«Lawfare»

Son cada vez más numerosos los términos ingleses que se cuelan en la conversación pija propia y ajena. La lengua inglesa ha prosperado como lengua global, no sólo por ser la del imperio anglosajón a ambas riberas del Atlántico, y tolerante (a diferencia de los franceses) con cualquier pronunciación, sino también por la ambigüedad de muchos conceptos. Uno de ellos es el de lawfare.

En el escenario nacional, los partidos políticos y sus terminales se acusan un día sí y otro también de lawfare porque, dicen, acuden a los tribunales para dirimir contiendas políticas, siendo natural secuencia la politización de los jueces. Sin duda, eso es malo, pero no hay que confundirse. Judicializar la política es inevitable, incluso moralmente imperativo, cuando conduce al crimen. Las decisiones judiciales no son la fórmula magistral para acabar con conflictos complejos y multiformes; pero los órganos judiciales no pueden ni deben escapar de su propia responsabilidad cuando se denuncian crímenes que entran dentro de su competencia. Los jueces no se politizan, persiguen crímenes que se imputan a los políticos y los políticos no deberían denunciar el lawfare para transformar en impunidad su fuero privilegiado.

En el escenario internacional también se habla de lawfare. ¿Acaso es lawfare la demanda de África del Sur contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio en Gaza? Hay un lawfare bueno y un lawfare malo, como el colesterol. Usar el derecho de gentes para que los tribunales condenen a los Estados criminales es bueno. Abusar del derecho para, tribunales mediante, presionar inicuamente a los inocentes es malo.

El lawfare de África del Sur es bueno. Cualquier Estado parte en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio estaba legitimado para demandar a Israel. África del Sur, ante la inacción de quienes, próximos al Gobierno israelí, no han querido ejercer su influencia para detener sus acciones criminales, se decidió a hacerlo, probablemente porque, además de ser víctima reciente de una política de segregación racial (apartheid), aspira a ejercer un liderazgo del mundo en desarrollo, que puede sospechar que el llamado Occidente -de la OTAN a la Unión Europea- es cómplice de Israel, por acción, haciendo lo que no debe, y omisión de lo que debe.

Aún no se ha declarado judicialmente que Israel es un Estado genocida porque los procedimientos contenciosos se desarrollan con todas las garantías; pero la Corte ha aceptado su competencia y ordenado medidas provisionales sobre la base de que la denuncia de África del Sur es plausible, es decir, que la intención genocida de Israel no es descartable; antes al contrario, los indicios inculpatorios son cada día más consistentes, envolviendo perversamente los crímenes internacionales y las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que tienen al gobierno y fuerzas armadas de Israel como miserables protagonistas.

El 19 de julio del pasado año la misma Corte, dando respuesta a una cuestión planteada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el marco de su competencia consultiva, declaró que la presencia continuada de Israel en el territorio palestino era ilícita y debía terminar en el plazo más breve posible, evacuando a todos los colonos judíos. Estados y Organizaciones internacionales no debían reconocer dicha ocupación ni prestar ayuda para su mantenimiento. Actualmente, la Corte delibera sobre una nueva cuestión de la Asamblea General sobre la prohibición por Israel de las actividades humanitarias de la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA), y otros organismos, en Gaza y Cisjordania.

Los miembros de la OTAN y de la Unión Europea apostrofan al mundo sobre los derechos humanos tanto que, cuando se miran en el espejo de Gaza, se atragantan. Frente a un Estado como Israel, que compite por el liderazgo de los más contumaces infractores de las normas internacionales, extienden su manto protector. Israel, bastión de Occidente, asediado por un mar infestado de movimientos terroristas, debe ser sostenido al precio que sea, incluso el de la propia decencia, y hay, lamentablemente, quienes en la opinión pública acogen con fervor la deshumanización de las conciencias.

Cuando Ucrania demandó a Rusia ante la Corte, todos los miembros de la Unión Europea, salvo Hungría, solicitaron intervenir en el procedimiento como una especie de club de fans del demandante. Ahora, con la demanda de África del Sur, la inmensa mayoría se pone de perfil y a fecha de hoy sólo dos de veintisiete (España e Irlanda) han postulado su intervención.

No sólo eso. La mayoría de los miembros de la Unión Europea se ha sentido incómoda cuando ha debido votar los proyectos de resolución mediante los cuales se ha solicitado de la Corte un pronunciamiento sobre las políticas y prácticas de Israel en Gaza y Cisjordania. Si de ellos (y de la OTAN) hubiera dependido la cuestión no habría sido planteada: ocho votaron a favor, trece en contra y catorce se abstuvieron. Luego, sólo diez de los veintisiete miembros de la Unión participaron en el procedimiento.

España fue uno de los países que se abstuvo, pero luego se ha enmendado (sabiamente). No sólo intervino en el procedimiento, sino que, con Noruega e Irlanda, ha figurado entre los patrocinadores del sucesivo proyecto de resolución que ha requerido de la Corte su opinión sobre la política israelí de estrangular la ayuda humanitaria en Gaza a través de agencias de Naciones Unidas, que considera infestadas de (filo)terroristas. Este proyecto sí ha sido apoyado por la mayoría de miembros de la Unión; pero dos de ellos (Hungría y República Checa) votaron en contra y ocho se abstuvieron. Once han intervenido en el procedimiento.

La batería de sanciones sucesivas impuestas por la Unión Europea a Rusia por su agresión a Ucrania contrasta con la continuada aplicación del Acuerdo de Asociación con Israel, que no puede ser paliada con las medidas tomadas frente a algunos colonos judíos, especialmente indeseables. Donde no llegan los gobernantes, debe llegar la sociedad civil movilizando la vergüenza colectiva frente a conductas criminales de «uno de los nuestros».