La democratización de la IA

La democratización de la Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en apenas tres años en uno de los grandes retos del siglo XXI. Esta transformación tecnológica de la sociedad implica un imperativo que trasciende la mera disponibilidad instrumental: garantizar que todas las personas puedan usar la IA de forma ética, crítica y constructiva.

El uso de la Inteligencia Artificial ha alcanzado una notable penetración global, llegando al 75 % entre los consumidores, según el AI Index Report 2025 de Stanford. Sin embargo, esta adopción masiva convive con una abismal brecha entre regiones y según el poder adquisitivo. La ONU y la OMC (Organización Mundial del Comercio) han alertado que la desigualdad en el acceso y la formación puede impactar hasta en un 12 % en el crecimiento económico de los países en vías de desarrollo.

En España, los datos confirman esta segregación en el ecosistema productivo. El informe Indicadores de uso de inteligencia artificial en España 2024 elaborado por ONTSI (Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información) cifra en 11,4 % las empresas de más de 10 empleados que integran tecnologías de IA, mientras que el uso se dispara al 45,3 % en el caso de las grandes empresas. Esta distancia entre grandes y pequeñas empresas se amplía, y la brecha digital rural-urbana se ha incrementado, una dinámica que ya se observó con la aparición de Internet en los años 90.

A nivel ciudadano, si bien casi la mitad de la población adulta ya utiliza las IA generativas, el uso crítico y reflexivo choca con la falta de capacitación en el ámbito educativo: solo un 21 % del profesorado se ha formado al respecto.

Además de estas barreras geográficas y de conocimiento, la desigualdad se agrava por el coste de las herramientas. Las versiones avanzadas y propietarias pueden partir de los 20 euros y alcanzar hasta los 200 euros al mes. En este contexto, la dependencia de modelos privativos y costosos se mitiga con la existencia de opciones abiertas y eficientes. Un ejemplo es la IA china DeepSeek, la única 100 % gratis que ofrece una eficiencia computacional similar a las inteligencias artificiales de pago. El acceso igualitario solo se produce si existen opciones potentes y auditables, más allá de las grandes tecnológicas.

Para avanzar en democratización de la IA los gobiernos deben facilitar el acceso a las herramientas con subvenciones y programas destinados a las empresas y población más vulnerables. De hecho, este año las pymes ya pueden solicitar una ayuda de hasta 25.000 € para desarrollar proyectos de inteligencia artificial gracias a los fondos europeos Next Generation y que gestiona la entidad pública Red.es.

También se deben diseñar y exigir marcos legales democráticos, con auditorías, transparencia y control social. La Comisión Europea creó en marzo de 2024 la Oficina Europea de Inteligencia Artificial y en agosto de ese año aprobó el marco legal para la IA, que todos los países deberán tener implementado en 2026. El Gobierno de España aprobó el Anteproyecto de Ley para el Buen Uso y la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, con el objetivo de adaptar la legislación nacional al nuevo marco europeo. Esta propuesta normativa refuerza las disposiciones del reglamento comunitario y establece medidas específicas en el contexto español, como un régimen sancionador propio, la designación de autoridades competentes y la regulación de prácticas como el etiquetado obligatorio de contenidos generados por IA o la prohibición de técnicas manipuladoras.

Por otro lado, desde los centros educativos debemos potenciar la formación crítica y el uso reflexivo, no solo la adopción instrumental de la IA pero por desgracia la oferta de formación para el profesorado es mínima.

La democratización de la IA será una realidad solo si la ciudadanía adquiere el poder de entender, usar y controlar las herramientas que marcarán el futuro, sean gratuitas o de pago, pero sin renunciar nunca al pensamiento crítico y la ética.

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