23F: sin documentos no hay historia

La democracia española tiene ante sí una oportunidad que no debería desaprovechar. El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la desclasificación de los documentos del 23F no es un gesto simbólico ni una concesión política menor. Es una decisión que afecta a la calidad de nuestra vida pública y a la manera en que entendemos nuestro pasado reciente.

El 23 de febrero de 1981 no fue solo una jornada radiada de tensión. Fue una crisis de Estado. La entrada armada de Tejero en el Congreso, el papel de mandos militares como Jaime Milans del Bosch y las dudas y presiones de aquellas horas pusieron a prueba un sistema democrático aún en construcción. Desde entonces, el relato histórico se ha sostenido sobre sentencias judiciales, memorias y valiosos trabajos periodísticos y académicos. Pero seguimos sin disponer del conjunto de los documentos oficiales. Y esa ausencia deja preguntas abiertas.

Para cualquier historiador, el acceso a los archivos no es un privilegio, es la base de nuestro oficio. Sin documentación completa, la investigación avanza entre hipótesis. Abrir los fondos permite contrastar versiones, delimitar responsabilidades y comprender mejor cómo funcionaron realmente las instituciones. Cuando faltan papeles, el vacío lo ocupan la sospecha y la especulación.

En este sentido, España arrastra una cultura del secreto más prolongada de lo razonable. La actual normativa sobre secretos oficiales, heredera de la legislación de 1968, ha permitido prórrogas indefinidas y amplios márgenes de discrecionalidad administrativa. En la práctica, esto ha supuesto que documentos de más de cuarenta años sigan cerrados sin un calendario claro de apertura. La comparación con otras democracias europeas, donde los plazos son automáticos y previsibles, no nos favorece.

No se trata solo de una cuestión académica. Está en juego el derecho de los ciudadanos a conocer su historia. Una democracia sólida no teme la luz. Creo más bien que se fortalece con ella. La opacidad y el secretismo, en cambio, erosionan la confianza pública y alimentan relatos alternativos que prosperan allí donde faltan pruebas accesibles. Y es terreno abonado para los ultras de todo tipo y condición.

La desclasificación del 23F debería ser un primer paso, no una excepción. Nuestra historia reciente incluye otros ámbitos todavía insuficientemente documentados, como podría ser la violencia política durante la Transición, la actuación de los servicios de información o determinadas decisiones estratégicas en materia de política exterior. No es una cuestión de curiosidad retrospectiva, sino de calidad del debate público. Sin una base documental sólida, la discusión democrática se debilita.

Como ya he comentado en otras ocasiones, conocer nuestro pasado (y abrir archivos es eso) no equivale a reabrir heridas de forma irresponsable. Al contrario, permite abordarlas con rigor. Las democracias que han afrontado con mayor madurez sus crisis pasadas lo han hecho a través de la transparencia y la asunción documentada de responsabilidades. El silencio prolongado no protege la convivencia, sino que la desgasta.

Quiero destacar aquí que en los últimos años se ha avanzado en la conservación y organización de fondos documentales, gracias en gran parte al trabajo digno de reconocimiento de muchos archiveros. Pero sigue pendiente una reforma integral que establezca plazos máximos de clasificación, criterios objetivos y mecanismos de revisión independientes.

La digitalización, además, debe traducirse en acceso real, no solo formal. Como profesor de Historia Contemporánea, he visto investigaciones solventes detenerse ante puertas cerradas o respuestas ambiguas. No es una reivindicación corporativa. Es una cuestión de calidad democrática. Sin archivos abiertos, la historia queda incompleta. Y cuando la historia queda incompleta, el espacio público se llena de versiones parciales.

El 23F no es un episodio menor. Es una prueba de nuestra capacidad para mirar de frente los momentos más delicados de nuestra trayectoria democrática. Si creemos en la fortaleza de nuestras instituciones, no deberíamos temer a los documentos. La democracia no se defiende ocultando papeles durante décadas. Se defiende permitiendo que puedan leerse, analizarse y debatirse con libertad. Solo así la historia deja de ser terreno de sospecha y se convierte en conocimiento compartido.

Suscríbete para seguir leyendo