Redes: ¿proteger o influir?

La tensión entre el poder político y el tecnológico no es nueva, aunque hoy adopte nuevas formas. La posición de Pedro Sánchez frente a las redes sociales y los tecnooligarcas se ha endurecido en los últimos días, con propuestas para reforzar el control sobre las plataformas en nombre de la protección de los menores y la lucha contra la desinformación. La reacción del sector tecnológico no se ha hecho esperar. Elon Musk ha denunciado lo que considera una deriva intervencionista, mientras Pável Dúrov, fundador de Telegram, ha alertado desde su propio entorno digital del riesgo de que los gobiernos amplíen su influencia sobre la comunicación privada.

Una contradicción evidente al lanzar la advertencia mediante un mensaje directo, entrando precisamente en el espacio cuya intromisión criticaba. Esa ambivalencia -cuestionar al poder político desde una posición de poder tecnológico y con prácticas similares- refleja bien el trasfondo del conflicto: la competencia por fijar los límites y mantener la propia influencia.

Con todo, el enfrentamiento no es, aunque se sugiera, una lucha de David contra Goliat. Ni Sánchez está solo ni en posición de debilidad. Otros gobiernos han expresado posiciones similares y, sobre todo, la Unión Europea ya dispone desde 2022 de un ambicioso marco regulatorio para limitar el poder de las grandes tecnológicas: la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA), dos normas que abordan el poder de estas compañías y prevén sanciones relevantes. La primera refuerza la responsabilidad de las plataformas sobre contenidos, transparencia publicitaria y gestión de riesgos, mientras que la segunda busca evitar abusos de posición dominante y prácticas anticompetitivas.

Además, la normativa vigente en materia de protección de datos y otras figuras vinculadas a la intromisión ilegítima ya ofrecen herramientas para actuar. Otra cosa es que su aplicación en el entorno digital resulte compleja y que haya zonas grises que requieran ajustes. El problema, por tanto, radica en buena medida en las dificultades de aplicación y en la necesidad de adaptar normas pensadas para otros contextos.

Pero, como ha recordado el periodista Joan Cañete, en comunicación casi nada es nuevo: cambian los canales, no las lógicas de poder. Si antes fueron los grandes medios tradicionales, hoy lo son las plataformas, pero la disputa por la fijación de la agenda sigue siendo la misma. Es por ello que cabe preguntarse si el endurecimiento del discurso por parte de Sánchez responde a la voluntad de proteger a los ciudadanos o más bien a la incomodidad por el crecimiento de espacios que escapan al control político directo.

Porque, a diferencia de los medios convencionales -donde la publicidad institucional ha operado durante años como un mecanismo de influencia más o menos sutil-, las redes sociales son más difíciles de modular. De ahí el riesgo de que, bajo un legítimo discurso sobre derechos y seguridad, no haya más que la vieja disputa por el control del relato público.

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