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El 23F en Alicante

45 años del 23F: así lo vivieron los alicantinos y alicantinas

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Mi compañero y maestro Rafael González Aguilar (R.G.A.) en periodismo me había comentado días antes del 23-F la conversación que mantuvo con un concejal socialista del Ayuntamiento de Alicante. El edil le preguntó qué tal vería un Gobierno de concentración presidido por un militar transitoriamente para salir de la situación de shock en la que estaba el país con Suárez paralizado, con decenas de atentados de ETA cada mes, con el Rey y parte de los generales queriendo cambiar al presidente de Gobierno.

Era la misma consulta que le habían hecho a Fernández Valenzuela, entonces teniente de alcalde, un dirigente del PSOE federal,-no era ni González ni Guerra- desde Madrid. Rafael calificó aquello de inconstitucional y golpe de Estado. Y que le recordaba al golpe encubierto del general Primo de Rivera. La conversación nos vino a la memoria cuando el 23 de febrero de 1981 estábamos en la redacción de La Verdad escribiendo las noticias del día, el redactor jefe José Luis Masía cerraba páginas, mientras escuchábamos en la radio la retransmisión del Pleno del Congreso para sustituir al ya dimitido Adolfo Suárez en la presidencia del Gobierno. De pronto atronó el "¡quieto todo el mundo!", seguido de disparos.

Mientras la radio daba lectura del bando del general jefe de la III región militar, Miláns del Bosch, José Luis me mandó a mí a cubrir el pleno del Ayuntamiento que se debía iniciar poco después y a Enrique Entrena, con Ángel García, a que se acercaran al Gobierno Militar a ver qué novedades tenían allí. Mientras, él y Rafael hablaban con el Gobierno Civil donde estaba el suplente, y secretario general, Luis Romero. Poco después un jeep militar se estacionó en la puerta de la redacción en la calle Navas y un oficial del servicio de información militar pasó con la orden de supervisar y controlar todas las noticias que salieran de allí. El bando militar ordenaba retirarse de las calles a partir de las diez de la noche.

Cuando llegué al Ayuntamiento, el alcalde, José Luis Lassaletta, había hablado por teléfono con el gobernador militar que le dijo que siguiera con la agenda que tuvieran ese día, según nos comentó. El alcalde convocó una reunión de portavoces de los tres grupos de la Corporación: PSOE, UCD y PCE -Fernández Valenzuela, Luis Carlos Amérigo y José María Perea-. Acordaron que, aunque estaban todos los concejales en el Ayuntamiento, solo pasaran al pleno los portavoces y el alcalde; una vez dentro del salón, el alcalde suspendió el pleno por falta de quórum. Supe por Antonio Fernández Valenzuela que el entonces jefe de la Policía Local había dado órdenes a toda la plantilla de ir de servicio, ese día, sin armas de fuego.

El golpe de Estado del 23F.

El golpe de Estado del 23F. / Archivo

Los cuatro o seis policías locales de servicio en el pleno sí que llevaban su arma reglamentaria y, bastante sonrientes, a las órdenes de un suboficial al que apodaban "el gitano". Fernández Valenzuela que era concejal de Tráfico y Seguridad envió posteriormente al entonces jefe de la Policía Local a realizar informes de cómo organizar la seguridad a distintas ciudades de España, desde La Coruña a Málaga hasta su jubilación; entretanto, Valenzuela sacó la oposición a superintendente, plaza que fue ocupada por un oficial de Estado Mayor, Emilio del Nido.

Enrique Entrena estuvo en el Gobierno Militar viendo acercarse a algunos conocidos civiles de la ciudad a ponerse a disposición de la "nueva autoridad", según nos contó. Enrique era familia de un general y conocía personalmente al gobernador, el general de Brigada Leonardo López Fernández.

Tras la aparición de Juan Carlos I en televisión, el oficial que estaba en la redacción se retiraría y, según se supo después, el general López Fernández fue enviado por el Rey a Valencia a exigir la retirada de los tanques de las calles de la capital de la comunidad y deponer a Milans.

Hubo rumores no confirmados de que a los "somatenes" -civiles armados franquistas- se les habría facilitado listas de militantes de izquierda en algunos pueblos. Los partidos pusieron a salvo o destruyeron sus archivos, y algún senador se puso a salvo él saliendo a navegar a altamar.

Tras 45 años hoy podemos contarlo, lo que no es poco, ¡créanme! Nadie lo hubiera asegurado entonces.

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