Benidorm congelada para las próximas décadas

En nuestro imaginario como orgullosos habitantes de Benidorm recordamos a nuestros ancestros como visionarios que supieron anticipar el futuro. En el libro The good Ancestor, aparece la idea del buen antepasado que muestra las virtudes de pensar a largo plazo frente a las mentalidades cortoplacistas. El actual gobierno del PP abandona toda mirada estimulante, motivadora y abierta al futuro. El alcalde rompe lo mejor de nuestro pasado desdibujando todo horizonte de futuro. Al limitarse al patadón hacia adelante sin mayor estrategia de juego, introducen una bomba en diferido que pesará como una losa sobre las futuras generaciones.

Para entender qué ha pasado, en 2003 el Ayuntamiento —gobernado por el PP— firmó un convenio urbanístico con los propietarios de los terrenos del Parque Natural de Serra Gelada. Esos compromisos nunca se cumplieron. El alcalde cambió su criterio sobre los convenios y, con ello, hipotecó su credibilidad y el dinero del pueblo. Han pasado los años y los propietarios acudieron a los tribunales, y la justicia les dio la razón: la condena ascendió a 283 millones, la mayor impuesta a un ayuntamiento en España.

En un desesperado sprint de negociaciones, el gobierno del PP firma una deuda en nombre de los vecinos sin comunicar: que, durante las próximas décadas, cada euro destinado a pagar esta hipoteca será un euro que no irá a ninguna otra cosa. Porque no invertir, también es recortar. El alcalde Toni Pérez lo sabe. Sin embargo, ha salido a presumir de gestión.

Los números dan escalofríos. La condena son 283 millones. Con los intereses acumulados, llega a 350 millones. Y con el aplazamiento pactado —carencia hasta 2031, seguida de décadas de pagos mínimos del 8% de los ingresos corrientes— el coste final es incalculable. Se ha hecho un gran esfuerzo en diferir el problema, pero poco en resolverlo. Y aplazar siempre es encarecer. Hay otro elemento de este "acuerdo": el pago en terrenos. Existe el compromiso de entregar suelo urbanístico por valor de 67,4 millones antes de 2031, pero sin saber cuál.

El alcalde solo ha declarado que no subiría los impuestos. Ya lo hizo, hubo tasazo de basura de un 72% o el IBI de un 23%. Lo que no ha contado es que no invertir significa congelar Benidorm en el tiempo. Los benidormenses pagaremos esta deuda no solo con dinero, sino con todo lo que no se construirá, los espacios que no se mejorarán y los servicios que no llegarán. Los niños y niñas seguirán esperando mejoras en instalaciones deportivas. Los convenios con asociaciones sociales, culturales y festivas dependerán de la suerte de cada año. Y la ciudad más visitada del Mediterráneo español no tendrá los policías locales que necesita. No invertir en todo eso tiene un nombre: recortar. Aunque el alcalde no lo llame así.

Con valentía política y criterio técnico hay salidas. Lo primero, exigir al President Pérez Llorca que cumpla la ayuda prometida. La única ayuda que ha llegado es del Gobierno de España con 55 millones. Lo segundo, desbloquear el desarrollo urbanístico paralizado desde hace años: llevamos demasiado tiempo congelados. Sumen que Benidorm lleva sin aprobar presupuestos desde 2024 cuando el PP tiene mayoría absoluta, paralizan la ciudad justo cuando más necesita planificar. Y, por último, encontrar el equilibrio entre turistas y residentes, garantizando acceso a vivienda para quienes sostienen este destino con su trabajo.

Esta película no parece que vaya a tener un final feliz para los benidormenses, porque seremos los que pagaremos. Cuesta creer que el alcalde de un Destino Turístico Inteligente no usara datos para anticiparse, ni siquiera valorara el diálogo para no dejar a su ciudad sin futuro. Toni Pérez no ha salvado nada. Al final paga con dinero y terrenos, lo que ya se pactó en aquel primer convenio de 2003. Tantos años mirando hacia otro lado para llegar exactamente al mismo sitio, cuesta de creer. Solo que ahora nos costará muchísimo más. Y lo pagaremos quienes nunca decidimos nada.

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