El caso del Hospital de Torrejón

La polémica sobre las ventajas o desventajas de los hospitales públicos concertados es antigua y puede resumirse así. Ventajas: menor gasto inicial para el Estado, gestión más flexible, incentivos para aumentar la eficiencia logrando que los costes sean menores que los precios fijados por paciente y, relacionado con esto último, estímulos para la innovación. Desventajas: riesgo de rescates costosos para el Estado, difícil supervisión del cumplimento de los contratos, incentivos para que la reducción de costes se lleve a cabo estableciendo peores condiciones laborales o seleccionando a los pacientes más rentables y, relacionado con lo anterior, falta de estímulos para la innovación.

La información publicada durante la pasada semana evidencia que el Hospital de Torrejón reduce costes mediante procedimientos denunciados por sus sanitarios o reconocidos por el máximo ejecutivo de Ribera Salud ante una veintena de directivos: reutilización de catéteres de un solo uso, ya que cada uno cuesta 2.000 euros; empleo del quirófano de urgencia para intervenciones programadas, un solo anestesista para dos quirófanos, urgencias atendidas por médicos que no han aprobado el MIR, radiografías online, precariedad laboral y elevada rotación de personal poco cualificado, suspensión de tratamientos caros como cirugía o diálisis peritoneal a pacientes asignados al centro desviándolos a otros hospitales y programación de consultas externas y listas de espera dando prioridad a los pacientes de otros centros ya que el precio concertado es superior al de los asignados a Torrejón. Así ha descrito esto último un médico del hospital: “En los audios, lo que se está diciendo es lo que está pasando: si perteneces a Torrejón puedes tener 100 o 120 días de espera para operarte, mientras que si eres de fuera, son 15 días, porque para esta gente sí se abren los quirófanos por la tarde. El motivo es que el plus que cobra Ribera Salud a la Consejería de Sanidad por las operaciones quirúrgicas de los ‘no cápita’ compensa el gasto de abrir quirófanos”. A todo lo anterior se añade que Ribera Salud ha despedido a cuatro de sus directivos que denunciaron a través del canal ético interno de la empresa este tipo de prácticas.

La actuación de la dirección del hospital ha causado una alarma social que exige una investigación larga y profunda de lo sucedido ya que, en su defecto, se incurriría en la irresponsabilidad de tolerar y fomentar fallos del sistema de concesiones que antes cité: falta de control del cumplimento de los contratos, malas condiciones laborales de los empleados, inmoral selección de pacientes y ausencia de estímulos para la innovación. Me refiero a una inspección muy distinta a la realizada en tiempo récord por la Comunidad de Madrid. Capturada por lobbies de la sanidad privada, su presidenta se ha limitado a decir: “La inspección concluye que el trabajo del centro ha sido impecable (…) Lo ocurrido se reduce a rencillas entre directivos”.

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