20 años de la Ley contra la Violencia de Género

El 28 de diciembre de 2004 se publicó una ley clave para nuestro país y, sobre todo, para las mujeres: la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Desde la Coordinadora Feminista de Elche el pasado 28 de noviembre organizamos una mesa redonda de expertas para abordar cómo fue la puesta en marcha de esta ley, el desarrollo de la misma y qué mejoras se podrían llevar a cabo desde distintos puntos de vista.

Tuvimos la suerte de contar con Joaquina de la Peña Saavedra, magistrada de la Audiencia Provincial de Alicante; con Conchi Santos, letrada de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito en Elche; con Modesta Salazar, exjefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación de Gobierno en Alicante; y con Cándida Barroso, portavoz de la Coordinadora Feminista de Valencia, miembro de la CEDAW y del Fórum de Política Feminista. La Concejalía de Mujer de Elche también fue invitada, pero justificó su ausencia.

Ana Orantes y su trágica muerte en 1997 impulsó la Ley contra la Violencia de Género en España. Ana sacó la violencia de género de casa, del ámbito familiar, de lo privado, para llevarla a un plató, y contó su historia pensando que así la ayudarían. Su historia y su brutal asesinato la convirtieron en un símbolo de la lucha contra la violencia de género y, salvando las distancias, todas las mujeres hemos normalizado, en algún momento de nuestra vida, la violencia machista en esta sociedad patriarcal. Por eso y por más esta ley era necesaria.

La ley hizo avanzar a nuestro país en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, pero en las reflexiones de la mesa redonda se constató que, ante las nuevas formas de violencia, no está dando la respuesta necesaria. Nos referimos, por ejemplo, a la violencia económica ejercida por los maltratadores, pero también desde la Administración, a la violencia en las redes sociales y a la violencia vicaria, que asesina a los hijos e hijas para hacer el máximo daño posible a las mujeres.

La exposición de motivos de la ley habla de atender a las recomendaciones de los organismos internacionales de manera que se proporcione una respuesta global a esta lacra. Por ello, la ley contempla tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas, así como la respuesta punitiva que deben recibir todas las manifestaciones de violencia que esta ley regula.

Por parte de las ponentes se manifestó la falta del cumplimiento de los compromisos internacionales, la falta de formación de los profesionales de la judicatura, sanitarios, de los medios de comunicación y de los profesionales de la educación.

Es preocupante el escaso desarrollo de la ley en materia de educación, pues esta, la educación, es clave para avanzar hacia una sociedad libre de violencias machistas.

No podemos olvidar que vivimos en una sociedad patriarcal y, como tal, la justicia también lo es. Es inexplicable que se siga cuestionando la versión de las víctimas por parte de las instituciones, dando lugar a un maltrato doble, desde el momento en que deciden poner una denuncia. En esta mesa también se apuntó que las actuaciones judiciales que dejan a la víctima desprotegida, ya sea a la mujer o a los hijos, y que culminan en un asesinato machista, tienen que tener consecuencias. Por lo tanto, sería necesario regular procesos sancionadores a los juristas que incurran en esta desprotección.

Aunque haya avances importantes como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado a finales de 2017, seguiremos pendientes de que las medidas que se anuncien cuenten con presupuesto para hacerlas eficaces y sirvan realmente para proteger a las víctimas.

Y lo que es un rotundo fracaso como sociedad es que, después de tantos años de lucha, todavía 1 de cada 4, el 27,4% de los y las jóvenes, vea «normal» la violencia de género. A esto se suma los discursos negacionistas de la violencia de género por parte de representantes políticos. En el discurso de Felipe VI no escuchamos ninguna mención a las 46 mujeres asesinadas en 2024, ni a los nueve niños y niñas. ¿Es que no es un problema de Estado la pérdida, el asesinato, de mujeres y niños?

Las mujeres hemos encontrado y creado espacios donde sentirnos seguras a través del asociacionismo, de la red de mujeres, del feminismo y en las redes sociales, como la iniciativa de Cristina Fallarás que destapa y denuncia casos de agresiones sexuales a diario.

Ojalá no haga falta ver situaciones extremas como la de Ana Orantes o recientemente la de Gisèle Pélicot para tomar medidas de protección efectiva contra la violencia hacia las mujeres y para que, de una vez por todas, «la vergüenza cambie de bando».

Agradecemos desde la Coordinadora Feminista de Elche a las ponentes que nos acompañaron en esta mesa redonda.