Atentado en Alcoy

¿Podéis imaginar que mordéis una oreja al guardia civil que os pone una multa porque el rojo del semáforo os importunaba, o que al trabajador del centro de salud que os da la cita para quince días le soltáis dos directos a la mandíbula, o que al fiscal del caso le pegáis una patada en las partes bajas?… Pues es todo lo mismo: atentado a funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Artículo 550 del Código Penal vigente, que también, también, abarca a los profesores que están en un aula, al frente de una clase.

Lo explico por lo que ha pasado en Alcoy, que ha generado tremenda inquietud entre el colectivo profesional, porque las medidas para evitarlo o gestionarlo nunca suelen ser definitivas. Se abrirá una comisión, se estudiarán medidas que protejan al alumno y su entorno, o se le apartará de esa clase en concreto, pero no de las demás (lo digo por un caso que ha habido estos días por tierras alicantinas), por lo que el lunes estará en el instituto como si tal cosa.

Todo esto, sin considerar lo que se decida sobre los agresores. El delito es grave, penado con cárcel, de la que se cumple, no de la que te libras. Atentado a la autoridad constatado: el docente está en el hospital, salvajemente agredido y con una oreja de menos. Prisión incondicional en el castillo de If sería lo mínimo, ¿no?, pero decidirá su señoría, que, por cierto, está protegido por la misma norma.

De tantos años de hacer periodismo de tribunales se me pegó la cosa judicial y un día me dediqué a investigar qué pasaría en caso de agresión a un profesor (que podía ser yo mismo), porque no lo teníamos claro. Lo encontré rápido: artículo 550 del Código Penal, claro y contundente. Mis compañeros de institutos me miraban sorprendidos y se lo apuntaban, sobre todo porque la ley no distingue el tipo de contrato o la categoría, sino la función.

En consecuencia, imagino que el empresario jefe, o sea, la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana, ya habrá designado un equipo jurídico para ocuparse del caso, defender al docente y perseguir a los agresores, que según las últimas noticias estaban ayer tarde en la Comisaría de Alcoy, que lleva el caso por jurisdicción.

No sé qué instituto es ni me interesa, ni sé quién es el docente; no tiene importancia alguna. Es el que le tocó esa plaza por interinidad, titularidad o simplemente porque estaba de guardia con el grupo en cuestión, si el peso de la ley no cae con toda su contundencia encima de los agresores y se defiende al agredido incluso con exageración, persistirá el ambiente que había anoche en los corrillos -ahora telemáticos- de profesores: desencanto, desesperanza y desolación.

Suscríbete para seguir leyendo