Alicante, lugar de memoria democrática: un acto de justicia y un compromiso cívico

Alicante, ciudad abierta al Mediterráneo y testigo del final de la II República, merece ser reconocida oficialmente como «lugar de memoria democrática». Esta distinción no desmerece las legítimas aspiraciones de otros espacios que también reclaman ese reconocimiento, sino que honra la memoria de quienes encontraron aquí el fin de sus esperanzas y el principio de su dignidad.

La declaración de Alicante como lugar de memoria democrática constituye un acto de justicia, pero también de responsabilidad compartida y de pedagogía. Por eso, es esencial que cuente con el mayor respaldo posible, es decir, con un consenso social que trascienda ideologías y reivindicaciones particulares y partidistas.

Nadie cuestiona la relevancia de la ciudad en los últimos días de la Guerra Civil. El 28 de marzo de 1939, miles de republicanos se agolpaban en su puerto, esperando barcos que nunca llegaron. La ayuda internacional fracasó y los muelles se convirtieron en una encerrona para personas desesperadas, que acabaron cautivas en cines, solares y campos como el de Los Almendros o Albatera, transformados en improvisados centros de reclusión.

Alicante se convirtió en símbolo del sufrimiento y, a la vez, de la dignidad de quienes defendieron la legalidad democrática hasta el final. El puerto y los espacios vinculados a estos hechos conforman un patrimonio histórico y simbólico que, aunque con escasos vestigios materiales, guarda la memoria de miles de personas que lucharon y sufrieron por la libertad.

Este reconocimiento no puede desligarse de la labor de la Comisión Cívica, que en las tres últimas décadas ha trabajado con rigor, constancia y respeto para rescatar del olvido a las víctimas del franquismo y dignificar su memoria. Ha promovido investigaciones, organizado homenajes y fomentado actividades sociales, culturales y educativas. Gracias a su tesón, Alicante ha recuperado nombres, lugares y testimonios que la dictadura quiso eliminar para siempre.

Su empeño ha sido perennemente incluyente, de apertura al diálogo y al consenso. Nunca ha pretendido omitir la memoria de otros lugares ni imponer una visión excluyente. Al contrario, ha tendido puentes y ha insistido en la necesidad de reconocer el pasado común para construir un presente más justo y democrático. Por eso, la promoción de Alicante como lugar de memoria no debe interpretarse como una competición con otros espacios, sino como parte de un relato compartido.

España está sembrada de lugares que merecen el mismo respeto: fosas comunes, cementerios, cárceles, paredones, cunetas y rutas de exilio. Todos y cada uno conservan fragmentos del sufrimiento colectivo que deben preservarse. La memoria democrática no compite, sino que se entrelaza y suma. En este contexto, el puerto, el mercado y el cementerio de Alicante, convertidos en epítomes del drama republicano, ejemplifican las historias de represión y dignidad.

La memoria democrática solo puede construirse con un respaldo amplio. La Comisión Cívica siempre ha abogado por ese consenso, sin sectarismos ni revanchismos, entendiéndolo como una obligación moral y cívica. Su labor ha estado guiada por los principios de verdad, justicia, reparación y respeto a los derechos humanos. De ahí que la promoción de Alicante como lugar de memoria jamás se haya enfocado como un acto partidista, si no como un deber cívico que interpela a todos.

Este reconocimiento, además de un hecho de justicia histórica, es una oportunidad para educar en los valores de la democracia, la libertad y la convivencia. La memoria de las víctimas y su lucha por la legalidad republicana es un recurso pedagógico aprovechable en escuelas, institutos, universidades, espacios culturales y en la vida pública en general. Declarar Alicante como lugar de memoria permitirá desarrollar rutas y actividades culturales que fortalezcan la conciencia democrática de las generaciones futuras.

Alicante merece ser declarada lugar de memoria democrática no solo por los hechos históricos acaecidos en ella, sino por lo que simboliza: el último refugio de una República legítima, la puerta cerrada de un exilio frustrado, el símbolo del dolor y de la esperanza. Reconocerlo es sumar a un relato coral y necesario de lo que fuimos, y de lo que nunca debemos olvidar. Es, también, un homenaje a la ciudadanía alicantina, que ha sabido preservar ese pasado con respeto y compromiso, y un tributo a la Comisión Cívica, que ha defendido la dignidad de las víctimas con perseverancia y generosidad.

Si se aspira a que este reconocimiento sea auténtico y duradero, debe sustentarse en el mayor consenso posible. Porque la memoria democrática, como la propia democracia, se construye con diálogo, respeto y con la convicción de que todos, sin excepción, tenemos derecho a un pasado digno y a un futuro compartido.

Por historia, justicia, dignidad y esperanza, Alicante debe ser declarado lugar de memoria democrática. Porque recordar no es solo un derecho, es un deber que nos dignifica a todos.