Mentir como bellacos

Lo ha dicho el PP y la frase les perseguirá siempre: mentir no es delito. Cierto, engañar a los ciudadanos no es perseguible por el Código Penal. Dar gato por liebre, excepto si lo haces en un restaurante, que te pueden perseguir sanidad y consumo, no es motivo de pena. En la labor política han demostrado con esa frase que falsear la verdad, lanzar bulos, apañar los relatos es, para algunos, la razón última de cobrar un montón de pasta de los madrileños, en primer lugar y, subsidiariamente, de todos los españoles. Se han lucido.

Lo cual, que lo reconozca el PP, no quiere decir que no lo practiquen entusiasmados todos los partidos, de los ultramontanos a los separatistas más irredentos. La política es engaño de principio al fin. Si las derechas dijeran que trabajan para los banqueros y las grandes empresas les votarían cuatro, así que tienen que modificar su discurso e integrar promesas que suenen bien a más gente. Lo mismo que las izquierdas, que si predicaran lo que realmente creen se quedarían colgados de la brocha. La política es mentira, ya, pero antes lo era en los postulados (en realidad nadie cree en las ideologías y los programas electorales no valen ni el papel en que se imprimen) y ahora lo es en todos los ámbitos que valgan para tirar piedras al contrario.

Que MAR no ha dicho jamás la verdad, ni cuando miente, lo sabemos muchos, pero es que esta reflexión yo la extendería a multinacionales, bancos, sindicatos, santones de la conspiración y la autoayuda, científicos locos, patronales y… sí, numerosos medios de comunicación «serios» y fábricas de fango en red.

No es ilegal, no figura en el Código Penal, pero a lo mejor debería serlo. Robar gallinas, que es un delito grave desde el Código de Hammurabi, perjudica a uno, que es el dueño, pero no es tan lesivo como robarnos a todos la verdad y eso no está penado.

Cuando era pequeño las niñas cantaban a corro que por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas, tralará. Cuando todo vale, nada es suficientemente exagerado. Encima hay «pruebas» fabricadas con IA que pueden convencer hasta a Santo Tomás. Mucha gente desea creer en lo peor de sus enemigos y hay seudojueces y falsos periodistas que se dejan persuadir con notable benevolencia y credulidad.

Mentir, a sabiendas de que no penaliza, es una canallada. Antes se preguntaba a los electores si comprarían un coche usado al candidato, ahora yo no le compraría ni una goma Milán a ninguno de ellos. Imagino que ustedes tampoco, pero, a cambio, les dejamos gestionar nuestras haciendas y nuestras vidas. Acuérdense de la dana porque es la prueba del nueve de esa mentira permanente, como antes lo fueron las armas de destrucción masiva de Aznar o la crisis económica que no existía de Zapatero o el rescate que no lo era de Rajoy o el terrorismo de Estado invisible de González. Como me ponga a elaborar una lista, este periódico se me queda corto.

A veces me pregunto si la mentira no es consustancial al ser humano, un mecanismo de la civilización para limar aristas y evitar confrontaciones. Quizá lo sea, pero si al primero que alardeó ante sus compañeros de caverna que había hecho huir al tigre dientes de sable y el bicho se comió a cuatro coleguis, le hubiesen despellejado como ejemplo, quizá otro gallo nos cantara.

Elaborar una ley contra la mentira, contra el bulo y el libelo sería peligrosa, porque dejaría en manos de los jueces determinar qué es verdad y qué falsedad, pero si no podemos hacer leyes deberíamos ser más estrictos con los que nos mienten. A no ser que queramos ser engañados, que puede ser, tendríamos que evitar como fuera que los embustes no tuvieran ningún coste y que los miserables que los inventan no pudieran salirse de rositas.

Claro que tampoco hace falta mentir, si directamente hacemos norma de la mentira. Esa de que todos, absolutamente todos los inmigrantes nos roban la sanidad y las ayudas y, encima, en sus ratos libres violan y se llevan el bolso de la compra de las abuelas. Si de esa engañifa lanzan una ley para hacer estadísticas separadas y, una vez hecha, cocinan los datos para que salga lo que quieren y de ahí se deriva un decreto de expulsión, pues cierran el círculo.

De verdad creo que la Comunidad Valenciana no se merece este gobierno retrógrado, preconciliar, trabucaire e inquisidor. Y la fama que eso nos da por las tierras de España, como la avanzadilla de la ultraderecha, nos cuelga un sambenito que ya veremos si no nos pasa factura. La mentira puede no ser ilegal, pero hay decisiones que sí deberían serlo.

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