Benidorm, rehén de la negligencia: Toni Pérez y un agujero de 330 millones

Benidorm está viviendo la que probablemente sea la mayor crisis institucional y económica de su historia. El pasado 2 de abril, el Tribunal Supremo confirmó con una sentencia firme y no recurrible que el Ayuntamiento debe pagar 330 millones de euros, a lo que se suman unos intereses diarios de 47.500 euros. Cada día que pasa, el agujero se agranda. Cada semana de inacción cuesta más de 330.000 euros. Cada mes de silencio equivale al presupuesto anual de muchos pueblos.

Y mientras esto ocurre, ¿qué hace el alcalde Toni Pérez? Nada. O peor aún: pide tranquilidad. En un acto de cinismo político que insulta la inteligencia de los benidormenses, Toni Pérez ha optado por la huida hacia adelante. No hay plan, no hay estrategia, no hay ni una pizca de responsabilidad asumida. Solo hay excusas, autobombo y la eterna sonrisa del que sabe que, pase lo que pase, su sueldo de más de 100.000 euros anuales como presidente de la Diputación está garantizado.

No hablamos de un error puntual, sino del resultado de años de abandono, de negligencia, de soberbia institucional. Porque esta sentencia no cae del cielo: su origen está en los convenios firmados durante el mandato de Vicente Pérez Devesa, un alcalde que, al menos, gobernaba con sentido de ciudad. Con diálogo, empatía y una visión a largo plazo. Una figura respetada dentro y fuera de su partido, cuyo ejemplo poco o nada ha servido a Toni Pérez.

Para mayor vergüenza, en lugar de asumir su responsabilidad, Toni Pérez ha optado por una salida miserable: culpar de todo al exalcalde socialista Agustín Navarro, fallecido hace dos años. Esa cobardía política, ese acto de deslealtad incluso con los muertos, lo retrata más que cualquier cifra.

Pero los despropósitos no acaban ahí. Mientras el Ayuntamiento asume una deuda millonaria, el contrato de recogida de basuras lleva más de siete años prorrogado. La maquinaria está obsoleta y en mal estado, y sin embargo, la empresa adjudicataria cobra más de 1,5 millones de euros adicionales solo por alquilar maquinaria para que el servicio no se colapse. ¿Y cuál es el coste total del contrato? Más de 15 millones de euros anuales. ¿La solución del gobierno local? Subir la tasa de basura un 70 % y el IBI un 30 % a los vecinos. Más impuestos, peores servicios, cero soluciones. Eso sí, muchas fotos y muchos discursos vacíos.

La ciudad se cae a pedazos mientras el gobierno municipal vive ajeno a la realidad. Faltan inversiones, sobran promesas. Se anuncian proyectos faraónicos mientras no se resuelve ni lo básico. ¿Dónde está el liderazgo? ¿Dónde está la rendición de cuentas?

Y por si fuera poco, Toni Pérez ha decidido volcarse en su carrera política personal, apostando claramente por el sector del Partido Popular que lideran Catalá y González Pons, en abierta confrontación con buena parte de sus compañeros de partido en la provincia de Alicante. Una operación de poder que le está generando un rechazo creciente incluso dentro de sus propias filas. La Diputación no es un trampolín personal. Benidorm no es un peldaño en una escalera. Es una ciudad que merece respeto y compromiso.

Hoy, Benidorm paga los platos rotos de una gestión que ha sido ineficaz, soberbia, irresponsable y cada vez más autoritaria. Pero la pregunta sigue sin respuesta: ¿quién va a dar la cara? ¿Quién va a asumir la responsabilidad política de esta catástrofe?

Porque si nadie asume nada, si todo sigue igual, entonces no es solo una crisis económica: es una crisis moral. Una decadencia institucional que afecta al alma misma de Benidorm.

Y eso, los ciudadanos no lo pueden permitir.

Como exconcejal de Hacienda de l’Alfàs del Pi, no escribo estas líneas con ánimo de confrontación ni para obtener rédito político. Nada más lejos de mi intención que alegrarme del mal ajeno. Lo que ocurre en Benidorm no afecta solo a sus vecinos: afecta a toda la Marina Baixa. Porque si a Benidorm le va mal, nos irá mal a todos. Y por eso, precisamente por eso, no podemos quedarnos callados.