VPP bajo sospecha

Hace algo más de una semana tomábamos conocimiento de una noticia, firmada por Mercedes Gallego y Carolina Pascual, que, ya desde su apariencia más básica, llamaba a la preocupación. En una promoción de viviendas protegidas, escasísimas, habían conseguido adjudicaciones varias personas vinculadas al Ayuntamiento y la Generalitat: la concejala de Urbanismo, tres familiares de la jefa de Contratación del Ayuntamiento, el jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo, un arquitecto municipal y una técnica del Consistorio al que su marido, trabajador de la Generalitat, validó su solicitud. Demasiados son para avalar sospechas.

Siendo el problema de la vivienda seguramente el más grave que padece esta sociedad, que quien no reúne las condiciones y aprovechando un puesto oficial se beneficie de las ventajas que se ofrecen a quienes lo necesitan, es demostración palpable de un mal extendido que no se limita a unos, sino que afecta a la sociedad toda. No hay siglas que se escapen, ni ideas que salvaguarden el deber ser.

Varias administraciones están implicadas en los sucesos de la urbanización Les Naus, la local y la autonómica y, del mismo modo, lo están al nivel que se determine, sujetos vinculados a ambas. La responsabilidad personal de unos y otros se dilucidará donde proceda y concluirse con las consecuencias que deben derivarse de los hechos. La que afecta a quienes los eligieron y pudieron o no saber, queda en el aire. Habrá que determinar, obligadamente, sus responsabilidades en el grado que sea. Que en un Ayuntamiento como el nuestro no fuera conocido que algunos funcionarios y allegados hubieran adquirido viviendas, es poco creíble. Que haya sido la prensa, otra vez para nuestra suerte, la que revelara los hechos, es prueba de que, sin ella, el secreto permanecería donde debe brillar la transparencia y que todo límite a la libertad de información ha de considerarse un atentado a la sociedad frente al poder.

Lo sucedido causa desazón, tristeza, pena. Los hechos no pueden pasar desapercibidos cuando los expedientes pasan de mano en mano. Un expediente no llega y se deposita sin que nadie lo vea y menos cuando se realizan informes que denuncian los hechos y que, parece ser, nadie ve. No se trataban, los adquirentes, de personas sin rango y posición institucional, sino bien instaladas en el aparato municipal. Los que deciden a quién, lo hacen a ellos mismos. Y pueden omitir los requisitos o conjugarlos de manera aparente, pero inadecuada e ilícita. Podría ser.

Lo que debe preocupar es que puedan suceder hechos como estos en momentos en los que falta vivienda social y que, cuando se construye por primera vez en Alicante, se derive a personas sin derecho a adquirirlas. Más grave incluso es que, adquiridas a precios bajos, inmediatamente, las pongan en venta por el doble, pero exigiendo la mitad en "b" dado que la ley no permite que salgan al mercado libre. Actuar con convencimiento de impunidad es un rasgo que define una clase política que carece de normas éticas y que faltan controles y exigencias en los nombramientos discrecionales.

Y la regulación sobre VPP adolece de falta de publicidad y permite conductas como las acaecidas. Que con fondos públicos accedan a viviendas protegidas quienes no deben estarlo.

Cuando la construcción de vivienda social se ha abandonado, incumpliendo el Estado sus obligaciones, que traslada a los ciudadanos, que no son responsables de cumplir con los derechos de los demás, apreciar que, si se hace, es aprovechada desde instancias políticas, desvanece toda esperanza en soluciones viables. No se construye, no se fomenta el alquiler desde las garantías de quienes alquilan que, quieran o no los ideólogos, conduce a la reducción de la oferta y la subida de precios y, lo poco que se hace desde el obligado, hablador, pero pasivo, se reparte cual botín, forma parte de un drama que debemos soportar, parece, desde la quietud de la resignación.

Otra cosa es conjugar el verbo dimitir en un país como el nuestro. Claro que la dimisión es una decisión normal en un sistema democrático cuando, por acción u omisión, se infringen reglas legales o éticas. Pero aquí la dimisión no responde a exigencias de esta naturaleza, sino a intereses políticos que mueven o amparan a los que yerran en sus actos. Quien se deslegitima por su mal hacer no puede exigir al adversario que abandone si, a la vez, no hace lo propio, ni exige a los suyos lo mismo.

Faltan normas de obligado cumplimiento, para todos sin excepción, que, al margen de las responsabilidades que determinen los tribunales acerquen la ética al ejercicio de la política. Porque, visto está, ni los estatutos de los partidos, modelo de ejemplaridad, se cumplen, ni la moral impera. Es difícil, ciertamente, regular una materia que afecta a la presunción de inocencia, máxime cuando la sociedad está polarizada y los medios de comunicación, con escasas excepciones como este periódico, toman partido de forma decidida. Pero la responsabilidad política debería desligarse de la judicial, determinada por actos concretos y especificados, de modo que, incluso, se descargaría al Poder Judicial de una evidente judicialización que se busca para lograr fines ajenos a veces al derecho.

No se hará nada al respecto. Todo quedará en manos de los partidos que juegan un juego distinto, medido en términos de poder y conveniencia. Cada día nos levantamos con un nuevo escándalo. Y nadie pone remedio a la degeneración del sistema democrático.

Suscríbete para seguir leyendo