Reformar el sistema electoral

Nuestro sistema constitucional saltó por los aires, en su esencia, cuando Zapatero decidió romper con los consensos básicos en su segunda legislatura y crear un frente común de izquierdas y nacionalista, que impidiera o dificultara la alternancia como modo ordinario de gobierno. Y, como consecuencia, abandonar la política de pactos con el PP que, hasta ese momento, existían en las materias más importantes. El que se firmó sobre Justicia es irrepetible en la actualidad.

Nuestra Constitución nace en la Transición y fue fruto del consenso derivado del espíritu de concordia que puso fin a la guerra incivil y al franquismo. De esa idea de consenso, de acuerdo, de convivencia, de anteponer los intereses comunes a la imposición, de la fraternidad antes que la confrontación irracional que dimana siempre del populismo más vulgar, nació el sistema electoral proporcional. Este sistema permite la representatividad de muchas formaciones porque se entendía que todas las ideas debían estar presentes en la vida cotidiana que, se pensaba, estaría presidida por el respeto mutuo.

Aunque el sistema d’Hont favorece en cierto modo a las mayorías. Alianza Popular, previa a UCD, optaba por el sistema mayoritario, que prima el voto de los grandes partidos y mayorías sólidas, a la vez que dificulta la presencia de los partidos pequeños en el Congreso. La circunscripción provincial, que favorece a los más pequeños, abre la puerta a partidos nacionalistas que padecen en elecciones con circunscripción estatal. Y las mayorías absolutas son casi imposibles; antes menos, ahora, inimaginables.

Este Gobierno, que ha pactado con decenas de pequeñas formaciones obviando a la derecha que representa a la mitad, es el ejemplo y la lección que debe llevarnos a meditar sobre la ruptura del pacto constitucional, que no sólo no se quiere ni entiende, sino que es contemplado con repulsa por muchos que han olvidado el esfuerzo y la belleza, y digo belleza, de una etapa en la vida de la nación que nos devolvió la paz, la concordia y el perdón en palabras de Azaña.

La Constitución, perdida su base, debería reformarse e implantar el sistema mayoritario, pues el momento presente es refractario a los pactos que ponen por delante la nación y los ciudadanos, ya irrepetibles. Para ser coherente con la confrontación irracional entre dos bloques que impide que un gobierno gobierne sin tener que prestarse a compraventas absurdas, a programas contradictorios, a ridículos internacionales, a inestabilidad, para ser coherente con la realidad, la Constitución debe adaptarse a la realidad, pues aquella no responde a ésta.

Gobiernos fuertes son la única salida a una experiencia que, fuera de la teoría, siembra inestabilidad, incertezas, ineficacia y pesadumbre. Y el futuro no se aventura menor.

El sistema mayoritario existe y allá donde funciona, con correctivos, proporciona ventajas que no pueden obviarse. Sus defectos son inferiores a las consecuencias del alejamiento de la ciudadanía de la política y de unos políticos que han decidido abandonar el espíritu constitucional y avanzar en el enfrentamiento populista que no sólo, como es normal, preside a la oposición mientras lo es, sino que informa la actuación de gobiernos que no gobiernan, que no buscan la eficacia, sino la palabra, el discurso aparente y abandonan a los ciudadanos en su vida cotidiana.

El populismo y el choque define la labor del Gobierno que se mueve sin rumbo por consignas cuya realización no es lo importante, sino el efecto producido y la adhesión o el olvido de lo sucedido.

Cuando el populismo no es solo propio de la oposición, el Gobierno deja de cumplir con sus funciones, pues eficacia y populismo son incompatibles.

Vox no quiere en este momento ser gobierno porque gobernar, si se hace, exige moderación y realismo, pues los ciudadanos exigen a los gobiernos lo que, naturalmente, no se pide a una oposición que es ajena a los resultados. Gobernar, si se quiere hacer, impone adaptar el discurso a los medios y resultados, lo que conduce al abandono de las grandes palabras. Gobernar, en definitiva, no es lo que identifica a un PSOE cuyos objetivos de permanencia por sí misma se ponen por delante de los efectos en el marco social, cada vez más dañado en vivienda, sanidad, transporte o educación.

Nadie gobierna desde la responsabilidad de hacerlo, mientras la oposición, que es oposición, tampoco ofrece un proyecto pues le basta derrumbar al adversario unos, el PP y elevar el populismo a extremos bien identificables, como Vox y los partidos de la izquierda radical.

Una vez caiga este PSOE, que lo hará con resultados nefastos que cada día son peores, los grandes partidos tendrán que acordar si volver al constitucionalismo en vigor conforme a la Constitución de 1978 y su espíritu o reformarla en el fondo. Y el sistema electoral deberá ser lo primero.

Esta propuesta está condenada al fracaso. Pero lo que es un fracaso es la inestabilidad y el precio de gobernar cediendo a formaciones con casi nula representatividad un poder que se niega a quienes representan a la mitad de la ciudadanía. Ahora, una; mañana, la otra.

Suscríbete para seguir leyendo