Alicante sí, pero no así

El 23 de mayo de 2023 el Partido Popular ganó las elecciones autonómicas con una palabra constantemente en la boca: Alicante. Alicante como agravio histórico. Alicante como provincia olvidada. Alicante como motor económico que merecía, por fin, un gobierno que barriera para casa. El gobierno de los mejores, que decía el Partido Popular. Dos años y medio después, la pregunta es obligada: ¿está Alicante mejor hoy que entonces?

La respuesta es clara: no. Está peor. La radiografía económica, administrativa, política y social de lo ocurrido desde que el PP, con el apoyo de Vox, llegó al poder prometiendo un supuesto renacimiento provincial no muestra otra cosa que una regresión en toda regla.

La realidad más inmediata devuelve a los alicantinos y a las alicantinas al lugar del que tanto le costó sacarnos al Botànic, el primer gobierno de izquierdas valenciano del siglo XXI. Ese lugar no es otro lugar que el del escándalo sistemático en el que no sumieron los anteriores consells del PP. Hablo de lo ocurrido en el residencial de Les Naus, en Alicante, un patrón en las políticas públicas de la derecha valenciana: una realidad de privilegios, de redes clientelares, de fallos de control administrativo y de una forma muy concreta de entender el poder.

Y cuando la vivienda pública —en un contexto de emergencia habitacional y listas de demandantes interminables— se convierte en el ascensor para los de siempre, la pregunta es inevitable: ¿quién supervisa? ¿Cuándo se revisan los expedientes? ¿Qué controles fallaron? ¿Por qué en el Ayuntamiento de Alicante o la Generalitat no se cumplen ni los mínimos de la ley de Transparencia? La vivienda protegida no puede ser el botín de una élite de chupópteros de la teta pública.

Les Naus son una metáfora política. Un capítulo más de un libro que podría titularse perfectamente Cómo mueren las democracias: debilitando los controles, normalizando el privilegio y despreciando el interés general.

La legislatura comenzó fuerte. Pero no en gestión, sino en confrontación. PP y Vox se lanzaron a una guerra cultural sin miramientos en términos presupuestarios: recortes en transparencia, en políticas feministas. Tijeretazos en cambio climático, a los impuestos que pagan las rentas altas. La llamada “ley de libertad educativa” generó más problemas organizativos que soluciones reales. Fuera las políticas de Memoria, ni un duro para que la gente saque a sus parientes republicanos de las cunetas. De la formación al profesorado, los profesores pueden dar cursos para explicar el siglo XX y, por extensión, la Guerra Civil o qué es una dictadura. La metáfora perfecta la encontramos en Orihuela, donde en 2023 el Partido Popular colocó a un alcalde acusado de fraude por la justicia y hoy se encargan unos y otros en desmantelar el legado de Miguel Hernández eliminando La Senda del Poeta. Esa es su idea de cultura.

El balance social de esta guerra contra todo valor de progreso es más que preocupante. En Valencia ya saben lo que suponen gobernantes que no creen en el cambio climático. En Alicante podemos asegurar que mientras proliferan oficinas antiokupas o antiaborto de las que poco sabemos, los grupos provida normalizan campañas de acoso frente a clínicas ginecológicas; seguimos siendo la única provincia valenciana donde apenas se practican abortos en centros públicos; según el sistema SIVIO, la violencia de género ha aumentado un 148 % en la provincia y los cribados de prevención se han reducido un 33%.

¿Y los empresarios que querían tanto a Alicante? El diálogo social está en mínimos, pero ya se acabaron las sesiones de golpes en el pecho de ese empresariado tan alicantino y muy alicantino. El liberalismo del PP y la falta de críticas a su gestión se entiende mejor cuando se observan las relaciones presupuestarias con la Cámara de Comercio de Alicante, que supera el 80 % de su financiación pública.

¿Y la Diputación de Alicante? Usada como ariete la pasada legislatura contra el gobierno de izquierdas, hoy pena en la irrelevancia. No ha sido siquiera capaz de crear un Fondo de Cooperación como los creados en Valencia y Castellón para que los municipios contaran con libertad económica. Su presidente, también del PP, gestiona un Benidorm sumido en la bancarrota.

Mucho discurso provincialista y poca política provincial real. En lo sanitario, seguimos siendo un banco de pruebas del liberalismo de amiguetes de nuestra derecha, el patio trasero de la empresa Ribera Salud, gestora del último hospital público de gestión privada. En el hospital del Vinalopó, del que dependemos más de 130.000 personas, entre opacidad y marketing, siguen vendiendo un modelo que dicen que es el más eficiente, pero la realidad que denunciamos las personas usuarias habla de falta de especialistas, listas de espera ocultas y tensión en Atención Primaria. Y aquí conviene hacerse una pregunta: ¿qué lugar del mundo conocen ustedes en el que el principal responsable de la Sanidad mantiene un departamento sanitario público para una empresa cuya directora financiera es su hermana y que además compra clínicas también gestionadas por un hermano? El nuestro.

Es imposible tratar en estas líneas y del tirón todos los temas que acucian a las comarcas de Alicante. Pero desde INFORMACIÓN, con el que hoy comienzo una colaboración, me comprometo a denunciar todas aquellas políticas que nos ahogan mientras nos gritan Viva Alicante. Dos años y medio de políticas de derecha nos demuestran que la provincia ni vive ni vivirá un renacimiento. Lo harán sus élites, pero no el resto. El resto sufriremos el coste de tener una élite extractiva, con gustos rancios, tics autoritarios y una pulsión constante por repartirse la provincia y nuestros derechos como si fueran patrimonio privado.

Alicante ha sido utilizada como eslogan.

Pero gobernar no es repetir el nombre de la provincia.

Gobernar es cuidar. Y hoy, Alicante está peor que el 23 de mayo de 2023.

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