de doce medidas que armadores y pescadores pueden adoptar para poder faenar el total de 130 días por año, como la instalación de puertas voladoras en los barcos, lo que permite que la red de arrastre no llegue al fondo marino, el uso de artes de pesca alternativos, cambios en las mallas de las redes para reducir su copo y por tanto las capturas indiscriminadas, así como el recurso a vedas temporales (de entre cuatro y seis semanas) en determinadas zonas y profundidades, pero que no implica paralizar la actividad con carácter general.

Como en todos los acuerdos europeos, hay que equilibrar distintos intereses sectoriales y nacionales, y éste de la pesca en el Mediterráneo es un buen ejemplo. La visión general que inspira este acuerdo se puede resumir en pesca sí, pero más sostenible desde el punto de vista medioambiental, lo que la mayoría de la sociedad sin duda comparte. Pero esta reconversión del sector va a tener, sin duda, un alto coste financiero y económico, no solo por la adaptación a los nuevos métodos de pesca, sino también por una posible reducción de las capturas. No sería viable ni justo que armadores y pescadores asuman en exclusiva los costes de las inversiones necesarias, por lo que la propia Comisión Europea se ha apresurado a anunciar la posibilidad de recurrir a los fondos de la UE, incluyendo el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura, y también el Ministro Planas ha puesto a disposición financiación por parte del gobierno de España. Es hora de aunar esfuerzos entre todas las administraciones y con el sector para garantizar un futuro sostenible para la pesca alicantina, valenciana, y mediterránea.