Les Naus, paradigma de las VPP (Viviendas Para Privilegiados)

Son tiempos difíciles en Alicante. Los alquileres han alcanzado tal altura que algunos inquilinos empiezan a sospechar que los caseros cobran también por las vistas a la desesperación. En la ciudad hay, según dicen papeles oficiales, unas 5.400 familias esperando vivienda pública. Esperan con esa paciencia alicantina que no se sabe si nace de la templanza mediterránea o de la certeza de que, cuando la Administración promete algo, conviene sentarse. O tumbarse. O hacer testamento.

Por eso el Ayuntamiento, tras veinte años de meditación inmobiliaria, decidió obrar el milagro promoviendo vivienda protegida. No en cualquier parte, claro. Para aliviar la emergencia habitacional se eligió un solar municipal en la Playa de San Juan, porque no hay nada que consuele mejor a los vulnerables que la brisa marina, el garaje, el trastero, la piscina y dos pistas de pádel. Alguien debió pensar que la pobreza necesita raqueta.

La promoción se llamó Les Naus, nombre de resonancias náuticas, como si aquellas 140 viviendas fueran embarcaciones destinadas a salvar náufragos del mercado libre. Y, en cierto modo, lo fueron. Solo que algunos náufragos parecían llegar al puerto con nómina pública, apellido conocido, familiar en ventanilla o brújula política de precisión.

El suelo, que era público, se vendió por 6,6 millones de euros. Las viviendas salieron por entre 200.000 y 230.000 euros, cantidad que no suena precisamente a beneficencia, salvo cuando se compara con el precio de mercado de la zona, donde el metro cuadrado eleva el precio al doble. Aquello no era un regalo, no exageremos. Era apenas una oportunidad. Una de esas oportunidades que se anuncian en susurros y en la intimidad.

Para mayor comodidad de los futuros necesitados, llegó en diciembre de 2024 una reforma normativa de gran sensibilidad social. Desde la Generalitat presidida por Mazón se elevaron los límites de renta, se aligeraron requisitos y se eliminaron controles previos. Una delicadeza administrativa.

Y entonces ocurrió lo que siempre ocurre cuando se enciende de repente la luz en una habitación llena de manos que ha sufrido un inesperado apagón: aparecen muchos dedos en la tarta.

Una investigación periodística publicada por Información empezó a tirar del hilo y el hilo condujo a una urbanización. Entre los adjudicatarios aparecieron cargos, familiares, técnicos, entornos de responsabilidad municipal, hijos de personas influyentes y jóvenes de admirable precocidad inmobiliaria. A edades en que otros apenas pueden independizarse de la cuenta de Netflix familiar, algunos ya parecían dominar los secretos de la vivienda protegida junto al mar.

Se dijo que todo era legal. La frase merece respeto, pues en España suele pronunciarse con el mismo tono con que un prestidigitador enseña la manga vacía mientras la paloma se ahoga en el bolsillo. También se habló de coincidencias. Muchas coincidencias. Entre los nombres señalados figuraban una concejala de Urbanismo y una alta responsable municipal de Contratación. Ambas dimitieron. El gesto fue recibido como prueba de responsabilidad, aunque también podía interpretarse como esa prudente costumbre de abandonar el comedor cuando empieza a oler a humo y uno recuerda que había dejado algo encendido en la cocina.

El alcalde calificó el asunto de escándalo indignante y lo remitió a Fiscalía. Conviene detenerse en la belleza escénica del momento: la institución que había contemplado nacer, crecer y madurar el mecanismo se declaraba, de pronto, horrorizada ante la criatura. El alcalde Barcala parodió al capitán Renault en el Café de Rick cuando gritó: «¡Qué escándalo, qué escándalo! He descubierto que aquí se juega».

Y la comisión llegó, naturalmente. En Alicante, como en toda ciudad civilizada, cuando la realidad amenaza con ser demasiado clara, se crea una comisión para envolverla en la niebla. Se anunció transparencia, pero de cristal esmerilado: aunque entra la luz, no se ve nada. Algunos comparecientes pueden ir si quieren. Otros no están obligados. Los más interesantes parecen tener una agenda incompatible con la curiosidad pública.

Mientras tanto, los juzgados han empezado a hacer preguntas. Se habla de prevaricación, tráfico de influencias, fraude, información privilegiada y negociaciones prohibidas. Un vocabulario áspero, poco compatible con la piscina comunitaria, pero muy adecuado para ciertos folios con sello.

Lo más instructivo del caso no es que exista una promoción de vivienda protegida en una zona privilegiada. Tampoco que tenga pádel, aunque ese detalle merecería una tesis doctoral sobre la evolución estética del auxilio social. Lo verdaderamente admirable es la precisión con que el sistema parece distinguir entre ciudadanos necesitados y ciudadanos oportunamente situados.

Porque Les Naus no es solo una promoción. Es una parábola con ascensor. El suelo era público, la finalidad era social y la etiqueta decía «protegida». Pero, una vez más, los verdaderamente protegidos resultaron ser quienes ya conocían el idioma secreto de la protección: el contacto, el aviso, el apellido, la confianza, la llamada a tiempo.

Las 5.400 familias siguen esperando. Sin piscina, sin garaje, sin trastero y sin pádel.

Quizá ahí está su error: creen que para acceder a vivienda protegida basta con necesitar vivienda.

En Alicante, como se ve, la necesidad ayuda. Pero protege mucho más conocer al socorrista.

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