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Opinión | TRES EN LÍNEA

Otro terremoto

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, reflexivo durante el pleno por el escándalo de las viviendas protegidas.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, reflexivo durante el pleno por el escándalo de las viviendas protegidas. / Rafa Arjones

El PP está convencido de que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, no está personalmente implicado en el escándalo de las Viviendas de Promoción Pública en el que una parcela municipal ha acabado convertida en una urbanización de lujo al lado de la playa, muchas de cuyas viviendas han terminado, a mitad del precio de mercado, en manos de familias de nombres prominentes, altos funcionarios y la propia concejal de Urbanismo y algunas de ellas han sido puestas inmediatamente a la venta por el doble de lo que costaron, reclamando el pago de la diferencia en negro. Pero al mismo tiempo crece la sensación de que hay una responsabilidad política clara en lo ocurrido que compromete, no ya el futuro, sino el presente de Barcala en la Alcaldía.

El caso ha provocado un terremoto de intensidad pocas veces vista. En poco más de una semana se ha producido la dimisión de la concejal de Urbanismo de la segunda ciudad de la Comunitat, de una directora general del Ayuntamiento y del jefe de gabinete de la consellera de Industria. Se ha celebrado un pleno municipal extraordinario y monográfico. Todos los partidos (y todas las administraciones que han tenido algo que ver con el proceso) han denunciado los hechos a la Fiscalía Anticorrupción o han pedido que intervenga. El propio Ministerio Público ha asumido el asunto en tiempo récord mientras la Generalitat ha tardado un suspiro en suspender al funcionario que visó la adjudicación de las casas (entre ellas, la de su propia mujer), al que se ha incoado expediente, que ha sido enviado al fiscal.

La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, que no gana para sofocos desde que regresó a la primera línea política, se ha puesto personalmente al frente de las indagaciones. En las Cortes se ha anunciado la creación de una comisión de investigación, a la que el PP ha tenido que sumarse porque sus aliados de Vox anunciaron que votarían a favor junto al PSPV y Compromís. En el Ayuntamiento ha ocurrido lo mismo. La documentación de los pisos entregados está siendo ahora minuciosamente revisada y se ha anunciado la intención, por parte tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento, de tratar de recuperar las viviendas que no hayan sido correctamente otorgadas, además de revocar los alquileres irregulares que también se están descubriendo. Todo eso, repito, en apenas unos pocos días desde que el jueves 29 de enero INFORMACIÓN destapase el fraude.

La celeridad de los acontecimientos, y lo extraordinario de las medidas adoptadas, da idea de la gravedad que el PP sabe que tiene el asunto y el enorme perjuicio que le está provocando. Pero también es la más clara señal del descontrol existente en el Ayuntamiento y en los servicios territoriales de Vivienda de la Generalitat Valenciana: si se han tomado decisiones inéditas en tan poco tiempo es, precisamente, porque no ha hecho falta investigar demasiado para comprobar desde el primer minuto la estafa a todos los ciudadanos que se ha perpetrado en la primera promoción de vivienda a precio tasado acometida en veinte años. Pocas preocupaciones pueden ser más transversales que la de la vivienda, en un momento en que muchas familias ven que no pueden acceder a una ni siquiera trabajando. Y aquí una serie de personas con tantos recursos económicos como contactos bien trabados y acceso a información de primera mano han aprovechado la situación para conseguir pisos que no les correspondían y especular con ellos burlando unas leyes que, por su parte, han demostrado estar plagadas de grandes lagunas.

Vox, el socio habitual del PP, ha sido especialmente duro con Barcala, del que ha pedido directamente su dimisión. Así que la dirección popular ha entrado en modo “control de daños”, que es el modo que, valga el juego de palabras, más daño le puede hacer a Barcala. Porque para el PP, lo prioritario en estos momentos es colocar un cortafuegos que no afecte, ni al resto de los ayuntamientos importantes, ni a sus expectativas de continuar después de las próximas elecciones al frente de la Generalitat como partido más votado.

