Vivir junto al mar

Tras los últimos temporales, y contemplando los problemas causados en los paseos marítimos y las edificaciones de primera línea de nuestra Comunidad, me decido a escribir esta columna sobre la problemática de las vivienda y las urbanizaciones situadas junto al mar. En estos últimos días hemos visto los efectos de la invasión marina de zonas edificadas y la alta vulnerabilidad de estos territorios. En efecto, los terrenos edificados junto al mar están sujetos a distintos riesgos naturales de origen marino que los convierten en suelos inestables. Construir en las inmediaciones del mar es hacerlo en un terreno frágil sobre el que intervienen un conjunto de contingencias debidas a fenómenos naturales marinos que debe ser asumido. Aunque la fragilidad o vulnerabilidad hay que decir que no son de los territorios sino de los humanos que los habitan.

Centrándonos en los riesgos (para los humanos), los principales son la pérdida de suelo y el avance de la línea marítimo-terrestre, la erosión del litoral, las inundaciones por temporales, incluso fenómenos sísmicos que lleguen a producir tsunamis. Aunque los expertos señalan las costas Atlánticas y Cantábricas como las más afectadas por los fenómenos costeros, hay que considerar que nuestro litoral resulta muy cambiante y de poca profundidad. Todavía en tiempo histórico el «Sinus Ilicitanus» era un golfo que se extendía hacia El Hondo y parte de la Vega Baja.

El problema hemos de decir que radica no en la naturaleza, que sigue sus ciclos, sino en la intervención del hombre en nuestras costas y la antropización de un territorio sin conciencia de la problemática de posibles peligros que puede contener. Este conjunto de riesgos debe enmarcarse en un proceso genérico que es el cambio climático general y que en nuestras costas toma un aspecto definido: el calentamiento del mar Mediterráneo. Me resulta extraño que nuestra normativa de riesgos no contemple los fenómenos costeros. Ante esta carencia, creo que el Ayuntamiento debe ir elaborando un Plan de Riesgos que, junto a terremotos e inundaciones, contemple los fenómenos costeros. Y esto previo a la elaboración de un Plan General. En este sentido, sería interesante elaborar mapas de ocupación costera estableciendo grados de riesgo por la situación de los inmuebles.

Mención aparte merecen las edificaciones dentro de la cambiante (administrativamente) línea marítimo-terrestre, que están sujetas por los distintos gobiernos a limitaciones en su mantenimiento y que resultan de una gran complejidad. El derecho a la vivienda debe ser tenido en cuenta y la claridad en las limitaciones a la propiedad debe ser nítida. Resulta inexcusable en un mercado tan importante para nuestra región como es el de la vivienda turística la confianza en la seguridad jurídica.

Tengo que decir que yo veraneaba en Santa Pola, en uno de aquellos chalets situados en el puerto y solo guardo gratos recuerdos de ello. Era fresco en verano, pues el nivel freático inundado por el mar estaba muy próximo al pavimento y refrescaba la casa como un suelo que irradiara frescura (y humedad). La altura considerable de la edificación hacia que junto al piso se tuviera una sensación agradable. Pero evidentemente esta situación contenía un riesgo. El mar podía introducirse bajo la casa socavando sus cimientos y solera. Algo parecido ha sucedido en algunos chalets de La Marina; cada cierto tiempo alterados por los temporales de levante. Recuerdo que La Marina fue uno de los pocos sitios donde cuando hice el Plan de Edificios Protegidos me recibieron con abrazos por su inclusión en el plan con un cierto nivel de protección.

Hemos dicho que los problemas de propiedad son esenciales para el funcionamiento de un mercado de viviendas que debe dejar taxativamente claro qué derechos competen a cada cual. Las sucesivas delimitaciones de la línea marítimo- terrestre, con los graves problemas de propiedad que acarrean, hacen un flaco favor a nuestra protección legal de la vivienda. La aplicación de la Ley de Costas sobre viviendas que se edificaron en lo que se entendía un solar privado y hoy se encuentran dentro del dominio público causan perjuicios en la propiedad. Llama la atención la nueva Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, que reclama para el Consell la posibilidad de intervenir en estos conflictos. El Consell parece querer incluir, como hice hace años, principios de conservación por valores históricos, culturales o etnológicos en estas edificaciones. Pero, ojo, los riesgos que se afrontan son elevados. La ley se encuentra paralizada por un recurso del Gobierno central que aduce invasión, no marítima sino de competencias.

Como conclusión, repetiré las palabras del Laboratorio de Costas de la Universidad Politécnica de Valencia, institución a la que me siento vinculado: «Queremos decirlo alto y claro: no es solo el cambio climático el que está destruyendo nuestras playas. La situación se ha agravado por una gestión desvariada, incoherente y negligente de las instituciones públicas».

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