La desaladora de Torrevieja: una apuesta estratégica que no puede esperar más

En plena batalla política por el agua en el sureste español, donde las posiciones se enrocan y los discursos se repiten, hay una verdad incómoda que todos conocen, pero pocos dicen abiertamente: el trasvase Tajo-Segura ya no es garantía suficiente para la seguridad hídrica de la provincia de Alicante. Y ante esa realidad, la desaladora de Torrevieja no es solo una infraestructura útil, es una inversión estratégica de primer orden. Apostar por su ampliación y modernización no es ideología, es responsabilidad.

Es evidente que la política del agua necesita realismo, no eslóganes. Cada vez que el trasvase se restringe o se paraliza —como ya ocurrió entre 2017 y 2018 sin que se trasvasara ni una sola gota— se activa una tormenta política. Pero lo que debería activarse es una respuesta técnica y de Estado. La planta de Torrevieja ya produce 80 hm³ al año, de los cuales 40 hm³ se destinan al abastecimiento urbano (incluido el sector turístico, vital para la economía alicantina) y otros 40 al regadío. Esa distribución no resuelve todos los problemas, pero al menos asegura un suministro constante que no depende de decisiones judiciales, reservas en cabecera ni enfrentamientos políticos territoriales.

Aumentar su capacidad a 120 hm³, como ya se ha proyectado por el gobierno de Pedro Sánchez, y acompañar esa ampliación con energía fotovoltaica es un paso lógico. Un paso que algunos prefieren obstaculizar con excusas, pero que cada año resulta más urgente. La desalación ya no es un lujo caro: con renovables, se puede ofrecer agua a precios comparables —o incluso inferiores— a los del trasvase, con mayor estabilidad y sin enfrentamientos entre regiones.

¿Dónde están los defensores de la soberanía hídrica? Algunos líderes autonómicos, como el Sr. Mazón, enarbolan la bandera de la “soberanía hídrica”, pero no completan los bombeos necesarios del Júcar-Vinalopó, ni activan la reutilización del Vertido 0. Mientras tanto, el Gobierno central impulsa y financia la ampliación de la desaladora de Torrevieja, incluso proyectando una nueva planta con 100 hm³ destinados exclusivamente al regadío. Esa es la diferencia entre el discurso político de enfrentamiento estéril y la acción de gobierno necesaria.

Si el objetivo real es garantizar el agua para los ciudadanos, los agricultores y la industria turística, entonces no se puede despreciar ni un solo hectómetro cúbico. Y la desalación es la única fuente que crece cuando más se necesita: en verano, cuando hay sequía y la demanda se dispara. Todo lo contrario, al trasvase, que justo entonces reduce su aportación.

Esta es una inversión para proteger empleo, las exportaciones y a la población. Cada hectómetro cúbico que produce Torrevieja significa más estabilidad para los 1,6 millones de personas que viven o veranean en la costa sur de Alicante, y más garantía para las más de 8.000 hectáreas de regadío que hoy dependen de esa agua. Ignorar esto es ignorar el empleo, la economía y la sostenibilidad de un modelo productivo que, con todas sus mejoras pendientes, sigue siendo esencial para el país.

Por eso, frente al ruido, es hora de exigir claridad: sí a las inversiones en desalación, sí a la planificación a largo plazo, sí a garantizar el agua con criterios técnicos. La política del agua necesita más responsabilidad y menos banderas. Torrevieja no es una solución improvisada: es una solución estratégica. Y quien se oponga a su refuerzo, que explique con qué alternativa piensa regar, beber y mantener viva una tierra que ha hecho del agua su motor y su batalla.

Miguel López Arenas es concejal portavoz del Grupo Socialista del Excmo. Ayuntamiento de Benejúzar