El Rey y Rafael Altamira, con el estado de derecho

Cuando Donald Trump, en su recién estrenado segundo mandato, sanciona de nuevo a los miembros del Tribunal Penal Internacional, el Rey de España preside el lunes, 10 de febrero, el entierro de los restos mortales de Rafael Altamira Crevea, uno de los diez prestigiosos juristas que en 1921 redactaron el anteproyecto del Tribunal Permanente de Justicia Internacional. 

La presencia de S.M. Felipe VI en el cementerio del municipio alicantino de El Campello, a orillas del Mediterráneo, no solo es un reconocimiento a la talla intelectual de Altamira, Doctor honoris causa por ocho universidades europeas y americanas y dos veces propuesto al Nobel de la Paz, sino también una clara defensa del Estado de Derecho por parte de la Corona; defensa que coincide con los delirios autoritarios y expansionistas del 47º presidente de los Estados Unidos. 

El Rey, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Premio a la Paz y a la Libertad de la World Jurist Association 2018, fue la cuarta persona galardonada con esta preciada distinción que, a lo largo de sus cinco décadas de vida, solo habían recibido Nelson Mandela, René Cassin, redactor principal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y Winston Churchill. 

Tras la Primera Guerra Mundial, el pedagogo e historiador nacido en Alicante en 1866 fue elegido por el Consejo de la Sociedad de Naciones para participar en la Comisión de Juristas que diseñó la institución precursora de la Corte que actualmente, con sede en La Haya, sigue aportando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades causadas por la guerra en todo el mundo.

La orden ejecutiva firmada por el presidente Trump acusa al Tribunal de la capital neerlandesa de “acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos y nuestro aliado cercano Israel”. El pasado mes de noviembre el Tribunal Penal Internacional dictó el arresto del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra en la franja de Gaza.

El acto solemne de inhumación de Rafael Altamira y su mujer Pilar Redondo en el mausoleo campellero es el primero que preside don Felipe de un republicano represaliado por el franquismo. En noviembre de 1978, su padre el Rey Juan Carlos I protagonizó el abrazo al exilio español visitando a Dolores Rivas, viuda del último presidente de la II República, Manuel Azaña, en Ciudad de México.

En 1944, con la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, el catedrático alicantino se marchó a México donde falleció en 1951. Seis años después murió su esposa. Ambos estaban enterrados en el Cementerio español mexicano, pero su panteón se había deteriorado claramente y era hora de regresar del exilio “al rincón de sus amores más gratos: a Campello”, como el mismo describió el lugar de su infancia y vacaciones familiares, en un discurso que recogió el periódico local, El Día, el 8 de mayo de 1935. Ahora, sus descendientes ven con satisfacción que el nombre del ilustre alicantino logre el reconocimiento que merece al nivel de pensadores como Ortega y Gasset o Unamuno.  

Carmen de Burgos y Rafael Altamira

En las primeras décadas del siglo XX, la maestra, periodista y escritora Carmen de Burgos, defendió al hombre de paz y concordia. En 1913, la intelectual almeriense, tras viajar a Buenos Aires como conferenciante, tachó de “arrogante” el ámbito docente argentino por haber menospreciado los métodos pedagógicos de los catedráticos juristas, Rafael Altamira y Adolfo Posada, vinculados a la Institución Libre de Enseñanza. Los profesores habían viajado a Argentina dentro del programa de Extensión Universitaria, destinado a reanimar las relaciones con Hispanoamérica, tras la independencia de las antiguas provincias de ultramar. 

En 1924, Colombine, el seudónimo más popular de la autora pionera, y Altamira Crevea volvieron a coincidir en un proyecto ambicioso entre las dos orillas del Atlántico: la Compañía Iberoamericana de Publicaciones, fundada en Madrid, por reputados nombres entre los que estaba el del ilustre humanista. El alicantino universal desarrolló su labor de historiador al frente de uno de los proyectos de la CIP: la Colección de Documentos inéditos para la Historia de Hispanoamérica.

Colombine siempre lo admiró, por basar la democracia en el respeto a la ley. Ella también sufrió la dictadura de Franco, quien censuró toda su obra al terminar la Guerra Civil. No contento con eso, en los años cuarenta fue perseguida después de muerta por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. El efecto fue letal para la memoria, pues logró borrarla de la Historia. Solo fue recuperada en los setenta, gracias a la doctoranda neoyorkina, Elizabeth Starcevic.

La operación de regreso a casa de Altamira ha sido un ejemplo de colaboración entre las administraciones local, provincial y nacional; una muestra de voluntad de entendimiento entre el PP y el PSOE. En la Comunidad Valenciana fue primero el presidente socialista, Ximo Puig, y luego el popular Carlos Mazón quienes apoyaron la idea. A la búsqueda de la reconciliación como Rafael Altamira, la Corona y el espíritu de la Transición.