Sobre el valenciano en Alicante

Mazón, sobre la contradicción del PP sobre el valenciano en Alicante: "No veo demasiada, de hecho no veo ninguna"

Hace años elegí como materia de mi ejercicio de oposición a la Titularidad universitaria el régimen jurídico del pluralismo lingüístico en España y en la CV. Aquello dio, en 1999, dos libros: “El pluralismo lingüístico en la Constitución Española” y “El régimen jurídico de las lenguas en la Comunidad Valenciana”. El primero podría reeditarse sin muchos cambios, salvo alguna insólita sentencia del TC. En el segundo habría que introducir más, por la reforma de l’Estatut y por la creación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Como es habitual en el mundo universitario –el Conseller Rovira puede atestiguarlo-, estos trabajos dieron lugar a artículos, participación en Congresos, etc., y a la interacción y seguimiento del trabajo de otros profesores y técnicos, como F. Isabel, J. Ochoa o V. Tasa. También fui invitado a integrarme en el Consejo Asesor del Congreso Internacional que aprobó una declaración universal de Derechos Lingüísticos y, episódicamente, ejercí de asesor del Gobierno. No lo digo por vanagloria, que sería más vana que gloriosa estando a las puertas de la jubilación, sino porque cuando se dedican años a una materia queda un poso de experiencia que puede ser útil. Otras cuestiones reclamaron mi atención y dejé las lenguas, que tienen su faceta jurídica como componentes de un bloque de preceptos constitucionales que establece el marco del Estado autonómico y refuerza el principio de respeto a la dignidad.

En 1983, los autores de la Llei d’Ús i Ensenyament (LUEV): la Llei d’Alacant –no recuerdo más leyes que tomen calificativo de una ciudad-, les Corts, digo, fueron inteligentes al entender que en materia lingüística sirve más un buen consenso que una victoria, seguramente efímera. Es prueba de su acierto que la ley perdure sin graves sobresaltos: el nivel de conflicto ha sido mínimo. Pese a la afición en algunos partidos y medios a magnificar los existentes y a ignorar las mediaciones jurídicas, centrarse en un voluntarismo ideológico o poner todo bajo el manto de una pretendida “libertad”. Libertad que, a tenor de la jurisprudencia, pocas veces se ha vulnerado, si pensamos en los centenares de miles de estudiantes, funcionarios, inmigrantes, etc. que podrían colisionar con los principios de la LUEV. Porque esa libertad jurídicamente establecida y protegida, es marco legal para evitar que afecte a la libertad de otros y a principios constitucionales o estatutarios y no una construcción ideológica abstracta.

El legislador se encontró con la realidad de una CV lingüísticamente dual y la necesidad de atender a dos criterios constitucionalmente razonables que requieren de integración normativa. Uno es la necesidad de garantizar a cada ciudadano el uso de la lengua de su elección como principio general, así como la educación “de” o “en” una de las dos lenguas. Ese derecho viene matizado porque la declaración del valenciano como “lengua propia” de la CV le otorga alguna preferencia. Ello es parte consustancial del fuerte valor cultural que tienen todas las lenguas españolas, e incluso otras modalidades lingüísticas, según la Constitución. Es difícil imaginar una acción de gobierno, sea del partido democrático que sea, que desatienda la recuperación del valenciano en el conjunto del territorio, con el fin último de entender y hacerse entender en las dos lenguas: eso no puede concebirse como una imposición. Hay otra razón: el art. 9º de la Constitución anima a los poderes públicos a remover los obstáculos que impidan que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas: los valencianoparlantes se han encontrado –y se encontraban más en el momento de redactar la LUEV- postergados: el impulso jurídico que recibían iba también impregnado de reconocimiento moral.

Pero la realidad dual de la CV hacía compleja la situación –no lo era, por ejemplo, en Catalunya o Galicia-. Ello se verificaba, esencialmente, en la clasificación de territorios –municipios- de “predominio” castellanoparlante o valencianoparlante, lo que tenía su importancia a efectos de ciertas excepciones o modulaciones en la enseñanza o conocimiento de la lengua propia; y, a la vez, tenía un carácter simbólico acusado. El legislador tenía dos posibilidades: usar un criterio sociológico u otro de base histórica. El sociológico tenías dos problemas. El primero es que no bastaba con una suerte de encuesta, pues los matices eran muchos; por ejemplo los derivados de la edad de los usuarios -casos en los que una masiva llegada de emigrantes debilitara derechos a valencianoparlantes mayores, incluyendo los que deseaban la plena escolarización en valenciano de sus hijos-. Por otra parte no estaba claro el criterio de la encuesta, si debía primar quienes deseaban que se reconociera el predominio de su población o quienes que, con independencia de su lengua, preferían que en el futuro la situación cambiara. Ejemplo de la dificultad de una encuesta de este tipo ha sido el reciente “referéndum” sobre la lengua escolar cuyos efectos prácticos esperamos con avidez: no reflejó un “estado” sino un fluctuante y complejo “deseo”. Y alentó conflictos intracomunitarios: no hay más libertad, hay más enfado.

