Vox y el dilema de la gobernabilidad

Vox está en una fase de crecimiento. La formación ha logrado consolidar una sólida base electoral y se ha convertido en un actor decisivo en distintos parlamentos autonómicos. Sin embargo, como sucede con los nuevos partidos exitosos, su principal desafío ya no es tanto ganar apoyos, sino cómo gestionar el poder que esos apoyos le otorgan. Y ahí se abre un dilema estratégico de fondo para el partido que se está manifestando con especial claridad en la investidura en Extremadura, lo hará con la de Aragón, y tendrá implicaciones en las elecciones en Castilla y León y Andalucía.

En el anterior ciclo electoral, Vox optó por una estrategia clara: facilitar las investiduras de gobiernos autonómicos del Partido Popular, participar en ellos y, cuando consideró que se cruzaba una línea política inasumible, abandonar los ejecutivos. El detonante fue una decisión de ámbito estatal -el reparto de menores inmigrantes entre comunidades autónomas- que el partido interpretó como incompatible con su posición. Aquella salida le permitió preservar coherencia ante su electorado, pero también proyectó una imagen de actor incómodo dentro de la gobernabilidad.

Hoy el escenario es distinto. Vox sigue creciendo, o al menos mantiene expectativas de crecimiento, y esa expectativa incentiva la tentación de evitar asumir los costes de gobernar para presentarse ante las próximas citas electorales como una fuerza en ascenso, sin desgaste institucional. Pero esa estrategia tiene un riesgo evidente. El crecimiento puede truncarse si, a ojos del electorado, el partido empieza a aparecer como una fuerza que, pudiendo decidir, prefiere no hacerlo. En Extremadura y Aragón el reloj institucional ya está en marcha. El calendario de investidura y la posibilidad de una disolución automática obligan a Vox a tomar una decisión inmediata. No decidir también es decidir. Y la amenaza de una repetición electoral en plena campaña electoral -más en Andalucía que en Castilla y León- introduce un factor adicional de riesgo. El encadenamiento de procesos electorales suele castigar a quienes son percibidos como responsables del bloqueo que los desencadena.

El dilema, en el fondo, es clásico en partidos que transitan del voto de protesta a la influencia real: ¿es preferible preservar pureza y las expectativas o asumir responsabilidades y el desgaste que inevitablemente estas comportan? En el anterior ciclo, Vox pudo argumentar que facilitaba la gobernabilidad y, al mismo tiempo, marcaba perfil propio. Ahora la ecuación es más exigente. Si decide no implicarse en la formación de gobiernos para no pagar el coste de gobernar, podría encontrarse con una penalización inesperada: ser percibido como una fuerza inútil. Y nada penaliza más que aparecer como una fuerza que, teniendo la capacidad de inclinar la balanza, opta por no hacerlo. El votante puede tolerar la discrepancia, incluso el conflicto. Pero castiga con dureza que su voto no sirva para nada. Y si no, que le pregunten a Ciudadanos.

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