La memoria requiere nombres

La tendencia de gobiernos conservadores, autonómicos y locales a edulcorar nuestra historia reciente a través del término «concordia» falsea la memoria democrática que solo es posible alumbrar desde la infamia y crueldad del régimen franquista contra quienes, leales a la legitimidad democrática republicana, no pudieron escapar a la represión del autoproclamado ejército de ocupación, golpista, con jurisdicción propia incluso después del llamado día de la victoria en abril de 1939.

Las víctimas de los procesos sumarísimos de urgencia (consejos de guerra) que, condenadas sin las más mínimas garantías de defensa en aquellos simulacros inquisitivos, fueron ejecutadas o sufrieron prisión, merecen respeto intelectual, no entelequias exculpatorias. Exigen que se conozcan los nombres de los responsables, de todos los autores mediatos con sus casacas de guerra y estrellas en gorra y hombreras y, también, de los que a pie de obra, en los juzgados militares, desplegaron la burocracia leguleya que conducía inexorablemente al paredón o la cárcel.

Pero no solo la política; la judicatura también ayuda a blanquear el horror de la historia. Recientemente, una jueza de primera instancia de Cádiz ha estimado parcialmente una demanda al honor de un peón de aquel aparato represivo, condenando al catedrático de literatura de la Universidad de Alicante, Juan Antonio Ríos Carratalá, investigador incansable y riguroso de la represión contra intelectuales, escritores y periodistas republicanos, (entre ellos, nuestro inmortal Miguel Hernández) a rectificar opiniones libremente expresadas, no injuriosas, e indemnizar al hijo de aquel. Todavía estamos esperando que la juzgadora nos aclare el fallo, transcurrido más de un mes desde su dictado.

La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, declara la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales penales o administrativos que, a partir del golpe de Estado de 1936, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos e ideológicos, condenas de carácter personal, así como la ilegitimidad y nulidad de sus resoluciones, reconociendo el derecho de las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, a la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de los motivos y circunstancias en que se cometieron las violaciones del Derecho Internacional Humanitario, de los derechos humanos, ocurridas con ocasión de la Guerra y de la Dictadura.

Asimismo, la Ley dispone que se tendrá en cuenta el papel esencial que desempeña el debate histórico para la formación de una conciencia histórica adecuada a la dignidad de los ciudadanos de una sociedad libre y democrática, y la contribución al mismo de las conclusiones que sean resultado de la aplicación, en la verificación e interpretación de los hechos, de los usos y métodos característicos de la ciencia historiográfica.

Siendo imprescindible, no es suficiente la ley para afianzar la verdad histórica ni el conocimiento y reparación de las víctimas. Antes bien, asistimos atónitos a la desobediencia institucional explícita, precisando por ello denunciar las prácticas falsarias de formaciones políticas negacionistas, como Vox, que, aprovechando la necesidad de sus votos en gobiernos liderados por el PP, levantan muros de impunidad que la alientan. Sirva como ejemplo la decisión del Consell, presidido por el ausente Mazón, apremiado por el pacto presupuestario de «El Ventorro», de trocar el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática en el puerto de Alicante, símbolo de la pérdida de las libertades democráticas a manos de los facciosos, en una meliflua «unidad de la concordia», falsificando la historia miserablemente.

La creación de las fiscalías especiales de Memoria Democrática es un paso en la buena dirección; esperemos que perduren y sean beligerantes con la infamia de quienes, contrariando la ley, pretenden engañar a nuestra juventud con pretendidas bondades de la sangrienta dictadura franquista.

Vuelvo al principio, resulta inexcusable conocer los nombres. Sin ellos la historia se convierte en un relato abstracto, sin rostro ni responsables, como si la barbarie fuese el resultado casual de la voluntad de dioses caprichosos jugando con los mortales en un macabro escenario de iniquidad.

Por más que se empeñe una resolución judicial, afortunadamente revocable, en infligir la censura retrospectiva a quien investiga gallardamente aquel periodo negro de nuestra historia, la búsqueda de la verdad y el anhelo de difundirla anida en el espíritu indomable de los historiadores, que no van a cejar en su deber de escrutar ese pasado tenebroso, desvelando los nombres de los verdugos. Todos los nombres.