Venezuela, el petróleo y la vieja tentación imperial de EE. UU.

A estas alturas resulta difícil sostener que la acción militar de Estados Unidos en Venezuela, concretada en el secuestro de Nicolás Maduro, haya estado guiada por la defensa de la democracia o la lucha contra el narcotráfico. De haber sido así, habría que explicar el indulto concedido por Donald Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a cadena perpetua por narcotráfico en una corte federal de Nueva York, así como la persistencia de alianzas con regímenes abiertamente autoritarios. Nicolás Maduro no constituye una anomalía excepcional que justifique por sí sola la intensidad de la presión política, económica y diplomática ejercida sobre Venezuela.

La clave, como en muchos episodios de la historia latinoamericana, no es ideológica ni moral, sino material: petróleo. Venezuela posee las mayores reservas de crudo del planeta, un dato central para comprender su historia contemporánea y el interés constante de Estados Unidos por influir en su orientación política. Desde comienzos del siglo XX, el petróleo venezolano ha sido un recurso estratégico para la economía estadounidense y sus grandes corporaciones energéticas, que durante décadas operaron en condiciones altamente favorables.

Para comprender esta relación conviene ampliar el marco de análisis. Estados Unidos ha concebido históricamente el Caribe y Centroamérica como un espacio de influencia privilegiada, legitimado primero por la Doctrina Monroe y consolidado luego mediante intervenciones directas o indirectas amparadas en el Corolario Roosevelt. Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Nicaragua, Panamá o Granada forman parte de una larga lista de países sometidos a ocupaciones militares, golpes de Estado promovidos desde el exterior o regímenes tutelados cuando los intereses estratégicos de Washington parecían amenazados.

Venezuela no fue una excepción, aunque el control sobre el país adoptó durante largo tiempo formas indirectas. A lo largo del siglo XX, las grandes compañías petroleras estadounidenses, junto con algunas europeas, explotaron el subsuelo venezolano obteniendo beneficios extraordinarios, mientras el Estado recibía una porción relativamente limitada de la renta generada. El esquema era conocido: estabilidad política, oligarquías locales colaboradoras y una economía rentista dependiente. Era, en esencia, el mismo modelo primario-exportador que ha caracterizado a buena parte de las economías latinoamericanas desde su independencia.

Conviene recordar que la nacionalización del petróleo venezolano no fue obra de Hugo Chávez, sino que tuvo lugar en 1976, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, en un contexto que puede calificarse de neoliberal. La creación de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) respondió a una lógica de soberanía económica compartida por amplios sectores del espectro político venezolano y regional. Décadas más tarde, el chavismo reorientó la renta petrolera hacia políticas sociales y reforzó el control estatal sobre la empresa, alterando equilibrios que habían favorecido intereses externos.

A partir de ese momento, la relación con Estados Unidos entró en una fase de confrontación abierta. No fundamentalmente por la deriva autoritaria del régimen, real y criticable, sino porque Venezuela dejó de ser un proveedor previsible y subordinado. Las sanciones, el bloqueo financiero y el reconocimiento de autoridades paralelas no pueden entenderse al margen de esta disputa en torno al control de un recurso estratégico. Resulta revelador que dirigentes estadounidenses, con Donald Trump a la cabeza, señalen que “les han robado el petróleo”. La afirmación invierte de manera casi grotesca el sentido de la historia: durante décadas, fueron las compañías extranjeras las principales beneficiarias de un recurso venezolano gestionado en condiciones de profunda desigualdad. Presentar la recuperación de la soberanía energética como un expolio evidencia una retórica imperial persistente.

Nada de lo anterior implica absolver al gobierno de Nicolás Maduro de sus responsabilidades. La corrupción, la represión, el deterioro institucional y la mala gestión económica han sumido al país en una crisis social y humanitaria de enorme magnitud. Pero una cosa es la crítica legítima y otra muy distinta la injerencia sistemática, la asfixia económica o la intervención militar, todas ellas en abierta contradicción con el derecho internacional y los principios básicos de convivencia entre Estados.

La experiencia histórica de América Latina demuestra que el militarismo y la intervención externa no han traído democracia ni desarrollo, sino dependencia, violencia y sociedades fragmentadas. Venezuela no necesita tutelas imperiales ni soluciones impuestas por la fuerza. Necesita salidas políticas, diálogo interno y respeto a su soberanía. Persistir en la lógica del castigo colectivo no solo resulta éticamente cuestionable: supone reiterar errores que la historia latinoamericana ha documentado con claridad.

Resulta igualmente inquietante que esta lógica no se limite al caso venezolano. En España, determinadas voces han llegado a invocar a la Administración Trump como garante último frente a conflictos políticos internos. La naturalidad con la que se plantea la intervención de una potencia extranjera en la vida política de un Estado soberano dice mucho sobre la debilidad mental de algunos personajes, sobre la fragilidad de ciertas culturas democráticas y sobre la persistencia de una mentalidad tutelar que la historia contemporánea ha demostrado fallida.

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