Reformar la Justicia. Urgencia y sospecha

El ansia reformadora de la Justicia de este gobierno, si se tienen en cuenta los procesos que rodean a personas cercanas al mismo, al Fiscal General del Estado y, sobre todo, las graves acusaciones que dirige frente al Poder Judicial al que ya sin pudor califica como prevaricador, genera dudas y sospechas que no son gratuitas y que afectan a la valoración que se hace de cada norma que se pretende reformar o derogar. Es el ámbito de la Justicia el que mayor actividad reformadora registra, lo que no se compadece con la necesidad y urgencia a salvo las que rodean al PSOE y que explican casi todo.

Las reformas que este gobierno lleva a cabo con tanta premura no parecen ser o tener más explicación que el remedio a lo inevitable, que obvia la insoportable falta de medios, que no se afronta y ya explícitamente se sostiene que no existe y que debe sustituirse por eso que llaman eficiencia. Un criterio distinto al del crecimiento geométrico de la clase política a la cual no se exige tal eficiencia, ni eficacia, ni mérito alguno.

No preocupa la Justicia, sino reformarla para que no se repita ese malestar provocado por actuaciones judiciales que inciden en quien no entienden que la ley es igual para todos y que nunca vio defectos cuando esa misma ley se aplicó a otros, hasta el punto de que su génesis se basó en una sentencia de calidad discutible.

Este gobierno, que se sostiene en la confrontación y en la idea de las dos Españas, no asume que las reformas que se plantean, por su profundidad y afectación en muchos casos a las bases del modelo constitucional, no pueden ser fruto de una mayoría como la presente, sino que exigirían un pacto de Estado, como siempre ha sucedido con las grandes reformas en este marco. Imponer leyes procesales y orgánicas sin contar con el partido mayoritario de la oposición es arriesgarse a que la ley en el futuro se derogue con la misma parcialidad y prontitud con la que se dicta. Y en este caso sería bueno que se hiciera dada la escasa calidad de las propuestas que imitan a otras de latitudes no imitables.

Una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal o la propia Ley de Eficiencia procesal no pueden ser fruto de decisiones de una mayoría heterogénea y exigua, pues el Judicial es un Poder del Estado que, como sucedió con la Constitución, precisa de acuerdos basados en el consenso. Y debates públicos entre quienes trabajan en la Justicia. Exactamente lo que se hizo con la Ley de Enjuiciamiento Civil hace ya veinticinco años y que permanece dando excelentes frutos.

La suavización de la forma de acceso a la magistratura, suprimiendo de hecho la oposición o haciéndola más liviana, imponiendo menores exigencias cual sucede en todo lo que predica este progresismo de gente poco esforzada, no promete mejores jueces, sino, pudiera ser, jueces enseñados en una y sola doctrina y una forma de entender el derecho como sumisión a lo políticamente correcto. Sigo preguntando quiénes redactan esas leyes que, desde luego, no pasan por la Comisión General de Codificación desde la llegada de Sánchez que, por su independencia, no las asumiría. La institucionalidad no existe para quien solo existe un Poder.

Reformar la Fiscalía con un Fiscal General imputado y una fiscalía que, tenga o no razón, actúa como defensora del gobierno contra lo que siempre ha hecho, deslegitima cualquier modificación. Suprimir la acción popular dando el pleno poder a esa fiscalía en estos momentos impide un debate sobre su conveniencia, pues la sospecha lo impide o lo exige. Reducir controles de exigencia a los nuevos jueces en materia procesal, de la cual no se examinarán ya oralmente, cuando son procesales los argumentos defensivos de los múltiples afectados por procesos en curso, es indicio, además de ignorancia de los legisladores, de intenciones que fácilmente se descubren. El procesal les permitiría entender que la AP de Madrid no ha vetado investigar Air Europa y la conducta de Begoña Gómez, sino que solo considera que este hecho no es conexo con el investigado, ni acumulable en este procedimiento. Nada más. De ahí a que no haya nada y se investigue en otro proceso media un abismo.

El caso del hermano del presidente es otro ejemplo. Con todas las reservas que implica el conocer solo a través de la prensa, parece que existen indicios para abrir el juicio oral, al margen de que luego haya o no condena. Calificar esos indicios de meras conjeturas otorgando esa categoría a elementos objetivos y valorables, es un paso que requeriría un mayor razonamiento que los conceptos procesales, muy complejos en ciertos casos, no permiten en el marco de la práctica diaria y común. En cualquier otro asunto la fiscalía iría adelante.

En conclusión, un gobierno que ataca a la Justicia, que la menosprecia, que está en guerra abierta con ella, no puede reformarla desde el respeto a su independencia, pues ese carácter o garantía se lo niega por el mero hecho de verse sometido a la ley por quien tiene el deber de aplicarla, que no es el Ejecutivo. Esta urgencia ha de enmarcarse en un marco de intereses espurios y compararse con otras similares de países cercanos a la órbita del progresismo internacional que no se siente satisfecho con un Poder Judicial independiente. Lo que se haga será legal, por supuesto, pero ilegítimo porque no responde a los fines que establece la Constitución, sino a otros enfrentados derechamente con ella.

Sánchez y este PSOE están en una fase de descuento que es tan inevitable como la caída de Mazón en esta tierra. Los políticos no conocen sus limitaciones y se consideran más poderosos de lo que en realidad son.