25 d’Abril: la «desfeta» continúa

Hay procesos que no estallan de manera abrupta. Son como la carcoma. Como la gota malaya que va acostumbrando al oído sin alarmarlo como debiera. Lentamente. Sin alertar con estruendos. La Comunitat Valenciana vive hoy uno de esos procesos: una pérdida progresiva del sentido de la institucionalidad que daña directamente a la calidad de su autogobierno y a la normalidad democrática. Y ya asoma la punta de una estalactita: la pérdida de la institucionalidad.

Se han acumulado señales muy preocupantes. Algunas pueden parecer menores de forma aislada, pero juntas dibujan un patrón inquietante. El próximo sábado es 25 d’Abril, memoria de la desfeta de Almansa en 1707 y de la pérdida de los Furs, de las Corts, de nuestro autogobierno y del carácter oficial del valenciano y su cultura.

Es cierto: somos un pueblo abonado a conmemorar derrotas. Pero el 25 d’Abril no es una efeméride nostálgica para cantar emocionados Al Tall y luego echarse a llorar. Es un recordatorio, un acicate, de lo que somos como pueblo y de lo que costó recuperar nuestras instituciones, ya con un carácter democrático, en la Transición. Nuestras instituciones no vinieron solas. Las conseguimos porque las reclamamos. Porque las luchamos allá donde tocaba: en la calle y en los parlamentos.

Será 25 d’Abril, pero ni las Corts ni la Generalitat quieren conmemorar una de las referencias que nos conectan con el espíritu que permitió recobrar el autogobierno. Tampoco el 9 d’Octubre último se celebró. Por amenaza de lluvias, se dijo. Ya... Primero se postergó. Finalmente, se optó por olvidar su celebración: la unión de un pueblo –de todo un pueblo– en su gran día. Previamente, los actuales gobernantes decidieron dejar de conmemorar el Día de la Constitución en Alicante.

La ausencia de estos actos institucionales y de la tradicional entrega de distinciones está proyectando una imagen de desdibujamiento simbólico y de relativismo institucional. También ha pasado inadvertido el vigésimo aniversario de la reforma de l’Estatut d’Autonomia este mes de abril. ¿Por qué no ha habido ningún mínimo recordatorio? ¿Por qué razones –internas y externas, que huelen a sectarismo– no se ha querido reconocer aquel pacto revestido de responsabilidad?

A esta pérdida de referencias se han sumado decisiones que afectan directamente a instituciones nacidas del acuerdo. La Acadèmia Valenciana de la Llengua ha sido objeto de unos drásticos recortes presupuestarios destinados a un fin repugnante: asfixiarla, inutilizarla por la vía de los hechos. No solo eso: se ha cuestionado su autoridad normativa. Los políticos legislando sobre acentos y pronoms febles parecen esos hinchas de barra de bar imaginando alineaciones y sistemas de juego.

Algo similar ocurre con el Síndic de Greuges, una figura clave para la defensa de los derechos de la ciudadanía ante las Administraciones. Las críticas de su responsable, alertando de una falta de colaboración institucional, y su invisibilización rompiendo toda costumbre institucional, debería ser motivo de reflexión apartidista. El arrinconamiento de este órgano no es una anécdota. Ya lo apuntaba el editorial de este periódico con la gravedad que el hecho merece: obviar al Síndic reduce los contrapesos democráticos y apaga la voz de quienes necesitan una mayor protección frente al poder.

Especialmente simbólico resulta también el cambio del color institucional de la Generalitat. Del rojo de las barras de Jaume I al azul PP. En absoluto es un detalle superficial. Los símbolos compartidos, pactados en tiempos del president Lerma con generosas renuncias, han sido mantenidos a lo largo del tiempo por gobiernos de distinto signo político y forman parte de nuestro patrimonio común. Alterarlos unilateralmente, con argumentos tan pueriles como los esgrimidos, constituyen un elemento de ruptura y de apropiación indebida. ¿Imagina alguien que la Comunidad de Madrid cambiara su bandera roja estrellada? ¿Se le ocurre a alguien que el presidente de la Junta de Andalucía hubiera cambiado la letra del himno de Andalucía?

En paralelo, y con la misma mirada, se condena al ostracismo a referentes culturales indiscutibles. La retirada de respaldo de la Generalitat al proyecto del centro dedicado a Raimon en Xàtiva, la situación crítica en la que ha dejado a la Fundación Max Aub en Segorbe, la supresión de la ayuda a iniciativas consolidadas como «La senda del poeta» Miguel Hernández, o el veto a conmemorar el centenario de Vicent Andrés Estellés, nuestro mayor poeta en cinco siglos, no son hechos aislados. Es una agenda clara. No hay espacios compartidos. Se ha declarado la guerra al respeto.

¿Es esto una batalla cultural? Parece algo más profundo. No se trata de confrontación ideológica en el ámbito de las ideas, sino de una pérdida de la institucionalidad que sostiene la convivencia. Cuando las instituciones se utilizan como herramientas de parte, cuando se cuestionan consensos básicos o se debilitan organismos independientes, lo que emerge es el sectarismo. No solo está pasando aquí. Este fenómeno recorre Europa y el mundo. Lo simple es atribuir esa carcoma a la extrema derecha. Pero el verdadero drama es cuando la derecha abdica de su responsabilidad en la defensa de la democracia liberal. De la institucionalidad.

En Europa hemos visto que sí que existe una derecha comprometida con el europeísmo y la democracia. Lo vimos en Polonia. Lo vimos e Portugal. Esta semana lo hemos visto en Hungría. Basta leer el periódico conservador Le Figaro y sus posicionamientos. O ver al presidente Macron organizar una despedida solemne en Les Invalides al primer ministro socialista Lionel Jospin. Símbolos, ritos de afección institucional.

Frenar a la barbarie es responsabilidad de todos los demócratas. Por cierto: poco se logra desde la radicalidad. El único radicalismo útil es el democrático. Y me viene estos días a la mente un breve ensayo que leí hace poco. Se titula Un detalle siniestro en el uso de la palabra fascismo, de Santiago Gerchunoff, donde se analiza el trasfondo emocional de este fenómeno. El uso y abuso de esa palabra y las consecuencias perniciosas que tiene llamar fascismo a todo.

Es preocupante lo que en España, y en la Comunitat Valenciana, hacen los amigos de Orban; pero es muy inquietante lo que hacen los amigos de los amigos de Orban. Es dramático cuando la derecha abdica de su responsabilidad en la defensa de la democracia liberal. Cuando renuncia a defender la institucionalidad, que no es de nadie y es de todos, que no es de ningún partido, sino que pertenece a los ciudadanos de ayer, de hoy y de mañana. Al resquebrajar la institucionalidad, aquello que se debilita no es un gobierno concreto, sino la democracia. La propia sociedad y su convivencia.

Aquí hay un extremismo al que se está dejando campar a su aire. Que dinamita los grandes acuerdos. Que alienta la erosión de los espacios comunes. Que veta, excluye y estigmatiza. ¿Cómo se puede consentir todo eso a la minoritaria extrema derecha? ¿Cómo se puede asumir una abdicación que envenena nuestra convivencia? En ocasiones es terrible dejarse llevar. Hacerse el muerto. Dejar que el corcó siga royendo. Ser cómplice –una vez más– de la desfeta.

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