Vivienda pública y responsabilidad política

La adjudicación irregular de viviendas de protección social en el Ayuntamiento de Alicante, sacada a la luz por INFORMACIÓN, no es un hecho anecdótico ni un simple desliz administrativo. Es un episodio grave que pone en evidencia la degradación ética de una parte de la política municipal y una forma profundamente perversa de entender el poder.

Que cinco altos cargos del propio Ayuntamiento hayan resultado beneficiarios de un recurso público destinado a personas con dificultades reales de acceso a una vivienda digna no solo resulta injusto, es moralmente obsceno.

La vivienda de protección social no es una concesión graciosa ni una oportunidad para quienes saben moverse en los márgenes del sistema. Es una herramienta de justicia social, pensada para corregir desigualdades estructurales y garantizar un derecho básico. Cuando quienes gobiernan utilizan su posición, su influencia o su conocimiento privilegiado para acceder a ese recurso, no solo vulneran la legalidad: rompen el contrato moral que debería sostener toda acción política.

Las dimisiones producidas tras conocerse los hechos no pueden interpretarse como un ejercicio ejemplar de responsabilidad. No llegan por convicción ética, sino por la presión social y mediática. Son dimisiones defensivas, forzadas por la evidencia y el escándalo, no por una asunción honesta del daño causado. Y ese matiz es esencial, porque revela hasta qué punto la ética pública ha dejado de ser un principio rector para convertirse en una reacción tardía cuando ya no queda margen para el silencio.

La actuación del alcalde, Luis Barcala, lejos de contribuir a la clarificación y a la reparación del daño, ha añadido confusión y sospecha. Su primera reacción fue presentarse como adalid de la justicia, anunciando que llevaría los hechos ante la Fiscalía. Un gesto aparentemente loable, pero que esconde una maniobra clásica, situarse en la retaguardia de la responsabilidad política, como si nada tuviera que explicar, como si su papel se limitara a señalar culpables ajenos.

Sin embargo, la responsabilidad de un alcalde no comienza cuando el escándalo ya es público. Empieza mucho antes, en la supervisión, en los mecanismos de control, en la garantía de que los recursos públicos se gestionan con criterios de equidad, transparencia y justicia. Pretender quedar al margen de esa responsabilidad es una forma de evasión que erosiona aún más la confianza ciudadana.

Con el paso de los días, lejos de asumir esa responsabilidad, el alcalde ha optado por una estrategia cada vez más reconocible, desplazar el foco hacia otros. Acusar a la Generalitat Valenciana, además gobernada por su mismo partido, de falta de diligencia en el control de las adjudicaciones no solo resulta poco convincente, sino que evidencia nerviosismo y una clara voluntad de tirar balones fuera. La cadena de responsabilidades se fragmenta cuando interesa diluirlas, pero se concentra cuando conviene exhibir autoridad.

Barcala, sobre el escándalo de las viviendas protegidas en Alicante: "No me va a temblar el pulso"

No sería extraño que esta deriva acabe recurriendo al victimismo, presentándose el alcalde y su equipo como víctimas de una caza de brujas política o mediática. Es una estrategia conocida, utilizada por no pocos corruptos ilustres cuando la realidad se vuelve incómoda. Solo faltaría —y no sería precisamente original— que en algún momento se acabara señalando al Gobierno central o al propio Pedro Sánchez como responsable último de lo ocurrido, en un ejercicio de escapismo político que roza el esperpento.

Todo esto sucede, además, en una ciudad donde el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales. Alicante es hoy un ejemplo claro de cómo el turismo y la especulación inmobiliaria han sido priorizados frente a las necesidades de quienes viven, trabajan y construyen comunidad en ella. El mercado turístico ha pasado de ser una oportunidad a convertirse en un enemigo de la ciudadanía, desplazando derechos básicos como la vivienda, la convivencia, la salud o los servicios públicos.

En este contexto, que responsables municipales se adjudiquen viviendas protegidas no es solo una irregularidad administrativa, es una provocación. Un gesto que evidencia hasta qué punto se ha normalizado la utilización del poder en beneficio propio, incluso cuando ese beneficio se obtiene a costa de quienes más lo necesitan.

Las consecuencias de estas prácticas van más allá del caso concreto. Alimentan la desconfianza en las instituciones, erosionan la credibilidad de la política y abren la puerta al desencanto democrático. Cuando la ciudadanía percibe que las reglas no son iguales para todos, crece el cinismo, la desafección y el caldo de cultivo para posiciones radicales que no buscan soluciones, sino réditos partidistas.

Convertir la casa de todas y todos —el Ayuntamiento— en un espacio de privilegios, sospechas y favores es el primer paso hacia una política entendida como trinchera permanente. Una política que confronta, pero no resuelve; que acusa, pero no asume; que habla de legalidad mientras olvida la dignidad. No afrontar estos hechos con honestidad, humildad y responsabilidad es, en sí mismo, la expresión más clara de indignidad política.

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