Opinión | Tribuna
Sandra no saltó sola

Homenaje a la joven en el lugar del fallecimiento. / Rocío Ruz / Europa Press
El fracaso colectivo del acoso escolar se llamaba Sandra. Tenía 14 años. La semana pasada, en Sevilla, decidió que no podía más. Decidió que el dolor, el miedo y el aislamiento eran demasiado pesados para seguir cargándolos sola. Sandra no es una estadística más; es el rostro de un fracaso que nos interpela a todos. Su suicidio, presuntamente vinculado a un acoso escolar implacable, no es un suceso aislado, es el síntoma de una sociedad que mira hacia otro lado.
Y mientras la comunidad educativa llora esta pérdida, la indignación se multiplica al escuchar, en un plató de televisión, al humorista Miguel Lago insinuar que la culpa es de los profesores: "Pasan más tiempo con vosotros [profesores] que con nosotros, y luego saltan por el balcón…".
Como docente y padre, he sentido esas palabras como una bofetada. Son profundamente injustas porque, señor Lago, quienes estamos en el aula somos, en la mayoría de los casos, la primera y, a veces, la única línea de detección.
La realidad de las trincheras: detectar no es poder curar
En la escuela detectamos. Vemos la mirada vacía, el pupitre que se queda aislado en el recreo, el cambio brusco en el rendimiento o ese dibujo inquietante en la esquina de un cuaderno. Gestionamos aulas con más de veinticinco alumnos, donde conviven TDAH, trastornos del espectro autista, ansiedad y depresiones diagnosticadas (y las que no lo están).
Pero cuando un docente da la voz de alarma y activa los protocolos, choca contra un muro. Un muro construido con burocracia, falta de recursos y un sistema sanitario colapsado.
Hablemos con datos contundentes. En la Comunitat Valenciana, la ratio de orientadores (la figura más cercana a un psicólogo en el centro) es, en muchos casos, de un profesional por cada 800 o 1.000 alumnos. La UNESCO y la Unión Europea recomiendan uno por cada 250. Es materialmente imposible realizar una intervención emocional efectiva con estas cifras.
Y si el caso es grave y requiere intervención sanitaria, el muro es aún más alto. Derivamos al alumno a su centro de salud para que lo vea la USMIA (Unidad de Salud Mental Infantil y Adolescente). ¿El resultado? Según denuncian las propias asociaciones de pacientes y el Síndic de Greuges, la lista de espera para una primera cita puede ser de tres a seis meses.
¿Qué hacemos con Sandra durante esos seis meses? ¿Qué le decimos a un adolescente con ideación suicida? Que espere. Mientras espera, somos los profesores quienes sostenemos emocionalmente su día a día en el aula, sin herramientas clínicas y desde la más absoluta impotencia.

Adolescentes con sus móviles. / INFORMACIÓN
El acoso 24/7: la complicidad de los móviles
El caso de Sandra, como tantos otros, evidencia que el acoso ya no se queda en la puerta del instituto. El infierno continúa en casa, a través de una pantalla. El acoso escolar se ha vuelto híbrido; el insulto en el pasillo se convierte en un grupo de WhatsApp creado para excluir, en un rumor en Instagram o en un vídeo humillante en TikTok.
Y aquí debemos hacer una llamada de atención directa y contundente a los padres de los acosadores. La neutralidad no existe. Dar un smartphone a un menor sin supervisión, sin control parental y sin una revisión periódica de su actividad no es "darle espacio", es una negligencia. Revisar el móvil de un hijo menor de edad no es violar su intimidad; es ejercer la patria potestad y es una obligación moral para prevenir que ese dispositivo se convierta en un arma.
Ese mensaje de odio, esa foto robada, esa exclusión digital... todo eso ocurre bajo su techo. El silencio de los padres del acosador es complicidad.
Necesitamos recursos, no culpables
Para evitar más "casos Sandra" no necesitamos tertulianos que busquen culpables, necesitamos responsabilidades compartidas y recursos reales.
1. Recursos Humanos: es urgente bajar las ratios en las aulas e incorporar la figura del psicólogo clínico de forma estable en los centros educativos, no solo orientadores desbordados por la burocracia .
2. Sanidad Pública: exigimos un plan de choque real para las USMIA. Un adolescente en riesgo no puede esperar seis meses por una terapia.
3. Formación: necesitamos formación específica y obligatoria para docentes en detección temprana y primeros auxilios emocionales. Y necesitamos "Escuelas de Familias" que formen a los padres en acompañamiento emocional y en los riesgos del mundo digital. Muchas familias, como he visto en mi experiencia, minimizan las señales (cortes, aislamiento) por miedo al "qué dirán".
Sandra no saltó sola. La empujó la crueldad de sus acosadores, la posible inacción de quienes miraron para otro lado, la lentitud de un sistema sanitario que no la atendió a tiempo y la falta de recursos de una escuela que no pudo salvarla.
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