La otra posibilidad era un criterio histórico. Es el que se eligió, sabiamente modulado. Podemos imaginar un pasado en el que la mayoría de poblaciones de la CV eran monolingües, con una mayoría total de valencianoparlantes –incluyendo grandes ciudades-. Pero ese es un pasado lejano: hoy en muchos municipios se hablan las dos lenguas. En unos casos los pobladores eran nativamente castellanoparlantes –zonas de repoblación aragonesa o Villena-; en otros se había dado un proceso de sustitución lingüística prácticamente completo, por razones políticas o bélicas –Orihuela-. Pero había otros casos en los que la historia nos remite a una población valencianoparlante en la que el valenciano aún estaba vivo –a veces muy vivo- aunque se hubiera reducido su uso por razones sociológicas –falta de enseñanza del valenciano, ausencia de medios de comunicación, cambios demográficos o económicos- hasta ser minoritaria y, además, “minorizada” por voluntad de gobiernos autoritarios. Si estas últimas ciudades se incluían en las de predominio castellanoparlante se producía un triple efecto: a) Se renunciaba a una rica historia y la ciudad se volvía incomprensible en sus raíces; b) se castigaba simbólicamente a los valencianoparlantes, que, pese a todo, eran numerosos, siquiera sea en algunos barrios y situaciones especialmente simbólicas e integradoras; c) se dificultaba la libertad de muchos de recuperar el valenciano o, al menos, de mantener el status quo. En nada, en cambio, se afectaba a la vida de los castellanoparlantes.

Esto, exactamente esto, es lo que quieren alterar PP y Vox, creando herida perdurable, innecesaria; un malestar que también muestran muchos catellanoparlantes. Es una jugada sin fundamento. Y no exenta de una cierta crueldad en su deseo de humillar a alumnos, padres, profesores, personas mayores… ¿A quién molesta que en un puesto del mercado, en una fiesta, en una escuela, en una plaza o en un palacio, se hable valenciano? Y no se refuerza la libertad. Esa libertad es la que tenemos sin mayores aprietos. Todos podremos poner un ejemplo en contrario, un fanático que crispa. Cuando yo explico esto en clase digo que esos casos aislados lo único que prueban es que en todas partes, partidos o creencias políticas o religiosas –para algunos su lengua es su religión, ¡sálvenos Dios!-, en todas partes, digo, hay unos cuantos imbéciles. Pero eso es una cosa y otra es hacer payasadas desde el pleno municipal, desde cualquier tribuna democrática, intentando poner de rodillas al oponente. ¿Qué libertad es esa? ¿Está contento el señor Barcala? El que yo conozco estoy seguro de que íntimamente no. (A punto de enviar estas líneas leo que, ante el barullo formado porque el PP ha votado contradictoriamente en la Diputación, Barcala justifica la resolución como fruto de una “mayoría representativa”, enorme hallazgo de la teoría política. No advierte que no se pone en duda el instrumento de su sumisión a Vox, sino el contenido de la resolución. Lo que ha dicho serviría para justificar cualquier idea o pretensión. Ya envalentonado, Barcala va por donde saben y critica la reacción “del entorno separatista-pancatalanista” y concluye, por supuesto, acusando a muchos ciudadanos discrepantes –“minoría representativa”, en todo caso- de promover sus ideas “mediante la violencia”. Estimado Alcalde, como comprenderás, me he dado por aludido y te aseguro que soy demasiado mayor para promover barricadas o lanzar pólvora, siquiera sea en la Plaza de Luceros con tu permiso. Creo que sabes que mi respeto activo a la Constitución y a las instituciones se dilata por décadas. No creo que te atrevas, frente al espejo, a decir lo mismo de tus señores de Vox).

Mazón ha dicho que pedirá un informe: ¿a quién? La Acadèmia Valenciana de la Llengua ya se ha pronunciado, como las Universidades. Aún va a ser que en el Ventorro Mazón estaba estudiando valenciano en la intimidad.