A vueltas con la Sanidad

España es -así lo proclama la Constitución- un Estado Social y Democrático de Derecho. Social, porque se persigue la procura existencial, es decir, que todo el mundo pueda vivir dignamente; Democrático, porque está basado en el principio «un hombre, un voto»; y de Derecho, porque la política está sometida al Derecho, o, en otras palabras, está sujeto al imperio de la ley.

El Estado Social se sostiene en tres pilares indiscutibles: la sanidad, la educación y el empleo, y sustancialmente en el primero se concentra el relato de hoy; si bien estos tres pilares se entienden de forma distinta según la ideología que profese cada uno.

Así las cosas, sucede que la izquierda, toda la izquierda, incluida la de Elche, quiere hacer suyos y solo suyos de forma exclusiva los avances en materia de sanidad, como si cuando ha gobernado la derecha dejaran de existir y ya no hubiera sanidad, o la sanidad fuera peor en esos momentos.

El asunto ha trascendido a lo local, a Elche, donde la oposición ha tomado cartas en el asunto para que no se le escape la oportunidad de aprovechar algo que considera que es solo suyo. Me refiero a las reacciones de la izquierda por el reciente anuncio del Gobierno valenciano de prórroga de la concesión a Ribera Salud del Hospital del Vinalopó, que no se han hecho esperar desde el PSOE, Compromís y el mundo sindical.

Entre otras declaraciones, hemos escuchado al portavoz municipal del PSOE afirmar que «si en las próximas autonómicas gobierna el Partido Socialista el Vinalopó será de gestión pública», a la vez que le pedía al alcalde que fuera «valiente», para que el hospital no quedara en manos privadas; como si el alcalde fuese responsable de los hospitales, que no lo es ni de lejos.

La realidad es que Elche cuenta con dos buenos hospitales, el General, conocido por todos y ubicado en las puertas de la pedanía de Alzabares, y el Hospital del Vinalopó, en el Sector V, al lado de El Corte Inglés; ambos igual de necesarios, según expresa la gente desde la calle. Y ambos reconocidos por su calidad, y premiados con importantes galardones nacionales e internacionales. Por cierto, ninguno de ellos creado por gobiernos socialistas: el primero inaugurado en 1978, y el segundo puesto en marcha por el Gobierno del Partido Popular en la Generalitat Valenciana.

Y es que el Sistema Nacional de Salud que hoy tenemos en España no fue puesto en marcha por el PSOE, sino que se ha ido implementando gradualmente y a lo largo de muchos años. La historia refleja que de 1855 data la primera Ley de Sanidad, sustituida en 1904 por la de Instrucción General de Sanidad, hasta 1934, en que otra ley, la Ley de Coordinación Sanitaria, acelera más todavía la intervención estatal en los servicios públicos sanitarios, creándose por primera vez el Ministerio de Sanidad en 1936, si bien duró tan sólo unos meses. Posteriormente, la competencia sanitaria pasó al Ministerio de la Gobernación hasta 1977, cuando en plena transición a la democracia se recuperó el Ministerio de Sanidad, y finalmente la Constitución de 1978 reconoció el derecho a la protección de la salud.

Los primeros hospitales de España fueron realidad en los inicios del siglo XX, como el Clínico de Barcelona. Otros nacieron en la dictadura o durante la transición a la democracia. Y, desde la transferencia a las comunidades autónomas de las competencias en materia sanitaria, el desarrollo de nuestro mapa sanitario público ha sido obra de los diversos gobiernos. No se trata de hacer una competición para ver quién ha hecho más, pero lo que sí es evidente es que el sistema sanitario público de que hoy gozamos en España, en la Comunitat Valenciana y en Elche, no es mérito del Partido Socialista.

Me sorprende, por otro lado, que esta izquierda no comprenda que la colaboración público-privada es una de las grandes virtudes de una sociedad democrática. La sanidad es un servicio público, porque la pagamos entre todos y porque es gratuita y accesible para todos; pero ese carácter público no exige que su gestión tenga que prestarse necesariamente desde el sector público, como sucede en tantos otros ámbitos, como la educación o los servicios sociales.

Pero, además, en este tema la izquierda demuestra su demagogia e hipocresía. Ahora reclaman -únicamente por razones ideológicas- la reversión del Hospital del Vinalopó, pero durante estos años no han sido pocas las ocasiones en que los alcaldes y concejales socialistas se han hecho fotos en el Hospital del Vinalopó, lo han elogiado y han elogiado a sus profesionales, como hizo la anterior concejala de Sanidad, Mariola Galiana, en un acto celebrado en octubre de 2019, en el que mostró su agradecimiento al Hospital del Vinalopó «por su admirable trabajo e implicación al servicio de la Sanidad ilicitana». Si es tan admirable, ¿por qué cambiar? Aparte de que, por cierto, la fórmula de gestión privada fue empleada en numerosas ocasiones por el propio Partido Socialista, durante los largos años en que gobernó la Junta de Andalucía.

No deja de sorprenderme tampoco que los políticos de izquierdas utilicen sin escrúpulos la sanidad privada, al igual que lo hacen con la educación, llevando a sus hijos a centros privados y concertados: Pablo Iglesias cursó COU en un centro concertado; el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en el Colegio de La Salle de Bilbao, también concertado; Salvador Illa, actual presidente de la Generalitat, en los Escolapios; y el propio Pedro Sánchez se licenció en Económicas en un centro privado de El Escorial, entre otros tantos.

Por todo ello, conviene abrir los ojos ante tanta hipocresía, porque, además, todos estos políticos de izquierdas, cuando la salud les afecta, buscan los mejores hospitales, ya no públicos de gestión privada como es el caso de nuestro Hospital del Vinalopó, sino los privados en estado puro, que solo ellos pueden pagar. Porque, claro, con la salud no se juega, y entonces lo privado se convierte en lo mejor, no para los demás ciudadanos pero sí para ellos. Por eso, por ejemplo, Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez, ante una afección respiratoria decidió ingresar en la prestigiosa clínica privada Ruber de Madrid, o Santos Cerdán, el fontanero del PSOE, acudía a la clínica privada de la Universidad de Navarra en Madrid.

Ante todo esto, creo que se puede obtener una conclusión: lo público sirve y lo privado también, y si van de la mano mejor, ¿no les parece? Hasta pronto.