La trampa de la “prioridad nacional”

Existen conceptos que no nacen para describir la realidad, sino para transformarla. "Prioridad nacional" es uno de ellos. Bajo su apariencia técnica, casi administrativa, se introduce un criterio que va mucho más allá de ordenar el acceso a recursos. Redefine quién pertenece plenamente y quién lo hace de manera condicionada. Los pactos entre PP y Vox han situado este término en el centro del debate público, pero su alcance real apenas empieza a vislumbrarse.

Porque la denominada prioridad nacional no es una cuestión de organización, sino de selección. Supone establecer criterios que permiten decidir qué personas pueden acceder a servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación o la justicia y cuáles no, incluso cuando están regularizadas, trabajan y contribuyen con sus impuestos. Es decir, introduce una distinción entre ciudadanos de primera y de segunda dentro de un mismo marco legal. Y eso rompe con uno de los pilares básicos de cualquier sistema democrático, la igualdad en el acceso a los derechos.

Se intenta matizar este planteamiento con el término "arraigo", como si esa palabra pudiera suavizar su impacto. Pero lejos de corregir la desigualdad, lo que hace es sofisticarla. Porque el arraigo no es un criterio objetivo, ni universal, ni exento de interpretación. ¿Quién decide qué es suficiente arraigo? ¿Con qué parámetros? ¿Durante cuánto tiempo? En la práctica, se convierte en una herramienta discrecional que legitima la exclusión bajo una apariencia de razonabilidad. Y ese es, precisamente, el problema, cuando la desigualdad se institucionaliza y se presenta como algo lógico, deja de percibirse como injusticia.

Las consecuencias de este tipo de planteamientos no se limitan a su aplicación directa. Van mucho más allá. Se filtran en el discurso público, se normalizan, se incorporan al imaginario colectivo. Y con ello alimentan procesos de estigmatización, de desconfianza y de rechazo hacia quienes quedan fuera de esa supuesta prioridad. No estamos ante una medida neutra, sino ante la construcción de un relato que legitima la exclusión. Es, en esencia, una forma de xenofobia revestida de patriotismo.

Pero con ser grave, lo más preocupante no es solo el contenido de la medida, sino el precedente que establece. Porque si aceptamos que es legítimo priorizar derechos en función del origen, ¿qué impide que mañana se haga en función de otros criterios? La lógica que se introduce es expansiva. Hoy es la prioridad nacional; mañana podría ser la prioridad económica, la ideológica, la religiosa, la sexual, o cualquier otra categoría que permita segmentar a la ciudadanía. No es una hipótesis exagerada. De hecho, de manera más sutil, ya se perciben indicios en determinadas iniciativas que emergen en distintos ámbitos institucionales.

Como si se tratara de ensayos, se van introduciendo medidas que erosionan progresivamente derechos y libertades. Iniciativas que, bajo diferentes formatos, van calando de forma silenciosa pero constante en la manera de entender la convivencia. Se sustituye la diversidad por la homogeneización, el pensamiento crítico por el pensamiento único, la igualdad por una desigualdad justificada. Se construye, poco a poco, la idea de que hay formas legítimas de ser ciudadano y otras que deben ser cuestionadas o corregidas.

Este proceso responde a una estrategia que busca modelar la sociedad desde parámetros ideológicos concretos. No se trata solo de gestionar recursos o de resolver problemas coyunturales, sino de redefinir los límites de lo aceptable. De establecer quién encaja en el modelo y quién queda fuera. Y, en última instancia, de legitimar esa exclusión como algo necesario para el funcionamiento del sistema.

Que nadie se confunda. No estamos ante un debate técnico, sino ante una cuestión profundamente política y ética. Lo que está en juego no es solo el acceso a determinados servicios, sino el modelo de sociedad que queremos construir. Una sociedad basada en la igualdad de derechos o una en la que estos se condicionan en función de criterios cambiantes y discrecionales.

Y aquí es donde aparece la responsabilidad colectiva. Porque estos procesos no avanzan únicamente por la acción de quienes los impulsan, sino también por la pasividad o la aceptación de quienes los observan. La normalización de determinadas ideas no ocurre de un día para otro. Se construye poco a poco, a través de discursos que se repiten, de medidas que se toleran, de silencios que se consolidan.

Por eso, frente a esta deriva, no basta con la crítica puntual. Es necesario reivindicar con claridad otros principios. La prioridad del sentido común, del respeto, de la igualdad. La idea de que los derechos no se conceden en función de la conveniencia, sino que se garantizan por el hecho de formar parte de una sociedad. La convicción de que la diversidad no es una amenaza, sino una riqueza que fortalece la convivencia.

Esa es, la mejor respuesta frente a la inoculación ideológica que se está llevando a cabo a través de pactos legales, pero ética y socialmente ilegítimos.

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