El eslabón empresarial de la corrupción

La investigación de la UCO -que amplía el caso Koldo a posibles irregularidades en adjudicaciones vinculadas a Acciona- devuelve la corrupción al centro del debate. Sin embargo, la atención sigue concentrada casi exclusivamente en los responsables políticos obviando que la corrupción es un fenómeno relacional, que solo germina cuando encuentra una contraparte privada dispuesta a obtener ventajas indebidas.

Se trata de la corrupción estratégica -distinta de la corrupción funcionarial- que surge cuando grandes empresas y altos cargos políticos cooperan para influir en los procesos de adjudicación pública. No son episodios aislados, sino prácticas estructuradas como pliegos diseñados a medida, intermediarios con acceso privilegiado, manipulaciones técnicas o entramados societarios que difuminan responsabilidades y cuyo impacto es profundo porque distorsionan la competencia, penalizan a quienes actúan con rigor y debilitan la integridad de las decisiones públicas.

España dispone de un marco jurídico robusto para contener estos riesgos. La ley de contratos del sector público establece principios claros, y el Código Penal tipifica los principales delitos asociados e incorpora la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero la práctica demuestra que, cuando los incentivos son altos, basta con explotar las zonas grises: fragmentar contratos, introducir criterios subjetivos, recurrir a valoraciones técnicas poco verificables o a UTE que diluyen el control real de los proyectos. Y es que la complejidad del sistema abre espacios para prácticas opacas.

Aun así, la responsabilidad empresarial en estas acciones continúa quedando en segundo plano. El relato y la exigencia de responsabilidades apunta casi siempre a los políticos, mientras se pasa por alto a las empresas que alimentan estas dinámicas. Una asimetría problemática porque si solo se sanciona a quien acepta y no a quien ofrece, el incentivo para influir en la decisión pública permanece intacto. Algo que la evidencia comparada lo confirma: la corrupción de alto nivel solo prospera cuando el sector privado calcula que los beneficios superarán los riesgos.

En este contexto, los informes del GRECO son claros: España no es un país corrupto pero sí presenta vulnerabilidades concentradas en los grandes contratos y en la financiación política. Por ello insisten en la necesidad de reforzar la transparencia, de regular mejor los conflictos de interés y en subrayar el papel decisivo del sector privado. Programas de cumplimiento efectivos, sanciones realmente disuasorias y mayor trazabilidad en las adjudicaciones se convierten así en elementos imprescindibles para que corromper tenga un coste real. España cuenta con una administración que no es corrupta y que funciona razonablemente, pero las formas de corrupción de élites persisten y exigen de una respuesta firme, sostenida y que alcance y sancionen de manera ejemplar a los dos lados de la relación corrupta.

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