¿Queda claro que el periodismo local garantiza la democracia?

El Gobierno aprobó este martes con su habitual autobombo el nuevo Plan Estatal de la Vivienda que incluye una batería de medidas y de inversiones para paliar el principal problema de los españoles. Hay elemento de refundación del sector que remueven algunos intereses creados y que intentan aproximar España a los parámetros europeos cosa que es de agradecer. Pero como todo lo que sale de la Moncloa lleva una ojiva ideológica que trata de incidir en el marco mental de la polarización. En este caso el asunto es la prohibición de que la vivienda de promoción pública pase con los años a dominio privado. Es una de las banderas que han enarbolado los sindicatos de alquiler al convertir un reparto social de las plusvalías en una suerte de especulación a gran escala. El PP, en este caso sin la necesidad de los fórceps de Vox, se opone frontalmente. Y el Gobierno supedita en el Plan el acceso a los fondos que pone e disposición de las Comunidades Autónomas para promociones públicas de vivienda a implementar este requisito. Bien por ocuparse de la vivienda, mal por buscar antes la polarización que el acuerdo que garantice la puesta en marcha de las medidas aprobadas.

En este contexto, el Gobierno ha incluido en el paquete legislativo un paquete de medidas para evitar el fraude en la adjudicación de viviendas de promoción pública a raíz de los casos destapados en Alicante por el diario INFORMACIÓN, de Prensa Ibérica, en Les Naus que beneficiaron a familiares de algunos ediles locales. De hecho, el ministerio considera que la imposibilidad de perder la condición de vivienda protegida ya elimina una parte de los incentivos al fraude pero ha incorporado protecciones adicionales. La labor de un diario local, atento a lo que acontece sobre el terreno, protegiendo la democracia hasta la mesa del Consejo de Ministros. Ese es el trasunto.

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