Es decir, que el PP no quiere que Barcala caiga, sería lo que le faltaba después de la dimisión de Mazón por su penosa actuación en la DANA, pero tampoco hay ningún dirigente importante que no reconozca que forzar su dimisión es algo que no puede descartarse. Se ha convertido en un peón del que, si hay que prescindir, se prescindirá. Y, en todo caso, si antes de estallar este escándalo su repetición como candidato en 2027 era indiscutible, después de conocerse los hechos lo que todo el mundo piensa en el PP es que va a resultar difícil, incluso si logra terminar este mandato, que vuelva a encabezar la lista. Al paso que vamos, no va a haber Senado suficiente para tanto político del PP de esta tierra al que dar cobijo.

La moción de censura de la que tanto se ha hablado en los últimos días no tiene ninguna posibilidad de producirse. Ninguno de los cuatro partidos que tendrían que ponerse de acuerdo para ello (el PSOE, Compromís, Unidas-Podem y Vox) podrían ni querrían firmar un pacto así, ni siquiera para desalojar al PP del poder en la que ya es la décima ciudad de España por población. Tampoco, como es obvio, podrían formar entre ellos un gobierno ni ponerse de acuerdo en un nombre para la Alcaldía. Pero otra cosa es la capacidad de presión que Vox puede ejercer para conseguir que sea el PP el que aparte a Barcala y así poder ellos presumir de haberse cobrado su cabeza.

Ya ha empezado a trasladar la movilización a la calle celebrando este fin de semana un primer acto público de agitación para exigir que Barcala se vaya, ganándole de nuevo por la mano a la izquierda. Para el Palau, dentro de lo difícil de la situación, resultó un alivio en ese sentido que, en el cierre de la campaña electoral de Aragón, donde este domingo se celebran elecciones, Abascal aludiera al escándalo de las viviendas circunscribiéndolo a Alicante, sin extenderlo a la Generalitat ni al gobierno de Pérez Llorca.

Los populares han encargado ya estudios para saber la profundidad del agujero que a escala autonómica le ha provocado este suceso. Esperan que poco a poco el perímetro se vaya limitando a Alicante. Y van a mantener contactos, una vez pasen las elecciones en Aragón, con la dirección nacional de Vox, para saber hasta dónde están dispuestos a llegar. El PP también va a ser exigente con Barcala: si consigue salir de ésta, tendrá que hacer cambios profundos en el funcionamiento de su equipo de gobierno, moderar su carácter y afrontar los grandes problemas que tiene la ciudad. Porque si todo el plan hasta aquí ha sido simplemente gestionar el día a día, y ni siquiera eso se ha hecho bien, el futuro del alcalde, caiga ahora o se mantenga, no es precisamente halagüeño. “Ha demostrado agilidad en su reacción y también ha sido capaz de mostrarse humilde ante los ciudadanos y pedirles perdón, pero con ser mucho, eso a estas alturas ya no basta”, señalaba ayer un alto dirigente popular.

Nadie podía imaginar, cuando Mazón ganó las elecciones de 2023 y Barcala se quedó a un solo concejal de la mayoría absoluta, que el PP iba a brindar tantas oportunidades a los partidos que formaban el Botànic para volver al gobierno tras una sola legislatura. Sin embargo, no parece que la izquierda esté siendo capaz de aprovechar la situación. La suerte que tiene Barcala es la de que la candidatura con la que se presentó a las últimas elecciones municipales era muy pobre, con lo que su sustitución en estos momentos no sería nada fácil. No hay en ese banquillo de donde tirar.

Pero sobre todo que enfrente tiene partidos enzarzados en fuertes divisiones internas. Hasta Vox está fracturado. Y la ventaja que, por su parte, tiene Pérez Llorca es que cuenta en las Corts con una oposición tan débil que a veces parece de chiste. ¿Que me paso? Pues díganme ustedes qué sino un mal chiste que una fuerza política que se proclama la única verdaderamente valenciana, digo de Compromís, difunda una encuesta donde Vox sería el partido ganador de las próximas elecciones, pero no para alentar con eso el miedo a la ultraderecha, sino para pavonearse de que, bueno, no está tan mal, porque ellos serían los segundos. Viendo tal disparate, no sabes si echarte a reir con la paciencia del santo Job o irte a llorar desconsoladamente a casa. Si la tienes, claro.

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