El precio de la luz: un mercado diseñado contra el consumidor

Cada vez que llega el recibo de la electricidad, millones de ciudadanos tienen la misma sensación: algo no cuadra. Y no es una intuición equivocada. El sistema de fijación del precio de la luz en España —y en buena parte de Europa— responde a un diseño que, bajo la apariencia de neutralidad técnica, genera efectos profundamente regresivos y socialmente difíciles de justificar.

El mecanismo es conocido como sistema marginalista. En el mercado mayorista, las distintas tecnologías de generación presentan ofertas para producir electricidad en cada hora del día. Estas ofertas se ordenan de menor a mayor coste hasta cubrir la demanda prevista. El precio final que se paga por toda la electricidad es el de la última tecnología necesaria para satisfacer esa demanda: la tecnología marginal.

La consecuencia es tan simple como inquietante. Centrales que producen electricidad a costes muy bajos —hidráulicas amortizadas, nucleares construidas hace décadas o parques renovables con costes variables cercanos a cero— pueden cobrar el mismo precio que fija una central de gas en momentos de tensión energética. Así, aunque el gas represente una parte limitada del mix eléctrico, puede determinar el precio de toda la electricidad.

Este sistema no es fruto del azar ni de una evolución natural del mercado. Tiene una fecha y un contexto político muy concretos. En España, la liberalización del mercado energético se impulsó en 1997 durante el gobierno de José María Aznar, en plena ola de desregulación económica y bajo fuertes presiones del lobby energético. Aquella reforma transformó un servicio estratégico en un mercado teóricamente competitivo, pero en la práctica dominado por un reducido número de grandes operadores.

Lo verdaderamente llamativo es que, desde entonces, ningún gobierno —ni conservador ni progresista— ha abordado una reforma estructural del modelo. Se han adoptado medidas coyunturales, excepciones temporales o ajustes fiscales, pero el núcleo del sistema permanece intacto.

 La explicación es sencilla: el mercado eléctrico no es solo una cuestión técnica, sino un espacio de poder donde confluyen intereses empresariales, reguladores europeos y estrategias geopolíticas.

Mientras tanto, el consumidor paga las consecuencias. La volatilidad de los precios se ha convertido en una constante. La factura energética se ha transformado en un factor de empobrecimiento silencioso para hogares y en una amenaza real para la competitividad de la industria. Sectores electrointensivos clave ven cómo sus costes se disparan, perdiendo terreno frente a economías donde la energía se considera un recurso estratégico y no únicamente una mercancía.

Pero hay otro aspecto todavía más inquietante: la estructura fiscal de la factura energética. En la electricidad y el gas se produce una situación difícil de defender desde el punto de vista de la justicia tributaria. Se aplica el IVA sobre importes que ya incluyen impuestos especiales, como el impuesto especial eléctrico o el impuesto sobre hidrocarburos. En la práctica, se grava con un impuesto una cantidad que ya ha sido previamente gravada.

Este mecanismo recuerda a los antiguos impuestos en cascada —como el IGTE— que la construcción europea trató de eliminar. La VI Directiva comunitaria, hoy integrada en la Directiva 2006/112/CE, estableció la prohibición de gravámenes acumulativos sobre el volumen de negocios con el objetivo de construir un sistema de IVA neutro y transparente. Sin embargo, la factura energética introduce un efecto acumulativo que, aunque formalmente compatible con la normativa vigente, resulta difícil de justificar desde el punto de vista social y económico.

Recientemente se ha reducido el tipo del impuesto especial eléctrico, pero no se ha eliminado. La carga fiscal sigue siendo significativa y, sobre todo, opaca. El ciudadano percibe —con razón— que paga impuestos sobre impuestos en un bien esencial para la vida moderna. Y esa percepción erosiona la confianza en las instituciones.

Frente a este modelo, surge una pregunta inevitable: ¿existen alternativas? Una de las propuestas más debatidas consiste en sustituir el sistema marginalista por un mecanismo de precio medio ponderado, en el que el coste de la electricidad refleje el promedio de las tecnologías que están produciendo en cada momento.

 Este enfoque reduciría la volatilidad y limitaría los beneficios extraordinarios, pero también plantearía desafíos en términos de inversión y seguridad de suministro. Por ello, la Unión Europea se está orientando hacia soluciones híbridas: contratos regulados a largo plazo para renovables, pagos por capacidad para garantizar respaldo energético, impuestos sobre beneficios extraordinarios y mecanismos de protección para consumidores vulnerables. En otras palabras, un mercado cada vez más intervenido.

La cuestión de fondo es política y civilizatoria. La electricidad no es un producto de lujo ni un bien prescindible. Es la base material de la vida contemporánea, desde el funcionamiento de hospitales hasta la digitalización de la economía. Tratarla como una mercancía más implica aceptar que su precio se determine por dinámicas que escapan al control democrático.

El debate sobre el precio de la luz es, en realidad, un debate sobre el modelo de sociedad. Entre un mercado energético dominado por intereses corporativos y una política energética orientada al interés general existe un amplio espacio de decisiones posibles. Lo que falta no es conocimiento técnico, sino voluntad política.

Mientras esa voluntad no se materialice, el sistema seguirá funcionando como hasta ahora: eficiente en términos teóricos, pero profundamente injusto en sus efectos reales.

Suscríbete para seguir leyendo