La sociedad en peligro

El reciente escándalo del tratamiento de cáncer en la Junta de Andalucía por el cual miles de mujeres han quedado expuestas a desarrollar esta enfermedad por culpa de la inacción e incompetencia de los responsables en materia sanitaria se une a otros recientes graves casos de incompetencia en administraciones gobernadas por el Partido Popular que han situado a miles de españoles en grave riesgo para su salud y bienestar cuando no en riesgo de muerte.

La gran riada del 24 en la Comunidad Valenciana, las muertes que se produjeron en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid, el desastre de los incendios del verano pasado en varias comunidades autónomas gobernadas por el PP, así como, repito, el caso de las mamografías de Andalucía, parecen haber creado un mapa de peligrosidad para la ciudadanía según la región española donde viva.

Consecuencias de la DANA en Valencia: "Está todo destrozado"

Lo primero que hay que dejar claro es que los servicios públicos en España no son perfectos y todos adolecen de problemas. Los del Estado y los de las comunidades autónomas con independencia del partido que gobierne. La diferencia, por tanto, no es que la gestión pueda ser más o menos afortunada sino, sobre todo, el lugar desde donde se parte y las políticas que se desarrollen.

En el caso de la sanidad en Andalucía el principio del desastre comenzó cuando Juanma Moreno terminó en el año 2020 con el modelo de subasta como medio de seleccionar medicamentos para que se pudiesen dispensar por el menor coste posible por parte del Servicio Andaluz de Salud. A partir de ahí comenzó un lento pero firme desmantelamiento de la sanidad pública y su sustitución por un modelo donde la sanidad privada se aproveche de los recursos públicos pero no otorgue el mismo sistema de protección.

Los graves incendios de este verano en Galicia

La consecuencia, como sabemos, es el retraso sin ninguna clase de justificación en el resultado de cribados de cáncer de mama. El objetivo último es conseguir que los usuarios de la sanidad pública, hartos de la espera en el resultado del análisis de una prueba vital, se marchen a la sanidad privada y paguen por ello. La sanidad privada, por muchos anuncios de televisión que traten de esconderlo, siempre ha sido y será un negocio. En cambio, para la sanidad pública la salud del paciente es el único fin que tiene. Así de simple.

Pero, además, detrás del concepto de sanidad pública universal que llegó a España gracias al PSOE después de la dictadura franquista se encuentra aparejado un sistema igualitario que trata al paciente en función de criterios médicos y no del tamaño de su cartera. Este es uno de los grandes logros de un sistema socialdemócrata basado en la igualdad y en el pago proporcional de impuestos.

Sin embargo, la derecha en España, desde hace décadas, ha hecho todo lo posible por derribar el sistema público de sanidad para expresar un mensaje de no aceptación de la universalidad de la sanidad y para dar entrada a los fondos de inversión de intereses en materia sanitaria.

Como dije al principio, este último caso relacionado con una administración popular es en realidad un caso más. La dana en Valencia, los incendios en Castilla y León o las muertes en las residencias de ancianos de Madrid implican un modo de hacer las cosas, una manera de enfrentarse a los problemas y una solución siempre inaceptable. Condición indispensable para gestionar los servicios públicos es querer hacerlo y el PP, casi desde el momento en que comenzó a tener responsabilidades de gestión en democracia después de gobiernos autonómicos y locales socialistas, propició la privatización de servicios que por lógica deberían ser públicos.

La extinción de los incendios monstruosos del pasado verano se complicó sobremanera porque su extinción estaba y está adjudicada a empresas que por lógica empresarial tratan de obtener los mayores beneficios invirtiendo en el menor número de gastos posibles. Se contrata el personal indispensable para poder conducir los camiones de extinción y alguien que sujete una manguera, pero al finalizar el verano se les envía a su casa sin sueldo hasta la próxima primavera.

Mazón asegura que llegó al Cecopi a las 20.28 horas y la oposición le pide que deje de mentir

En la Comunidad Valenciana Carlos Mazón tuvo la brillante idea, poco después de llegar al Consell, de eliminar la Unidad de Emergencias Valenciana porque “no mejoraba ni ampliaba servicios”. La tarde de la gran riada estaba tomando copas y desapareció hasta las 8 de la noche. No ha entregado su registro de llamadas e hizo desaparecer las imágenes de las cámaras del Palacio de la Generalitat Valenciana. La jueza que instruye la muerte de 229 personas por la gran riada le ha invitado varias veces a dar su versión.

¿Qué será lo próximo? Esa es la gran duda para los ciudadanos que vivimos en regiones gobernadas por el Partido Popular, un partido que quiere convencer a los españoles de que cuanto menos Estado haya en sus vidas es mejor y que cuanto menos impuestos paguen también mejor. La consecuencia es la soledad en momentos de peligro.

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