La ingeniería del pelotazo en Alicante

IMED, Panoramis, el Puerto, Les Naus y ahora la Cámara de Comercio. Cuando los controles fallan demasiadas veces, deja de hablarse de episodios aislados y empieza a dibujarse un patrón. Y Alicante empieza a entrar peligrosamente en ese terreno.

Las ciudades no pierden credibilidad de golpe. La pierden cuando los escándalos se encadenan, cuando los mecanismos de supervisión no funcionan y cuando las instituciones no actúan con la firmeza que exige la ley. Entonces el problema deja de ser puntual y pasa a ser estructural.

Conviene recordar un dato político relevante: las principales instituciones implicadas en estos episodios —el Ayuntamiento de Alicante, la Diputación Provincial, la Autoridad Portuaria y la Generalitat Valenciana— están gobernadas hoy por el Partido Popular. Cuando hechos distintos aparecen en instituciones distintas bajo un mismo mando político, ya no basta con hablar de errores administrativos. Empieza a ser legítimo preguntarse si existe un problema de gestión y de control político.

El primer aviso llegó con el hospital de IMED. Una actuación de gran envergadura que avanzó durante meses sin una inspección efectiva que garantizara el cumplimiento de la normativa urbanística. Cuando una obra de esa dimensión puede desarrollarse sin un control claro por parte de la administración competente, la pregunta es inevitable: ¿dónde estaban los mecanismos de supervisión que debían velar por el cumplimiento de la ley?

Poco después estalló el conflicto urbanístico de las obras de la Cámara de Comercio en el edificio de Panoramis. Los informes técnicos municipales señalaban incumplimientos que exigían medidas correctoras. Sin embargo, el gobierno municipal decidió convertir lo que era un expediente técnico en un problema político.

La actuación del alcalde de Alicante, Luis Barcala, resulta difícil de explicar de otra manera. Primero aseguró que serían los técnicos municipales quienes resolverían el expediente. Después optó por trasladar el asunto a la Generalitat. Ese cambio no fue un simple matiz administrativo: fue una decisión política para evitar una resolución incómoda.

Ese movimiento tampoco puede entenderse sin el contexto. Durante esos hechos la Generalitat estaba presidida por Carlos Mazón, antiguo gerente de la Cámara de Comercio de Alicante, precisamente la institución beneficiaria de aquellas obras. Hoy el gobierno autonómico está en manos de Juan Francisco Pérez Llorca, que hereda este escenario y tiene ahora la responsabilidad de demostrar que los controles institucionales funcionan de verdad.

En ese mismo clima han surgido controversias en el ámbito del Puerto de Alicante. Más allá de cada expediente concreto, lo relevante es el debate que han abierto: hasta qué punto existe un control institucional real sobre decisiones estratégicas que afectan al futuro de la ciudad.

Después llegó el caso de las viviendas protegidas de Les Naus. Una promoción sobre suelo público destinada a garantizar el acceso a la vivienda que ha terminado con adjudicaciones a cargos del PP y familiares, rodeada de sospechas y finalmente en los tribunales. Cuando ocurre algo así, el daño no se limita a un procedimiento administrativo: también se resiente la confianza ciudadana en que las reglas se aplican por igual.

Y, como último capítulo por ahora, la detención del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño —también presidente de Facpyme—, investigado por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, malversación y fraude de subvenciones en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción que pone en entredicho la gestión de los fondos públicos aportados por la Diputación para la gestión del Bono Comercio. La presunción de inocencia es incuestionable y serán los tribunales quienes determinen responsabilidades. Pero el impacto institucional es evidente.

A primera vista, estos episodios pertenecen a ámbitos distintos: urbanismo, vivienda pública, actividad portuaria o ayudas institucionales. Sin embargo, cuando se observan en conjunto aparece un denominador común: la falta de controles.

En algunos casos la inspección llega tarde; en otros, simplemente no llega. A ello se suma el debilitamiento del papel de los técnicos y la tendencia a desplazar responsabilidades hacia otras administraciones en lugar de resolver los problemas donde corresponde.

En ese contexto, la Diputación de Alicante debería aplicar mecanismos de seguimiento y control a las ayudas concedidas. Conceder subvenciones con dinero público no puede significar cerrar el expediente y mirar hacia otro lado.

Cuando estos elementos se repiten aparece lo que podríamos llamar ingeniería del pelotazo. No es el viejo pelotazo urbanístico de otra época, sino algo más sofisticado: aprovechar grietas administrativas, debilidades normativas o la ausencia de control para convertir decisiones públicas en oportunidades privadas.

Cuando eso ocurre una vez puede ser un error. Cuando ocurre varias veces empieza a parecer un sistema.Y cuando un sistema así se instala en las instituciones, el problema deja de ser técnico o administrativo. Pasa a ser, inevitablemente, un problema político.

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