Gracias, Puigdemont

Para que el Gobierno de Pedro Sánchez escuche a los ayuntamientos no hace falta ni diálogo, ni consenso, ni atender a la FEMP. Basta con que en Moncloa empiecen a oler el miedo a perder el sillón.

Llevamos muchos años reclamando poder utilizar nuestros superávits para inversiones sostenibles, especialmente en un contexto de inflación, servicios saturados y población en continuo aumento. La respuesta siempre ha sido la misma: silencio, retraso o evasivas. Hasta que, de pronto, el fugado Puigdemont insinúa que retira su apoyo y, como por arte de magia, Pedro Sánchez aprueba como si fuera la primera vez que lo escucha, que los Ayuntamientos y las CCAA puedan emplear el superávit del curso anterior para inversiones sostenibles. ¡Sorpresa, los ayuntamientos existimos!

Se desata entonces un sprint normativo, con rectificaciones exprés y concesiones urgentes. Qué casualidad. No hablamos de una reforma pactada, ni debatida, ni consensuada con el municipalismo, sino pactada con un señor que reside en Bélgica y cuyos votos necesita con premura Sánchez, en lugar de tratar con los municipios, quienes sostenemos día a día el Estado del Bienestar desde la primera línea. El resultado a esto es un decreto improvisado, aprobado no por convicción, sino por necesidad política, fruto de una reacción desesperada, de una legislatura débil y amortizada, que sobrevive semana a semana en función de los equilibrios que se dictan desde Waterloo.

Por supuesto, celebramos poder usar nuestro superávit. Faltaría más. Es una medida buena —muy buena—. Pero no nos engañemos, el motivo que la impulsa es profundamente preocupante, siguen quedando por reflejar muchas de las reivindicaciones que planteamos desde los ayuntamientos

Pedro Sánchez sigue sin rumbo. ¿Qué hace nuestro Gobierno? Infla previsiones, no ejecuta, legisla para la foto y gobierna al ritmo que marcan sus socios en cada votación. Ese es el verdadero coste de esta etapa: los Ayuntamientos convertidos en moneda de cambio.

Seguimos sin una financiación justa para los municipios turísticos, sin compensación por la población flotante y sin una respuesta seria a las demandas que venimos planteando desde hace años. Asumimos cada vez más competencias, pero no recibimos más recursos. Y desde Madrid se siguen tomando decisiones con un único criterio: la supervivencia política y nunca la estabilidad institucional.

Por supuesto, celebramos poder usar nuestro superávit. Faltaría más. Es una medida buena —muy buena—. Pero no nos engañemos, el motivo que la impulsa es profundamente preocupante, siguen quedando por reflejar muchas de las reivindicaciones que planteamos desde los Ayuntamientos. Este decreto no se ha aprobado por respeto al municipalismo, ni por voluntad de garantizar estabilidad financiera, ni por reconocer el papel esencial de las entidades locales. Se aprueba para ganar tiempo, para apagar un fuego político y para evitar que la legislatura se venga abajo.

Y ese es el verdadero problema: un país donde las decisiones que afectan a millones de vecinos no se toman desde una planificación institucional, sino en función de las urgencias parlamentarias del momento. Donde la agenda municipal sólo avanza cuando peligra un escaño, una votación o un pacto en el Congreso de los Diputados.

A este paso, los ayuntamientos dejaremos de mirar al BOE para mirar el calendario de votaciones. Porque ahí —y no en el Consejo de Ministros— es el lugar en el se decide qué medidas se aprueban y a quién se escucha cada semana.

Domingo Paredes es concejal de Hacienda y Economía del Ayuntamiento de Torrevieja