Asalto a la democracia

Cualquier demócrata que se precie acata y asume todas las sentencias dictadas por los tribunales españoles en virtud del principio de legalidad y del imperio de la ley reconocidos en la Constitución Española y desarrollados de manera jurisprudencial en numerosas ocasiones en los últimos años. Todos tenemos que estar a disposición de los jueces y tribunales así como debemos tener libre acceso a los mismos y ello significa respetar las sentencias pero al mismo tiempo estar permitido poder opinar sobre cualquiera de esas sentencias a las que me he referido.

Y aunque moleste a ilustres sabios del derecho español es un hecho que los ciudadanos tenemos todo el derecho del mundo a opinar libremente sobre los fallos y las argumentaciones jurídicas de las sentencias sin que eso nos convierta en peligrosos radicales de izquierdas ni en compañeros de terroristas. En mi caso particular llevo más de veinticinco años colaborando con el grupo Prensa Ibérica como columnista y si la vida me da salud pienso seguir opinando sobre lo que estime conveniente, sobre sentencias judiciales y sobre cualquier otro aspecto.

El reciente fallo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) condenando al ex fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación para este cargo y a pena de multa, ha provocado una gran alarma social por las nulas evidencias probatorias que se pudieron deducir de las distintas declaraciones de los testigos ante el tribunal competente y, sobre todo, por la confesión de Miguel Ángel Rodríguez, el Rasputín de la sultana de Madrid, admitiendo que se inventó un bulo porque “tenía el pelo blanco”, que dio paso a la lamentable afirmación del Partido Popular reconociendo la falsedad pero al mismo tiempo afirmando que “la mentira no es delito”. Y el caradurismo tampoco, imagino.

Media España está pendiente de que se haga pública la sentencia del TS cuyo fallo apenas tardó unas horas en ser comunicado a las partes, sin casi deliberaciones, después de dar por finalizada la vista oral. Hay que reconocer la rapidez en dictar sentencia. Ojalá la justicia en España fuese tan rápida para el resto de asuntos judiciales. Hay propietarios que tardan hasta cinco años en echar de sus viviendas en alquiler a inquilinos que dejan de pagar y sin embargo el proceso al ex fiscal general se sustanció en unas semanas. Lo que quiero decir es que esa rapidez parece formar parte de la cruzada anti Pedro Sánchez que José María Aznar, el Cid Campeador del PP, inauguró con su conocida frase “el que pueda hacer que haga”. En esa esperada sentencia deben encontrase los motivos por los que se ha condenado a García Ortiz dado que en la vista oral y en las declaraciones de los testigos no se pudo deducir ni una sola prueba que fuese suficiente para la condena.

Numerosos periodistas confirmaron ante el tribunal sentenciador que conocieron el email enviado por la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconociendo la comisión de varios delitos y proponiendo un pacto a la Fiscalía para evitar su enjuiciamiento con previsible condena y posible ingreso en prisión mucho antes de que Álvaro García Ortiz ordenase desmentir el bulo de Miguel Ángel Rodríguez. Y a pesar de ello el TS no ha tenido dudas en fallar condena sin haber argumentado su sentencia hasta el momento. Es evidente que antes de que terminase la vista oral los magistrados que votaron por su condena ya tenían formada su opinión. Apenas hubo deliberaciones entre los magistrados, lo que extraña, teniendo en cuenta los testimonios exculpatorios del ex fiscal general.

Cuestión distinta es el estrambótico comportamiento del magistrado ponente de la sentencia haciendo chistecitos sobre la redacción de la sentencia en una conferencia que dio poco después de terminado el juicio o siendo el codirector de la tesis del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, detalles, ambos, de muy mal gusto teniendo en cuenta su posición.

Esta clase de fallos y sentencias no son nuevos en nuestro ordenamiento. En los últimos años hemos sido testigos de resoluciones judiciales que más responden a una ideología que al cumplimiento estricto de la obligación de jueces y magistrados. Sentencias que son acatadas por los ciudadanos que, al mismo tiempo, tienen el derecho de criticar.

La reflexión final debe responder a la existencia de una avalancha de ataques contra el Gobierno de la nación por parte de los poderes fácticos de la derecha y de la extrema derecha española que, apoyadas en ilustres aduladores, no asumen el resultado de las urnas.

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