Les Naus: cuando la vivienda protegida deja de proteger

Hay escándalos que nacen del ruido político y se desinflan en dos semanas. Y hay otros que duelen porque tocan algo mucho más profundo: la confianza en cómo se gestiona lo que es de todos. El caso de Les Naus, en Alicante, pertenece a la segunda categoría.

La historia empieza con una parcela municipal en una de las zonas más cotizadas de la ciudad. Suelo público. No es un detalle técnico: es el punto de partida moral y jurídico de todo lo que viene después. Cuando una administración enajena patrimonio municipal para construir vivienda protegida, lo hace porque existe una finalidad social que lo justifica. Si no, ese suelo habría salido al mercado con otro precio y otro destino.

El descuento implícito -directo o indirecto- no es un regalo. Es una inversión pública en igualdad. Y sin embargo, el resultado final ha sido una promoción con piscina, instalaciones deportivas, entorno exclusivo y perfiles adjudicatarios que han levantado más cejas que ilusión. Nada de eso es ilegal por sí mismo. De momento. Pero todo junto dibuja un contraste incómodo entre el espíritu de la vivienda protegida y la realidad que ha terminado emergiendo.

La defensa oficial es conocida: fue una promoción cooperativa; la adjudicación fue decisión interna; la Generalitat visaba contratos y comprobaba requisitos. Todo correcto, dicen. Pero aquí no se debate solo la forma. Se debate el fondo.

Cuando la confianza se rompe, el Derecho deja de ser un trámite y se convierte en herramienta de restitución

Porque aunque la adjudicación final la gestione una cooperativa, el suelo era público. Y el suelo público no es un soporte neutro. Implica obligaciones reforzadas de control, transparencia y garantía del fin social. No basta con que el procedimiento sea formalmente correcto, debe ser materialmente coherente con la finalidad que justificó vender ese patrimonio en condiciones especiales. Si la vivienda protegida termina percibiéndose como una vía accesible para quienes menos dificultades tienen, el problema no es estético. Es estructural.

El caso ha cruzado ya la frontera de la polémica. Hay diligencias judiciales en marcha. La jueza ha pedido expedientes al Ayuntamiento, a la Conselleria de Vivienda y a la cooperativa. La Fiscalía investiga posibles delitos como prevaricación, negociaciones prohibidas o fraude. Ha habido renuncias de adjudicatarios. Y un informe policial ha descrito empadronamientos dudosos y patrones poco compatibles con la residencia habitual que exige el régimen protegido.

Todo eso no demuestra culpabilidades. Pero sí que la sospecha ha dejado de ser un comentario en redes para convertirse en materia judicial. Y entonces surge una palabra que incomoda: reversión.

No como consigna de pancarta, sino como concepto jurídico. Si el suelo público se enajenó bajo una finalidad social concreta y esa finalidad se ha desvirtuado, el ordenamiento prevé mecanismos para revisar lo actuado. Condiciones resolutorias, resolución contractual, incluso revisión de oficio en supuestos extremos. No es sencillo. No es automático. Pero tampoco es una fantasía.

La reversión no significa necesariamente derribar edificios ni expulsar a familias sin más. Significa recordar que el patrimonio público no es irrevocable cuando el interés general se frustra. Significa que lo que se cedió bajo una lógica social puede ser revisado si esa lógica desaparece.

La mera existencia de ese debate revela algo importante: cuando la confianza se rompe, el Derecho deja de ser un trámite y se convierte en herramienta de restitución.

Miles de personas esperan vivienda protegida. Para muchas familias, ese régimen no es una oportunidad de inversión ni un primer escalón patrimonial en zona «prime». Es la diferencia entre poder independizarse o no, entre pagar alquiler abusivo o tener estabilidad.

Cuando el instrumento diseñado para corregir desigualdades se percibe como una vía de consolidación de ventajas, la reacción social es inevitable. Lo hemos visto en la calle, con centenares de personas gritando «¡Devolved los pisos!». Lo vemos en la conversación pública que ya no se limita a partidos y portavoces.

El debate sobre sanciones -si son 30.000 euros o más- es casi secundario. Lo verdaderamente importante es si el sistema tiene mecanismos eficaces para corregir desviaciones y, sobre todo, para evitarlas. Porque el problema no es una piscina. Ni es un apellido conocido. Ni una foto en Instagram. Es el mensaje que se transmite cuando el uso del suelo público genera sospecha de privilegio. Si la finalidad social se diluye, la vivienda protegida deja de proteger. Y cuando lo público parece cómodo para unos pocos, deja de ser confiable para la mayoría. Les Naus no es solo un expediente. Es una prueba de estrés para la política de vivienda en Alicante. Y en este tipo de pruebas, lo que está en juego no es una promoción concreta. Es la credibilidad del sistema.

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