La universidad contra el genocidio y la guerra: derecho internacional, coherencia institucional y ética en los proyectos de investigación europeos

Teherán, 7 de abril de 2026.- Ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán / ATTA KENARE / AFP

En el contexto de la ocupación ilegal de territorios palestinos y la guerra igualmente ilegal contra Irán, debemos preguntarnos qué posición adoptan las universidades y, más concretamente, cómo actúan en la práctica. En lo que sigue queremos reflexionar sobre la colaboración de la Universidad de Alicante en proyectos de investigación europeos, los denominados Horizon Europa, en los que también participan universidades del estado de Israel que no se han pronunciado en contra de las violaciones continuadas del derecho internacional.

Las universidades públicas españolas no son actores políticos, pero sí son instituciones públicas. Eso significa que, además de su autonomía académica, forman parte del entramado institucional del estado y están sometidas al principio de legalidad y a los compromisos internacionales asumidos por España.

El 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia concluyó que la presencia israelí en los territorios palestinos ocupados es contraria al derecho internacional y recordó que todos los estados tienen la obligación de no reconocer como lícita esa situación, de no prestar ayuda o asistencia a su mantenimiento y de cooperar con todos los medios disponibles para ponerle fin. Aunque se trata de una opinión consultiva —y no de una sentencia vinculante entre partes—, su valor jurídico es el de interpretar normas internacionales ya vigentes, entre ellas principios fundamentales como la no agresión, la prohibición de la adquisición de territorio por la fuerza, la prohibición del apartheid, la prohibición del traslado forzoso de la población, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la prevención y sanción del genocidio.

España, como estado miembro de Naciones Unidas y parte en múltiples tratados de derechos humanos y derecho internacional humanitario, está vinculada por esas normas. Y las universidades públicas, en cuanto instituciones creadas por ley, financiadas con fondos públicos y sujetas al ordenamiento jurídico español, deben actuar de forma coherente con esas obligaciones.

Esto no significa que una universidad aplique directamente la opinión de la Corte como si fuera una ley interna. Significa algo más sencillo y más exigente: que debe asegurarse de que su actuación institucional no contradice los compromisos internacionales asumidos por el estado del que forma parte.

A este marco jurídico general se añade otro elemento especialmente relevante para el ámbito de la investigación: el programa europeo Horizon Europa. Las universidades que participan en proyectos financiados por la Unión Europea aceptan contractualmente que sus actividades respeten el derecho internacional, los derechos fundamentales y el derecho internacional humanitario. Ello requiere identificar riesgos éticos, realizar diligencia debida en colaboraciones internacionales y evitar contribuciones directas o indirectas a las vulneraciones del derecho.

En mayo de 2024, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) afirmó públicamente el compromiso de las universidades españolas con el derecho internacional, y se comprometió a que las universidades españolas no colaboraran con universidades e instituciones del estado de Israel que no se pronunciaran a favor la paz, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos en Palestina. Aquella declaración no fue un gesto simbólico aislado, sino una toma de posición institucional colectiva. Su credibilidad depende de que exista coherencia entre lo que se afirma y lo que se hace. Si no se realiza ninguna revisión ni evaluación de las relaciones institucionales y las colaboraciones de investigación a la luz del derecho internacional y los compromisos asumidos se genera una tensión evidente entre la declaración pública y la práctica efectiva.

En el caso de la Universidad de Alicante también existen compromisos explícitos. Sus códigos y reglamentos éticos establecen que toda actividad realizada en la universidad debe cumplir, como mínimo, con los requisitos y estándares legales, reglamentarios, profesionales y éticos establecidos por las autoridades competentes, y promover, entre otros, los derechos humanos y los valores de justicia y solidaridad. El Estatuto de la Universidad aprobado en 2025 tiene como referentes los derechos humanos y fundamentales y el derecho internacional humanitario, entre otros. Estos no son textos meramente ornamentales; forman parte del marco normativo interno que guía la actuación institucional.

Desde esta perspectiva, la cuestión que planteamos no significa adoptar una posición política, sino garantizar la coherencia institucional. Coherencia entre:

las obligaciones internacionales interpretadas por la Corte Internacional de Justicia,
los compromisos del estado español,
las exigencias declaradas en el programa Horizon Europa,
la declaración de la CRUE
y las propias normas éticas de la Universidad de Alicante.

El objetivo es poder afirmar, con claridad, que la universidad no incurre en reconocimiento implícito ni en asistencia a situaciones contrarias al derecho internacional, y que hace todo lo que está en su mano para ponerles fin, cumpliendo plenamente los estándares jurídicos y éticos en los niveles antes mencionados.

Las universidades son espacios de pensamiento crítico, pero también de responsabilidad pública. Mantener la confianza social en la investigación exige demostrar que nuestros compromisos con los derechos humanos y el derecho internacional no son solo retóricos, sino operativos, también en nuestras colaboraciones dentro del programa europeo Horizon.