Opinión | El ojo crítico
Adjudicaciones sospechosas
Los pisos de Les Naus por dentro: así es la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante adjudicada a cargos públicos / INFORMACIÓN
Hay que reconocer que todo lo sabido hasta ahora sobre la adjudicación de viviendas protegidas y públicas en la zona de la Playa de San Juan resulta muy sospechoso. Primero, porque resulta extraño que la única promoción de viviendas protegidas que se ha llevado a cabo en 20 años en Alicante fuese una urbanización con piscina, pistas de pádel, gimnasio y cerca de la playa. Que yo recuerde, las viviendas protegidas siempre han sido viviendas modestas pero con todas las garantías y comodidades, construidas a las afueras de las ciudades para personas con rentas bajas y no edificios de lujo con gran parecido a hoteles de 5 estrellas. Y segundo, porque los beneficiarios de estas viviendas de protección pública (VPP) resultaron ser funcionarios del Ayuntamiento de Alicante o personal elegido para cargos de primera línea o sus familiares en ambos casos. Muy normal no parece.
Es evidente que alguien o un grupo de personas eligió un suelo de titularidad municipal para construir un edificio de calidad y equipamiento de primer nivel cuyos apartamentos fueron repartidos entre funcionarios o responsables del Ayuntamiento de Alicante y sus familiares, es decir, entre ese mismo grupo de personas.
Poco a poco se ha sabido la magnitud del chollo que han conseguido estas personas adjudicatarias de una de estas VPP. Un funcionario ha sido suspendido de empleo y sueldo por, supuestamente, haber falseado información para que su mujer, arquitecta del ayuntamiento alicantino, fuera beneficiaria de uno de estos pisos. La ya exconcejala de Urbanismo también fue beneficiaria, así como otro arquitecto municipal. Los hijos de la dimitida Jefa de Contratación del ayuntamiento obtuvieron un piso cada uno. Incluso hubo un empresario que fue adjudicado con tres pisos que poco después intentó vender por el doble de su precio, pero eso sí, la mitad de este precio en dinero negro ya que la ley prohibía venderlos por una cantidad mayor. Un ciudadano contactó con la inmobiliaria que gestionaba su compraventa y fue advertido por la responsable de esta inmobiliaria que era normal pagar 223.000 euros en dinero negro además del precio notarial. “Esto es España”, aseguró. Será normal en tu casa, guapa; la gente normal nos guiamos por otros valores y tenemos dignidad.
Tensión en el Pleno del Ayuntamiento de Alicante por la polémica de las viviendas protegidas / Rafa Arjones
Hay que destacar el éxito informativo que ha supuesto para INFORMACIÓN, periódico en el que escribo desde hace casi 30 años, y para las dos periodistas que han guiado esta investigación, el haber descubierto semejante, supuesta, trama de corruptelas que se había adueñado del Ayuntamiento de Alicante. Hay que resaltar, una vez más, la importancia del periodismo local alejado del murmullo y los mentideros de Madrid o Barcelona. Los partidos políticos cometen el error de pensar que los ciudadanos se pasan el día escuchando lo que se dice en el Congreso de los Diputados o en la sede de la Comunidad de Madrid y lo cierto es que la vida, también en cuanto a la información, transcurre por otros canales y en otras sedes.
Por lo que parece esto no ha sido algo de una o dos personas que se han conchabado para conseguir un beneficio. Hay un reguero de decisiones, de acuerdos tomados en órganos colegiados, de papeles que han ido de un despacho a otro para ser firmados, de alegrías contenidas cuando les fueron entregadas las llaves. Lo lógico sería que todas estas viviendas fueran retiradas de manera temporal de la posesión de sus dueños, se realizase una investigación profunda y después se adjudicasen con los datos reales en la mano y no con los amañados.
Escándalo
Una vez más, en una Generalitat Valenciana dirigida por el PP, vuelve a surgir un posible caso de corrupción alrededor de la construcción, siendo el más perjudicado Luis Barcala, el alcalde de Alicante. Con independencia de sus competencias, el escándalo ha estallado en la ciudad que dirige. Es imprescindible que lidere las investigaciones y dé las oportunas explicaciones a los ciudadanos.
Queda patente, una vez más, la gran ausencia de políticas públicas de viviendas en la Comunidad Valenciana. En Valencia, el anterior gobierno municipal formado por Compromís y el PSPV puso en marcha 14 viviendas públicas en ocho años, mientras al mismo tiempo la vicealcaldesa y concejala de Urbanismo, Sandra Gómez, se gastaba el dinero público en remodelar plazas y en echar la culpa de todos los males de la vivienda en Valencia a los pisos turísticos que no llegan ni al 2 % del total de viviendas en la ciudad de Valencia.
En Alicante no se ha construido ni una sola promoción de vivienda de protección pública en 20 años, con excepción de este bloque de viviendas de lujo que ahora hemos sabido se lo repartieron entre unos cuantos amiguetes. Hacen falta políticos honrados, no estrellas fulgurantes, que tengan conocimiento de la materia de urbanismo, que se hagan con las riendas del urbanismo en la Comunidad Valenciana. Personas solventes cuya función principal no sea escribir bobadas en las redes sociales, sino pasar el tiempo en los despachos y no en las calles inaugurando esos bancos sin respaldo que ahora tanto se llevan.
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