Participación ciudadana a golpe de decreto

El Ayuntamiento de Alicante inicia el próximo lunes el proceso de participación ciudadana mediante consulta pública del llamado Plan General Estructural (PGE), uno de los documentos que integran el anteriormente conocido como Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente desde el año 1987 y en cuya revisión se lleva lustros trabajando. Como ha explicado la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, los vecinos podrán rellenar una serie de fichas sobre temas como las zonas verdes, la movilidad, el crecimiento de la ciudad y su desarrollo, los servicios municipales o las actuaciones de regeneración urbana. Esta campaña, bajo el lema «Alicante, un plan contigo», se complementará, a su vez, con talleres a los que serán invitados representantes institucionales, colegios profesionales y asociaciones vecinales.

El problema es que desde hace años, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto a su equipo de concejales, tanto en este mandato como en el anterior, vienen trabajando de manera activa para desmantelar, rechazar y despreciar todo atisbo de participación en la ciudad, anulando órganos de participación ciudadana básicos establecidos legalmente, rechazando e incluso menospreciando públicamente las opiniones, propuestas y aportaciones relevantes surgidas desde distintos sectores vecinales y sociales. Hasta el punto de actuar con un autoritarismo que va en sentido opuesto a la participación que ahora, de manera tan interesada como sesgada, reclaman para la revisión del Plan General.

No es exagerado afirmar que Alicante está atravesando un enorme retroceso en su participación ciudadana, seguramente el peor momento desde la restauración de los ayuntamientos democráticos, a pesar de que en la ciudad existen iniciativas de distinta naturaleza impulsadas por sus vecinos que trabajan esforzadamente desde distintos frentes por hacer una ciudad mejor, proponiendo mejoras y alternativas, a pesar de los obstáculos, trabas y dificultades que plantea el Ayuntamiento, institución que debería apoyar e impulsar la acción vecinal de manera prioritaria.

Es así como el alcalde Barcala ha decidido anular órganos de participación municipal legalmente constituidos, hasta el punto de haberse cargado a conciencia el Consejo Social de la ciudad, siendo como es un órgano clave en la organización municipal, dotado de reglamento orgánico en vigor aprobado por el Pleno que le asigna funciones y cometidos importantes. Así, en su artículo 15 se señala que se reunirá, al menos, dos veces al año, teniendo que recibir para su debate los presupuestos municipales, algo que ya el alcalde Barcala se negó a hacer en el año 2020 y desde entonces ni siquiera se ha dignado en reunirlo, como es legalmente preceptivo. De hecho, en la página web del Ayuntamiento, el último documento sobre este Consejo Social subido es del año 2020, casi cinco años sin actividad. Algo parecido sucede con otros consejos municipales inoperativos, en los que se ha maniobrado para nombrar representantes de la cuerda del partido gobernante rechazando a entidades con una larga trayectoria en la ciudad, o que no se reúnen desde hace años.

A todo ello se suma el rechazo municipal hacia numerosas peticiones vecinales y sociales que en la ciudad se hacen sobre temas decisivos en los que ha habido una amplio rechazo ante decisiones políticas adoptadas sin diálogo alguno por el equipo de gobierno municipal dirigido por Barcala. Recordemos el conflicto con la retirada de las melias, en la avenida de la Constitución, que fueron finalmente arrancadas con la oposición de los vecinos y llevadas para su muerte al parque Sergio Melgares, o el rechazo generalizado a la aprobación de la llamada «ordenanza de la vergüenza» por numerosas entidades sociales y religiosas en la ciudad y aprobada sin participación alguna por Luis Barcala, siendo posteriormente anulada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en sus artículos más dolosos, decisión que ha sido recurrida por la cabezonería de Barcala a pesar de la petición generalizada de que retirara esta cuestionada ordenanza.

Por no hablar de las numerosas decisiones que se toman habitualmente sin contar y ni siquiera informar a los vecinos, como ha sucedido recientemente con la pretendida reducción de rutas de los autobuses urbanos, que ha tenido que ser finalmente anulada, o las continuadas peticiones de mantenimiento, reparación, limpieza, cuidado y mejora que vienen haciendo vecinos en numerosos barrios desde hace años, sin obtener respuesta alguna. Una visión autoritaria del poder municipal en Alicante que casa, muy mal, con una participación ciudadana capaz de construir consensos y aunar esfuerzos para hacer avanzar la ciudad.

La participación local exige del reconocimiento y respeto hacia los ciudadanos, entidades y colectivos a través de un clima de diálogo y colaboración continuado en el tiempo mediante procesos francos y transparentes. En modo alguno se trata de utilizar una supuesta participación a medida para justificar o legitimar decisiones municipales. Participar no es únicamente recoger opiniones o someter a consulta, sino permitir la codecisión sobre modelos y opciones distintas mediante una escucha respetuosa, creando cauces para supervisar las decisiones acordadas y analizar los resultados posteriores.

Gracias a la participación se construye una ciudadanía activa, consciente y crítica, implicada en el desarrollo de la ciudad y en sus transformaciones futuras sobre la base de los derechos y las responsabilidades, pudiéndose conciliar intereses contrapuestos. Además, mejora los sentimientos de identidad urbana, impulsando procesos de cooperación ciudadana que mejoran la convivencia.

Queda mucho camino por recorrer en Alicante para que podamos hablar de una verdadera y saludable participación ciudadana.