Orihuela: regular desde el perchero

Al grupo municipal de Vox en Orihuela se le ha ocurrido una iniciativa para prohibir la entrada de mujeres con burka o niqab a edificios municipales.

Debe ser que se necesita lo irrelevante para obtener relevancia porque, efectivamente, un ayuntamiento podría tener potestad de regularización y ordenación del funcionamiento en sus edificios. Hasta ahí, correcto. El problema es la competencia formal y es la necesidad real y la proporcionalidad de la medida.

En un edificio público no rige un código estético, ni religioso, puede exigirse la identificación del mismo modo que, sin prohibición, se exige en aeropuertos o, por ejemplo, en sedes oficiales de superior rango y por razones de seguridad pública. Y eso ya está resuelto desde hace años: cualquier ciudadano puede ser requerido a identificarse cuando sea necesario para realizar un trámite. Si una persona lleva el rostro cubierto, basta con que se descubra puntualmente para verificar su identidad. Sin necesidad de convertir la excepción en una prohibición general.

Hace falta sentido común y de ello se encargó ya nuestro Tribunal Supremo en el año 2013 declarando nula una ordenanza en ese sentido de un determinado ayuntamiento. Evidentemente, una administración local no puede regular derechos fundamentales y así se pronunció, sin entrar en el fondo, el Tribunal Supremo.

La diferencia es importante: una cosa es exigir identificación en el momento preciso; otra muy distinta es prohibir de forma preventiva el acceso con una determinada prenda. Lo primero es funcional. Lo segundo es simbólico y hay que dedicarse a lo importante, que la lista es larga.

Y aquí aparece el verdadero núcleo del debate: la medida no soluciona un problema práctico relevante. No existe en Orihuela una crisis institucional provocada por mujeres con niqab bloqueando el funcionamiento de los servicios municipales. No hay colapso en el padrón, ni caos en urbanismo, ni expedientes paralizados por exceso de velo.

Hay, simplemente, una oportunidad política. Existen otras muchas cuestiones a resolver que preocupan al ciudadano. No puede buscarse protagonismo con inocuas iniciativas.

Si el objetivo fuera exclusivamente la identificación, a efectos de seguridad, bastaría con regular el procedimiento, no con vetar una prenda concreta. Porque la Administración necesita ver el rostro para identificar, no para decidir quién puede entrar.

Cuando un ayuntamiento dedica energía normativa a regular símbolos personales en lugar de servicios públicos, suele ser señal de que la gestión no da suficientes titulares.

El riesgo de este tipo de iniciativas no es jurídico El riesgo es político e institucional: convertir el reglamento interno de un edificio municipal en un escenario de batalla cultural, religiosa o ideológica.

Porque cuando un ayuntamiento dedica energía normativa a regular símbolos personales en lugar de servicios públicos, suele ser señal de que la gestión no da suficientes titulares.

Lo que no se puede hacer es disfrazar de necesidad administrativa lo que es, esencialmente, un gesto ideológico.

Y el gesto, por muy solemne que se apruebe en pleno, no sustituye al buen gobierno

José Luis Bernabé es abogado