Lecturas políticas y éticas del escándalo de las viviendas sociales

Estos días estamos teniendo un magnífico ejemplo de la importancia de contar con una prensa fuerte, independiente y rigurosa capaz de llevar a cabo lo que la sociedad espera del periodismo. El escándalo de las viviendas de promoción pública (VPP) de Alicante, del que se han hecho eco medios de comunicación de todo el país, ha sido conocido gracias al minucioso trabajo periodístico que desde el diario INFORMACIÓN han realizado sus profesionales, de manera particular Mercedes Gallego y Carolina Pascual.

Hablamos de un seguimiento serio, riguroso y concienzudo sobre un tema fundamental en la vida de muchas personas, como es el acceso a la vivienda. Si hoy en día conocemos y debatimos sobre este escándalo, es gracias a la exclusiva de este diario y al minucioso seguimiento que desde entonces viene haciendo INFORMACIÓN de Alicante.

Es una demostración de que, desde la prensa local, con trabajo y esfuerzo, también se ofrecen informaciones de una proyección nacional, impulsándose así debates imprescindibles. Como actor fundamental que contribuye a vertebrar y fortalecer la sociedad en la que participa, la prensa local es uno de los altavoces más potentes en su comunidad, ofreciendo una amplia información de proximidad con inmediatez y versatilidad, desde una cercanía emocional que no tienen otros medios, y mucho menos las redes sociales. No lo olvidemos.

Desde el primer momento en que este diario comenzó a informar sobre este asunto, y saltó la noticia a la opinión pública, nos dimos cuenta de la gravedad de unos hechos que, actualmente, están en manos de la justicia, denunciados por fuerzas políticas de la oposición y por el propio Ayuntamiento. De nuevo Alicante en el foco por escándalos de posible corrupción, como si fuera un chapapote del que el PP no logra desprenderse y que empuja a la ciudad a una pérdida de imagen y credibilidad que arrastra desde tiempos inmemoriales.

Con la llegada de Luis Díaz Alperi a la Alcaldía de la ciudad, en 1995, de la mano del Partido Popular, todos los alcaldes de este partido surgidos de las urnas han estado, de una manera u otra, sumergidos en casos de corrupción que han tenido distinto recorrido. Parece que Luis Barcala no va a ser distinto, como si fuera la marca indeleble de la gestión del Partido Popular en Alicante.

La verdad es que a muchos que seguimos de cerca la política municipal, no nos sorprende esta nueva polémica, porque si algo está haciendo Barcala desde el Ayuntamiento es profundizar en un modelo político que favorece el descontrol y alimenta la erosión de lo público, debilitando enormemente, cuando no eliminando la transparencia y la rendición de cuentas, tanto en la ciudad como sobre la propia Corporación. Y esto forma parte de una gestión municipal en la que, mientras se han anulado y despreciado órganos y dispositivos de participación y control básicos en la ciudad establecidos legalmente, se impulsa un modelo político de derecha ultraliberal convertido en seña de identidad por el alcalde Barcala, que favorece a personas y grupos económicos cercanos al gobierno municipal.

No es casual, por ejemplo, que mientras desde el Ayuntamiento se están devolviendo millones de euros para programas sociales básicos dirigidos a colectivos vulnerables, para quienes peor lo están pasando, Alicante se ha convertido en un paraíso de las viviendas turísticas y para los fondos de inversión que han tomado la ciudad y sus barrios con la complicidad del gobierno municipal. De manera que, para este Ayuntamiento del PP, no hay nada sorprendente en que la primera gran promoción de vivienda social como VPP en más de veinte años haya sido gestionada desde la absoluta opacidad, impidiendo que las personas y familias con más necesidades de vivienda puedan acceder a ella, mientras se ha favorecido que hayan sido agraciados, en cambio, dirigentes políticos del propio PP, altos funcionarios y sus familiares mediante procesos irregulares.

Y esta es otra de las claves de este asunto, la absoluta impunidad con la que algunos actúan en esta ciudad, desde el Ayuntamiento y desde sectores cercanos al gobierno municipal. Porque ante un problema tan grave como es la falta de vivienda, que genera tanto miedo, angustia y desesperanza en tantas personas, hay que creerse muy impune de las leyes y de la sociedad para pensar que muchos podían comprarse una vivienda protegida a un precio tan favorable, en una de las mejores zonas de la ciudad, de manera ventajista y privilegiada. Y que podían hacerlo retorciendo e incumpliendo, cuando no falseando los requisitos legales establecidos, para tratar de vender sus viviendas a los pocos meses mediante anuncios en inmobiliarias por el doble del precio de adquisición y reclamando elevadas cantidades de dinero negro, sin que en el gobierno de Barcala nadie se enterara. Son tantos años los que algunos llevan utilizando la ciudad en su provecho que pensaban que esto es algo normal, habitual en un Ayuntamiento que ha abandonado la defensa del interés público y que considera la ciudad como una simple mercancía.

Mención aparte merece la respuesta del alcalde Barcala, echando balones fuera y culpando a la Generalitat, algo muy poco decoroso. Tantos años de acusar a Pedro Sánchez de todo que arrojar basura a otros es su única respuesta política en un caso en el que el Ayuntamiento tiene mucho que decir y mucho más por hacer.

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