La citación a declarar de Martín Villa y Daniel Aroca: un acto de justicia

Martín Villa, quien fuera ministro franquista y figura clave en tiempos de la Transición, está citado a declarar en calidad de investigado en el Juzgado de Instrucción número 1 de Elda como responsable de la muerte del joven trabajador Teófilo del Valle. Un crimen que tuvo lugar en Elda en febrero de 1976. El autor de los disparos por la espalda, según se estableció en la investigación judicial, fue el policía armado Daniel Aroca del Rey, citado también como investigado.

Martín Villa era entonces ministro de Relaciones Sindicales del Gobierno que presidía Arias Navarro, quien envió a la Policía Armada a reprimir a obreros del calzado en vez de facilitar la negociación de un convenio como reclamaban los manifestantes.

A los responsables de la muerte de Teófilo no los juzgó la justicia civil. Fue un tribunal militar el que consideró que disparar por la espalda a un manifestante era obrar en cumplimiento del deber y el policía quedó absuelto. La familia de Teófilo del Valle no tuvo la opción de actuar como acusación en la vía militar.

Las actuaciones ejercidas desde el Juzgado de Elda responden a una querella presentada por José Antonio, el hermano mayor de Teófilo, que, casi cincuenta años después, reclama justicia y el fin de la impunidad, y que fue admitida a trámite.

Desde la muerte del dictador en noviembre de 1975 hasta 1982, la Policía Armada y otros cuerpos policiales causaron 132 muertes violentas. El profesor David Ballester los enumera en su obra Una historia de la policía española. Eran los tiempos de la calle es mía, que decía Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de la Gobernación. Desde el Régimen se estableció un cambio cosmético de los aparatos franquistas que avalaran su propia reforma y responder con más violencia para disuadir al creciente movimiento antifranquista de cambios de más envergadura.

La Transición dejó inmune el aparato represor franquista. Al capitán que mandaba las fuerzas en Elda, un tal Carlos Holgado, le ascendieron en su escalafón: primero con Adolfo Suárez y después con Felipe González, hasta el máximo mando de los Grupos de Operaciones Especiales, conocidos popularmente como los geos.

Tampoco se saneó el aparato judicial español. Nunca, a pesar de las reformas de la Transición, se investigaron ni se juzgaron los crímenes del franquismo.

Uno de los argumentos que hoy día se ha utilizado por los tribunales españoles para mantener en la impunidad esos crímenes es que la Ley de Amnistía de 1977 impide juzgar esos crímenes. Una ley que, además de sacar de las cárceles a los demócratas encarcelados por la dictadura, sufrió una modificación clave para incluir en esa amnistía los crímenes de la dictadura contra los derechos humanos. El otro argumento que se utiliza para no investigar esos crímenes es que esos delitos han prescrito.

Ambos argumentos no soportan la doctrina del derecho internacional humanitario que considera que los delitos de lesa humanidad, como son los crímenes de la dictadura franquista, ni prescriben ni son amnistiables.

El Tribunal Constitucional ha mantenido hasta ahora el argumento de que en 1977 las leyes españolas no habían incorporado todavía el delito de lesa humanidad al código penal, lo que se define como principio de legalidad. Todo ello a pesar de que, en 1977, el Estado español había suscrito ya varios convenios internacionales que lo reconocían y eran de aplicación universal. Es, respetando las distancias, como si en 1945 no se hubieran juzgado los crímenes nazis porque el derecho del Tercer Reich no los contemplaba.

La responsabilidad penal de los autores de la muerte de Del Valle está perfectamente documentada en la investigación y pruebas que aportó en 1976 el juez de Instrucción Agustín Ferrer. También lo refleja la sentencia de aquel consejo de guerra que juzgó a Aroca del Rey y lo consideró autor responsable de un delito de imprudencia con resultado de homicidio para después, en un giro incomprensible, absolverlo por aplicación de la eximente de “cumplimiento de un deber”.

La demanda de la familia, tras conocer ahora la verdad de lo que sucedió, es que se establezca la verdad judicial. Una forma de reparación que les traiga paz y restituya socialmente el buen nombre de su hermano Teófilo.

Más de ciento veinte querellas se han presentado en los últimos años ante los tribunales españoles por delitos considerados de lesa humanidad apoyados por asociaciones memorialistas. Hay expectación por ver cómo se desarrollarán las citaciones judiciales a Aroca y Martín Villa. Ambos declararán por videoconferencia a las 12 horas. Uno desde Albacete el día 17. El otro, desde Madrid, el día 19.

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