Un pato cojo

La política tiene su zoología y pocas imágenes resultan tan expresivas como la del pato cojo. Así se denomina a los presidentes que, en la recta final de su mandato, ven menguado su poder.

Los síntomas

La cojera, como toda dolencia, se reconoce en síntomas inequívocos. El primero y más evidente: la ruptura de la lealtad institucional. Los poderes del Estado se miran con desconfianza y, a veces, con abierta hostilidad.

El procés dejó huellas hondas en la cultura judicial: la normalización del «lawfare», con un presidente que llega a querellarse contra un juez instructor, mientras se señala a magistrados con el beneplácito del ministro del ramo.

La consecuencia es un malestar creciente de la judicatura, que interpreta estos gestos como ataques a la independencia judicial y a la separación de poderes.

La corrupción sigue presente como un fantasma que todo lo contamina.

Tampoco escapa a la crítica el Estado autonómico. Cada crisis grave desnuda su ineficacia; baste recordar los incendios veraniegos: ni los barones populares reclamaron la emergencia nacional ni el Ejecutivo la decretó motu proprio. El saldo: 350.000 hectáreas calcinadas.

Se añade la rebeldía de algunas autonomías, como demuestra el rechazo a la quita de la deuda, que consagra desigualdades territoriales difíciles de justificar.

En el Congreso, la cojera se traduce en fragilidad parlamentaria. La persistente falta de mayorías ha tenido efectos sísmicos: el presidente llegó a anunciar que gobernaría eludiendo al propio parlamento.

El deterioro alcanza también al exterior. España aparece como país bajo sospecha: lo muestran episodios recientes en la cumbre de la OTAN o en la aproximación a China, con Huawei como telón de fondo.

Las encuestas certifican un divorcio actual entre la mayoría sociológica y la parlamentaria, lo que alimenta la ansiedad electoral. Retratan un paisaje sin mayorías absolutas, con una derecha al alza y una izquierda castigada por liderazgos abrasados.

Y la calle late como un termómetro de agravios. En ella, ciudadanos descontentos acaban pagando, con sus impuestos, la rehabilitación política de un prófugo que atentó contra sus derechos y malversó recursos públicos, jamás mostró arrepentimiento y hoy mercadea siete votos.

Una apariencia impertinente

Con este trasfondo, el presidente eligió la televisión pública para escenificar una entrevista pretendidamente incisiva. En realidad, fue un acto de respaldo a una cadena sostenida por los contribuyentes y manejada como arma partidista.

Tras un año de alergia a la prensa, tuvo el cuajo de asegurar que era un placer responder a todas las preguntas. El envoltorio le sirvió de trampolín para presentarse como un político que nunca insulta y acusar a la oposición de polarizar el país. Aunque en un debate llamó «indecente» a M. Rajoy… quizá quiso decir «excelente» y fue malinterpretado.

Aseguró que convocar elecciones sería «hacer perder el tiempo a los españoles» y que los presupuestos «son una herramienta y no un fin».

Sorteó la corrupción con un brochazo: «acabó con la moción de censura». Y sobre los casos que rozan a su entorno, se limitó a alegar que «no tenía ninguna información objetiva».

Con retórica mesiánica, llegó a mostrarse satisfecho de su aislamiento internacional.

La almendra de la entrevista

El núcleo duro, sin embargo, fue la crítica a los jueces. Los acusó poco menos que de prevaricar por no actuar en su favor, por no desestimar las sospechas que afectan a él, a su familia o a su partido.

Señaló directamente a los instructores de los casos que involucran a su esposa y a su hermano, convertidos –según él– en víctimas de persecución judicial «por el mero hecho de ser familiares».

El epílogo, sin desperdicio: «Hay jueces haciendo política y hay políticos tratando de hacer justicia». Aunque matizó –«la inmensa mayoría de magistrados hacen bien su trabajo, pero algunos no»–, el daño a la institución ya estaba hecho.

Defendió sin titubeos la inocencia del fiscal general del Estado. Lo proclamó «inocente», por decreto, al tiempo que afirmaba estar siempre «con los fiscales y jueces que luchan contra la corrupción».

En paralelo, esgrimió «falta de consistencia probatoria», cuestionó la disparidad de criterios del alto tribunal y se escudó en un voto particular. No mencionó, claro, la destrucción de pruebas incriminatorias por quien nunca se distinguió por su colaboración con la justicia, pese a ser el responsable último de la defensa de la legalidad.

La entrevistadora puso la guinda presentando al presidente –con aire desdichado– como «víctima de una campaña de deshumanización brutal». Una fiscalización incisiva del poder, sin duda, en la televisión pública. n