El debate sobre el impuesto Zucman a las grandes fortunas

Gabriel Zuzcam es un joven economista discípulo de Piketty. Dirige el Observatorio Fiscal de la UE de la Paris School of Economics y sus trabajos sobre fiscalidad internacional han demostrado que, gracias a vacíos legales y estrategias de optimización o evasión fiscal, los multimillonarios tributan cantidades proporcionalmente mucho menores que el resto de los ciudadanos. Para corregir esta injusticia que aumenta la desigualdad y crea problemas a la financiación del Estado del Bienestar, Zuzcam propuso gravar con un 2% anual los patrimonios netos superiores a los 100 millones de euros así como un conjunto de medidas complementarias para evitar la fuga de esas fortunas a otros países.

El economista francés fue invitado a exponer su propuesta en la cumbre del G20 de Río de Janeiro y varios países, entre ellos España, se comprometieron a estudiarla.La Asamblea francesa aprobó el impuesto en 2025, si bien el Senado lo rechazó después, habiendo creado ello una gran controversia ya que, según las encuestas del Instituto de Opinión Pública, un 86% de los franceses está de acuerdo con el gravamen. También siete Premios Nobel de Economía pidieron en Le Monde que Francia implantara el impuesto.

Los partidos de centro y derecha franceses, la patronal encabezada por Bernard Arnault, la prensa liberal y también algunos académicos neoliberales y anarcocapitalistas se oponen al impuesto utilizando varios argumentos. Uno de los fundamentales es el “paradigma” de que subir los impuestos atenta contra la inversión y, por consiguiente, contra el crecimiento económico. Escribo este artículo para criticar ese “paradigma” desde la Teoría y la Historia Económica.

Los hechos económicos son consecuencia de múltiples causas y no sólo de una, razón por la que la Teoría Económica opera con la llamada cláusula del “ceteris paribus” – A es consecuencia de B “ceteris paribus”, es decir, manteniendo constantes las demás causas de A -. El “paradigma” que he citado sostiene que la inversión depende exclusivamente de los impuestos: será elevada si son bajos y viceversa. Esto no es así porque existen otras causas que la determinan. Por ejemplo, las expectativas de los empresarios y el uso de recursos públicos. Por consiguiente, el “paradigma” será cierto siempre y cuando actúe la primera causa y no las otros dos. Es decir, cuando suban los impuestos siendo malas las expectativas y el Estado no invierta. Por el contrario, es posible que un aumento de los impuestos no disminuya la inversión si las expectativas son favorables y el mayor ingreso fiscal se transforma en gasto público en infraestructuras, sanidad, educación o I+D transferible a las empresas.

Esto último sucedió, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial en los países de la Europa Occidental que comenzaron a construir el Estado del Bienestar. Antes de 1950, su presión fiscal (porcentaje de impuestos y cotizaciones sociales sobre PIB) se situaba en torno al 20% y en 1970 en torno al 30% del PIB. Durante ese período en el que la presión tributaria subió diez puntos, la formación bruta de capital se multiplicó en términos reales por 2,5, correspondiendo un 70% a la inversión privada y un 30% a la pública. Huelga decir que lo mismo ocurrió en España tras la reforma fiscal del gobierno de Suárez en 1979. Ese año, la presión tributaria era inferior al 15% del PIB y antes de La Gran Recesión alcanzó el al 36%. La formación bruta de capital en España se multiplicó entonces por 3,5 en términos reales y cerca del 80% de ella fue inversión privada.

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