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Opinión | Tribuna

Paula Álvarez Tamés

Paula Álvarez Tamés

Secretaria del Consejo de Españoles Residentes en el Extranjero del Consulado de Nueva York

Una visión desde EE UU de la respuesta de España ante la crisis con Irán: cuando la prudencia no basta

Feijóo acusa a Sánchez de "aprovecharse de la guerra" y el presidente le pide que "rectifique" su actitud respecto al conflicto de Irán

Sara Fernández

Seguir la política exterior española desde Estados Unidos se parece, a veces, a un ejercicio de antropología política. La distancia no solo cambia el ángulo desde el que se observan los acontecimientos, también revela con más claridad las tensiones entre el discurso y la práctica. En Washington, cuando se analiza una crisis internacional, el debate raramente gira en torno a quién posee la superioridad moral. La conversación suele ir por otro camino. ¿Quién toma decisiones reales? ¿Quién está dispuesto a asumir riesgos? ¿Quién intenta atravesar la tormenta procurando no pagar demasiado coste político?

Desde esa perspectiva, la posición española ante la crisis con Irán resulta particularmente reveladora.

La escalada militar en Oriente Medio ha devuelto a la región al centro del tablero geopolítico. Ataques contra objetivos iraníes, respuestas de Teherán y una tensión creciente en torno al estrecho de Ormuz han reactivado una de las arterias más sensibles de la economía mundial. Por ese corredor marítimo circula aproximadamente el 20 % del petróleo que se comercia en el planeta. Cada amenaza de bloqueo, cada movimiento naval y cada intercambio de misiles repercute casi de inmediato en los mercados energéticos y en las decisiones de las capitales europeas.

La reacción del Gobierno español ha sido, en términos retóricos, impecable. Defensa del derecho internacional, rechazo a la escalada militar y apelaciones constantes a la diplomacia. España insiste en que no respaldará ninguna intervención que no esté amparada por el marco internacional.

Pero ahí aparece una paradoja difícil de ignorar. Mientras hoy se alzan declaraciones firmes contra la guerra, durante décadas apenas se escuchó una voz clara desde España frente a los abusos sistemáticos del régimen iraní. Las cifras están documentadas. Irán sigue siendo uno de los países con mayor número de ejecuciones per cápita del mundo, organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado durante años la represión contra disidentes, periodistas, minorías religiosas y, de forma especialmente visible en los últimos tiempos, contra mujeres que desafían las normas impuestas por el régimen. Sin embargo, ese historial raramente ocupó el centro del discurso diplomático español.

La consecuencia es una incoherencia que se vuelve visible cuando estalla una crisis. Condenar la guerra es legítimo y necesario. Pero hacerlo después de años de silencio frente a las violaciones sistemáticas de derechos humanos introduce una pregunta incómoda sobre la consistencia de esa posición.

A ello se suma otra realidad menos visible pero igualmente determinante. Mientras el discurso público se construye alrededor del rechazo a la guerra, la arquitectura estratégica continúa funcionando prácticamente sin cambios. España sigue integrada en la OTAN, mantiene acuerdos militares con Estados Unidos y alberga instalaciones clave para la proyección naval estadounidense en el Mediterráneo, como las bases de Rota y Morón. La estructura de seguridad occidental no se altera.

La política exterior española parece moverse así en dos planos distintos. Uno visible, construido con declaraciones políticas contundentes. Otro mucho más discreto, donde las alianzas continúan operando con normalidad.

Desde Washington esa dualidad no sorprende demasiado. En los círculos estratégicos nadie cree seriamente que España vaya a cuestionar su pertenencia a la OTAN ni su relación con Estados Unidos. Lo que se percibe es un ejercicio de equilibrio político. Un gobierno que intenta hablar a públicos distintos al mismo tiempo: ante el electorado, una voz firme contra la guerra; ante sus aliados, un socio fiable que no altera la arquitectura de seguridad existente.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el encuentro con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, este miércoles en La Moncloa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el encuentro con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, este miércoles en La Moncloa. / José Luis Roca / EPC

Ese equilibrio tiene una explicación interna evidente. España vive en un clima político fragmentado, donde cada posicionamiento internacional se interpreta también en clave doméstica. El recuerdo de la guerra de Irak sigue pesando. En 2003 millones de españoles salieron a la calle contra aquella intervención, y ese episodio dejó una marca profunda en la cultura política del país. Ningún gobierno ignora ese precedente.

Sin embargo, cuando se observa la situación desde fuera, empiezan a surgir preguntas más concretas. ¿Existe un plan de contingencia si la tensión en el Golfo Pérsico provoca un aumento significativo del precio del petróleo o del gas? ¿Qué mecanismos de coordinación energética se están activando dentro de la Unión Europea para afrontar ese escenario? ¿Se están revisando las reservas estratégicas o buscando rutas alternativas de suministro? ¿Está España impulsando alguna iniciativa diplomática concreta en Bruselas para influir en la gestión de la crisis?

Por ahora, esas respuestas apenas aparecen en el debate público.

Y ahí es donde empieza a tomar forma una impresión incómoda. El relato político está mucho mejor construido que la estrategia que debería sostenerlo.

La política internacional tiene una metáfora antigua para describir este tipo de situaciones: la del rey desnudo. El rey puede caminar rodeado de elogios y discursos solemnes, pero en algún momento alguien acaba señalando lo evidente. Un discurso sobre la paz puede ser impecable desde el punto de vista moral. Lo que resulta más difícil es demostrar que detrás de ese discurso existe una política capaz de influir en los acontecimientos.

España, en realidad, dispone de herramientas para desempeñar un papel más activo. Su posición geográfica, su presencia en el Mediterráneo y su peso dentro de la Unión Europea podrían permitirle actuar como puente diplomático o impulsar una respuesta europea más coherente. Pero ese papel no nace de las declaraciones, sino de las iniciativas concretas.

Mientras tanto, la paradoja persiste. Un país que condena la guerra con contundencia, pero que durante años apenas alzó la voz frente a los abusos del régimen iraní corre el riesgo de que su discurso parezca incompleto. Y un país que habla de diplomacia sin explicar qué instrumentos está dispuesto a utilizar deja inevitablemente espacio para la duda.

En un mundo cada vez más inestable, la prudencia ya no es suficiente. La credibilidad internacional no se construye solo con declaraciones bien formuladas, sino con estrategias claras, decisiones visibles y la voluntad de sostenerlas incluso cuando resultan incómodas.

Porque cuando la distancia permite observar con calma la escena, la pregunta que empieza a surgir no es si España tiene un discurso convincente. La pregunta es otra. ¿Existe realmente una estrategia detrás de ese discurso o, como en el viejo cuento, el rey camina convencido de que va vestido mientras todos los demás empiezan a ver lo contrario?

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